Cárceles: Corte Constitucional pide al Gobierno un plan 'debidamente financiado'

El documento fue aprobado por el Pleno de la Corte el 3 de marzo de 2021. El auto se da para dar seguimiento al cumplimiento de los dictámenes de la Corte sobre las declaratorias de emergencia carcelaria en 2019 y 2020.

Pero, aprovechando este seguimiento, el organismo se pronunció de los hechos del 23 de febrero de 2021. Ese día hubo un motín múltiple en cuatro cárceles del país que resultó en 79 muertes.

Según la Corte, esos incidentes "podían haber sido evitados, pues son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que han sido identificadas desde el primer estado de excepción".

Además, el organismo condenó que las medidas que fueron adoptadas cuando el sistema carcelario estuvo en emergencia no hayan mostrado resultados tangibles.

El plan es insuficiente

Luego de la segunda declaratoria de emergencia carcelaria, en agosto de 2020, la CC instó al Gobierno a presentar un plan de acción para el sistema carcelario.

El objetivo era reducir los incidentes violentos y que no se abuse de las declaratorias de emergencias para controlarlos. En diciembre de 2020, el Gobierno presentó dicho plan.

Según ese documento, para mejorar el sistema carcelario, se requiere construir 10 nuevas cárceles, comprar 9.000 grilletes y contratar 300 nuevos guías penitenciarios.

La aplicación del plan tomaría cuatro años y requiere USD 206,8 millones de presupuesto.

Este plan fue elaborado por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Pero, para la Corte constitucional es "otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales".

Esto porque este plan no puede ser considerado como política pública, ya que no proviene del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que lo preside Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.

Nuevos pedidos

Luego de comprobar que lo resuelto por la CC luego de las emergencias de 2019 y 2020 no se ha cumplido, el organismo hizo nuevos pedidos a distintas instituciones del Estado.

• La Corte dispuso al presidente Lenín Moreno que convoque al Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social para que, con base en el plan de acción propuesto por el SNAI:
  • Adopte decisiones urgentes para garantizar la seguridad en los centros de privación de libertad.
  • Diseñe una propuesta de política pública integral, debidamente financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social.
  • Coordine con los ministerios rectores en finanzas públicas y trabajo para ejecutar las medidas a corto plazo identificadas por el SNAI en su Plan de Acción.
  • Informe mensualmente a la Corte sobre el avance de esta disposición.
  • Exigir a las autoridades de la Función Ejecutiva, en coordinación con las funciones Legislativa, Judicial y de Transparencia, la realización de una investigación de los hechos acontecidos en las cárceles para determinar responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.
  • Ordenar a la Defensoría del Pueblo (DPE) que continúe con el seguimiento al cumplimiento de los dictámenes, e informe de manera trimestral.
  • Recordar a la DPE su obligación de activar los mecanismos judiciales necesarios para proteger los derechos de los presos.
  • Disponer al SNAI que investigue, determine responsabilidades y sancione el presunto impedimento a los servidores de la DPE para acceder al Centro de Privación de Libertad Nro. 3 de Quito.

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