Con el actual estado de excepción, las cárceles estarán ocho meses de emergencia en un lapso de dos años y medio. Sin embargo, nada se ha solucionado.
Los Choneros, Los Cubanos, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Mexicanos, Los Águilas. Son algunos de los nombres de las bandas criminales que habitan las cárceles ecuatorianas y las mantienen al filo de la violencia desde hace dos años y cuatro meses.
El 16 de mayo de 20219, el expresidente Lenín Moreno firmó la primera declaratoria de estado de excepción en las cárceles ecuatorianas. En esa ocasión, una batalla entre Los Choneros y Los Cubanos dejó, al menos, 19 nueve presos asesinados.
La declaratoria fue, inicialmente, para 60 días y luego se alargó por un mes más. Estuvo vigente hasta el 16 de agosto de 2019.
Un año después, el 11 de agosto de 2020, la violencia volvió a azotar a las cárceles y Moreno volvió a declarar un estado de excepción.
En la semana previa a la declaratoria, hubo 13 asesinatos en la Penitenciaría del Litoral. En esa ocasión, los enfrentamientos respondieron a una guerra entre Los Choneros y Lagartos, que ha tenido sus idas y vueltas desde 2008.
Una vez más el estado de excepción duro 90 días, hasta el 11 de noviembre de 2020. En ese momento, la Corte Constitucional (CC) llamó la atención al Gobierno y lo instó a definir una política pública carcelaria efectiva, en lugar de declarar estados de emergencia consecutivos.
Ese llamado público frenó al Gobierno. Y los incidentes del 23 de febrero y el 22 de julio de 2021, que dejaron 70 y 27 muertos, respectivamente, no se tradujeron en estados de excepción.
Sin embargo, el 28 de septiembre de 2021, la Penitenciaría del Litoral fue el escenario de la peor masacre carcelaria de la historia ecuatoriana y la quinta de Latinoamérica: al menos 118 presos fueron asesinados.
Y el presidente Guillermo Lasso siguió el ejemplo de su predecesor. Al día siguiente, declaró el estado de excepción por 60 días en todas las cárceles del país.
Esa medida estará vigente hasta el 29 de noviembre de 2021. Ese día se cumplirán dos años y seis meses desde que se declaró la primera emergencia.
Contando esos periodos, el sistema carcelario cumplirá ocho meses en estado de excepción sin que eso haya significado una solución a la crisis de violencia y muertes.
La fórmula de siempre
Aunque firmadas en momentos diferentes, y en el caso de la última por un presidente distinto, las tres declaratorias de estado de excepción son prácticamente iguales. Solo tienen cambios de forma.
En las tres declaratorias, Moreno y Lasso ordenaron la movilización de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional a las 53 cárceles del país.
La labor de los uniformados es colaborar con el cuerpo de guías penitenciarios, que es insuficiente para el control de la seguridad.
Durante los estados de excepción, a los militares se les encarga el primer perímetro de las cárceles así como el control de armas y explosivos en los exteriores.
Mientras que la Policía Nacional se hace cargo del segundo control de acceso y colabora con los guías en las acciones al interior de las cárceles.
Además, en los tres estados de excepción se han suspendido los mismos derechos de los presos:
- Inviolabilidad de la correspondencia.
- Libertad de información.
- Libertad de asociación y reunión.
Los recursos
Otra característica similar de los tres decretos es el exhorto al Ministerio de Finanzas. Tanto Moreno como Lasso dispusieron la liberación de "los recursos necesarios" para tratar y solucionar la crisis penitenciaria.
Generalmente, los estados de excepción vienen acompañados con declaratorias administrativas de emergencia. El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) lo hizo en las emergencias de mayo de 2019, agosto de 2020 y febrero y julio de 2021.
Ese movimiento administrativo le otorga a la entidad la posibilidad de hacer contrataciones directas y sin mayor control. En las tres primeras el Gobierno gastó USD 2,5 millones. Y en la última no se contrató nada.
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