El Pleno de la Corte Constitucional se reunió el 29 de septiembre de 2021 y emitió un auto de seguimiento a las medidas que el organismo había ordenado previamente en relación con el sistema carcelario ecuatoriano.
Una de esas disposiciones fue adoptar un plan para la implementación de unidades judiciales especializadas en garantías penitenciaria, para que se agilice el trámite de pedidos de prelibertad y se rebaje el hacinamiento carcelario.
En ese seguimiento, la Corte Constitucional (CC) estableció un cumplimiento parcial. Y dio 10 días para que el Consejo de la Judicatura presente un plan para concretar la creación de estas unidades y detalle las gestiones que ha realizado ante el Ministerio de Finanzas para su financiamiento.
Además, la CC había dispuesto al gobierno de Lenín Moreno, el diseño de la política pública carcelaria con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, según el último seguimiento el cumplimiento ha sido defectuoso.
Además, dispuso a las entidades gubernamentales relacionadas con el sistema carcelario, que tomen la Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social que fue aprobada por el Régimen anterior, y se la articule con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.
Otra de las resoluciones de la CC es declarar que no es posible determinar el grado de cumplimiento del plan de contingencia ante la crisis carcelaria, ya que el Gobierno no ha entregado la información necesaria.
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