Luego de 131 días y dos masacres, la administración de Guillermo Lasso finalmente nombró a su delegado ante el organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Se trata de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.
*Nota actualizada el 2 de octubre con el nombramiento de Bernarda Ordóñez, vía decreto Ejecutivo.
En agosto de 2020, cuando la crisis carcelaria amenazaba con alcanzar los niveles dramáticos de la actualidad, la Corte Constitucional (CC) solicitó al gobierno de Lenín Moreno un plan de acción para mejorar el sistema penitenciario.
Cuatro meses después, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) presentó este plan que representaba una inversión de USD 206 millones.
Pero, la CC catalogó a ese documento como “otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales“. Lo calificó así porque el plan no podía ser considerado como política pública, ya que no venía del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Según el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el ente gobernante de la Rehabilitación Social en el país es el directorio de este Organismo Técnico, el cual es el encargado de la definición de las políticas públicas.
Este Directorio es presidido por el delegado del Presidente de la República. En ese momento, la delegada era Johanna Pesántez, quien se desempeñaba como secretaria Jurídica de la Presidencia en la administración de Moreno.
Luego Moreno resolvió asignar la responsabilidad de este organismo técnico al ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Bajo su mando y antes de terminar su gestión, el Régimen de Moreno aprobó un nuevo plan con una inversión de USD 18 millones.
Designación de Ordóñez
El 24 de mayo de 2021, Guillermo Lasso asumió el poder y nombró a su Gabinete Ministerial. Pese a la crisis carcelaria que heredaba de Moreno no hizo cambios en el SNAI, y mantuvo a Edmundo Moncayo, aunque no nombró a su delegado en el Organismo Técnico del sistema de rehabilitación.
Luego el 22 de julio ocurrieron los incidentes en la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel de Latacunga, con un saldo de 27 fallecidos. En ese momento, Lasso cesó a Moncayo y, en su lugar nombró a Fausto Cobo.
Dos semanas después, el 4 de septiembre, en una entrevista en Esmeraldas el Primer Mandatario informó que había nombrado a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, como su delegada y presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
Pero el decreto para oficializar a Ordóñez en el cargo no había llegado hasta este 1 de octubre, cuando el Ejecutivo emitió el documento.
Según el artículo 1 del decreto 215, se designa a Ordóñez para que esté al frente del órgano técnico del sistema carcelario en el país.
Además, en la disposición general única del decreto se indica que este organismo “deberá emitir la normativa y las políticas públicas para el fortalecimiento del sistema de rehabilitación social”.
Por otra parte, el mismo día de la masacre en la Penitenciaría del Litoral, Bolívar Garzón se estrenaba como director del SNAI. Mientras que Cobo había renunciado para aceptar un nombramiento en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Antes de este nombramiento, Cobo había anunciado un nuevo plan para las cárceles con una inversión de USD 75 millones en cuatro años. Pero al ser presentado por el SNAI tampoco tiene carácter de política pública.
Nuevos plazos
Tras la reciente masacre del 28 de septiembre, la Corte Constitucional revisó nuevamente las medidas ordenadas para mejorar el sistema carcelario. Estas medidas se tomaron desde mayo de 2019, cuando comenzó la crisis, pero no se han cumplido.
El organismo instó al presidente Lasso a nombrar, en cinco días, a su delegado al Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. También se dispuso que convoque de inmediato a la reunión de este órgano, y que informe mensualmente sobre las reuniones mantenidas, sus asistentes, los acuerdos logrados y los avances de implementación.
Además del delegado de Lasso, este Organismo lo integran las autoridades o los delegados de las siguientes instituciones:
- Secretaría de Derechos Humanos
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Ministerio de Cultura
- Ministerio del Deporte
- Defensoría del Pueblo
El primer trabajo del Organismo será adecuar la Política Pública Nacional de Rehabilitación Social, que aprobó el gobierno de Moreno y requiere un presupuesto de USD 18 millones al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.
En temas carcelarios, este plan incluye tres metas específicas:
- Reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los Centros de Privación de Libertad de 130 a 88.
- Reducir el porcentaje de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad del 29,8% al 20,4%.
- Disminuir la tasa de Personas Privadas de Libertad (PPL) custodiadas por cada Servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (SCSVP) en los Centros de Privación de 26 PPL a 10 PPL custodiadas por cada SCSVP.
- Reducir el número de situaciones de crisis en los Centros de Privación de Libertad de 118 a 79.
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