El Gobierno presentará este lunes la primera política pública del sistema de rehabilitación social, con enfoque en Derechos Humanos.
El Gobierno cuenta con un presupuesto de USD 27 millones para ejecutar su plan de rehabilitación social, según explicó Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos.
Este 21 de febrero de 2022, el presidente Guillermo Lasso lanzará la primera política pública del sistema de rehabilitación social con enfoque en Derechos Humanos.
Ordóñez explicó en entrevista con Teleamazonas que este plan tiene 12 ejes de acción, asociados a salud, trabajo, educación, cultura, social y arraigo, institucional, alianzas con organizaciones internacionales y de derechos humanos, y el fortalecimiento del SNAI.
Este lunes, el SNAI también presentará su estrategia para reducir el hacinamiento.
"Vamos a empezar con el eje de salud. El 2,6% de los privados de la libertad, estamos hablando de un universo que supera los 30.000, tiene enfermedades como tuberculosis", dijo.
Para ello, se destinarán USD 12 millones de los USD 27 millones del presupuesto.
El otro eje, educación, también es prioridad en este plan. "Uno de los datos arrojados en las 2.600 entrevistas con los privados de la libertad es que nunca tuvieron una experiencia de trabajo previo", señaló Ordóñez.
El seguimiento de la ejecución del plan de rehabilitación social será semanal y su corte se realizará cada tres meses. El objetivo, agregó, es que en septiembre de cada año se cuente con presupuesto.
Otros ejes del plan
La secretaria de Derechos Humanos indicó que en las próximas semanas se realizará el censo penitenciario, luego del piloto efectuado en diciembre de 2021.
Al momento, se ajustan los aspectos técnicos. Para su realización, se contó con asesoría de México y cooperación del BID, para garantizar su presupuesto.
"Hay privados de libertad que no tiene cédulas o nombres incorrectos, y esto dificultó la identificación de los cuerpos en las masacres carcelarias de 2021", explicó.
Entidades como el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía participaron en el eje de justicia.
Según Ordóñez, la Corte ya ha emitido tres resoluciones con fuerza de ley, para destrabar ciertos nudos a la interpretación al Código Orgánico Integral Penal.
En noviembre de 2021, la Judicatura presentó un plan para mejoramiento de los jueces y de las unidades de garantías penitenciarias.
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