Un diagnóstico del sistema de rehabilitación social evidencia que casi todo está mal en las cárceles ecuatorianas: hay problemas de hacinamiento, infraestructura, falta de personal, desinstitucionalización y falta de recursos.
En el sistema de rehabilitación social casi todo está mal y hay muchos pendientes. El plan de acción que el Gobierno presentó a la Corte Constitucional, para salir de la crisis en el régimen ordinario -fuera del estado de excepción- concluye que hay que trabajar en cinco ejes pues no hay ni una parte del sistema actual que funcione bien.
Las cárceles están repletas, tienen mala infraestructura, no logran cubrir las necesidades básicas de los detenidos y tampoco rehabilitarlos para reinsertarlos en la sociedad.
A esto se le suma la falta de equipos y personal, consecuencia de la falta de recursos.
En ese contexto, la realidad en los 36 centros penitenciario del país derivó en ola de violencia sin precedentes que causó dejó 79 muertos en un solo día. Pero la situación es tan mala que salir de ella requerirá de más que un esfuerzo presupuestario.
Cárceles llenas de jóvenes
La población carcelaria de Ecuador llegó a superar las 38.000 personas en 2020. Es un número un poco más bajo al del año anterior, gracias a que por la pandemia algunos presos recibieron medidas sustitutivas.
Pero muestra una tendencia que se mantiene continuamente al alza desde 2010.
A septiembre de 2020, habían 38.732 personas privadas de la libertad. La mayoría de ellos son hombres, de entre 18 y 30 años. Las mujeres son un porcentaje mucho menor de la población carcelaria.
Y la mayoría de quienes están en los 36 centros carcelarios del país están sentenciados o enfrentan procesos por delitos relacionados con drogas, o contra la propiedad privada (robos y asaltos).
Los detenidos por delitos sexuales (violaciones) y contra la vida (asesinatos y homicidios) son porcentajes mucho más bajos.
Hacinamiento al alza
Los más de 38.000 privados de libertad viven en condiciones de hacinamiento, uno de los principales problemas detectados en el plan de acción para mejorar el sistema de rehabilitación.
A pesar de que el hacinamiento bajó en 2014, con la inauguración del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, esa cifra se ubica en un 30,49%. Es decir que hay unos 10.000 presos de más en los centros carcelarios.
La mayoría de los presos sí tiene una sentencia (el informe no especifica si ejecutoriada o no); pero el 40,14% están procesados, es decir que aún puede ser declarado inocente después de las investigaciones correspondientes.
En menores porcentajes, el 1,64% de los detenidos son contraventores, y el 1,15% está detenido por apremios (pensiones alimenticias).
Por tanto, parte del problema nace fuera del mismo sistema de rehabilitación social: el sistema judicial. El abuso de la prisión preventiva, por ejemplo, genera congestión en los centros carcelarios; por lo que uno de los objetivos es comprar más dispositivos electrónicos (grilletes) para poder usar medidas alternativas a la prisión preventiva.
Una rehabilitación inalcanzable
El problema de fondo en el sistema carcelario es que este no llega realmente a ofrecer una rehabilitación social para los detenidos, complicando más su futura reinserción en la sociedad.
La idea es que la persona privada de libertad pueda pasar del régimen cerrado al semiabierto, y de ahí al abierto, en razón del cumplimiento del plan individualizado de la pena y los requisitos legales previstos. Para esto, el Código Orgánico Integral Penal establece cinco ejes de tratamiento, a través de programas.
Pero lo poco que hay, no tiene mucha acogida entre las personas encarceladas. La mayoría de presos prefieren acogerse al eje de deportes, y no a educación o cultura.
Según el informe, esto se debe a "la falta de infraestructuras adecuadas para el desarrollo de los ejes de tratamiento en la mayor parte de centros de privación de libertad y la falta de asignación de profesionales".
A esto se le suma "el insuficiente número de servidores encargados de la seguridad y vigilancia penitenciaria".
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