El diagnóstico del sistema de rehabilitación social demuestra que hay problemas en todos los frentes. Para mejorar la situación, la SNAI dice que es necesario construir 10 nuevas cárceles, comprar 9.000 nuevos grilletes y contratar 300 nuevos guías penitenciarios cada año.
La nueva crisis en las cárceles del país volvió a poner en escena los problemas en el sistema de rehabilitación social. Los constantes estados de excepción no han logrado solucionar el hacinamiento, el deterioro de la infraestructura, la falta de personal y, sobre todo, la violencia dentro de los centros de detención.
La última masacre dejó 79 muertos en cuatro cárceles, en un día. Las autoridades investigan una lucha de poderes. Pero, en realidad estas muertes son solo una muestra de la acumulación de problemas y la desatención a este sector.
De hecho, el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) tiene desde diciembre de 2020 un "plan de acción" para el sistema de rehabilitación social. Pero, no se ha puesto en marcha.
El documento, al que accedió PRIMICIAS, se elaboró después del último estado de excepción por emergencia carcelaria. La Corte Constitucional entonces dispuso que el Gobierno elaborase un plan para salir de la crisis en el régimen ordinario. Es decir, sin declarar la emergencia.
El plan para rehabilitar el sistema de rehabilitación social es una programación a cuatro años.
Comienza con un diagnóstico que determina que, básicamente, todo está mal: no hay una institucionalización del sistema, no hay recursos, hay hacinamiento, la infraestructura está deteriorada y se necesitan más guías penitenciarios.
Y hace una larga enumeración de los problemas y cómo estos no se han podido enfrentar, principalmente, por la falta de recursos. Esto, frente a una población penitenciaria de más de 38.000 personas y que sigue creciendo.
Cuatro años para rehabilitar las cárceles
Ante esta nueva crisis carcelaria, el presidente Lenín Moreno anunció que ha dispuesto al Ministerio de Finanzas la liberación de los recursos necesarios. Aunque no dio cifras ni detalles de qué se hará o se priorizará.
El presupuesto del plan de acción para cuatro años es de USD 206,8 millones. Tiene cinco ejes, con lo que espera cumplir una meta principal: asegurar el funcionamiento adecuado del sistema nacional de rehabilitación social hasta 2025.
La meta más importante a corto plazo -y la más costosa, con una inversión de USD 165 millones- es la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Aquí, la SNAI plantea como mínimo necesario:
- Construir 10 nuevos centros de rehabilitación hasta 2025 (dos por año).
- Readecuar los 36 centros carcelarios existentes.
- Adquirir 9.000 nuevos grilletes electrónicos.
- Dotar de productos de aseo y vestimenta a los presos.
En cuanto al personal, la SNAI estima necesario contratar 300 nuevos guías penitenciarios cada año. Esto permitiría, dice el plan, llegar a 2025 con un 78% del personal necesario (para la actual población carcelaria).
También contempla dentro del presupuesto su capacitación y la creación de una "carrera penitenciaria" para servidores técnicos y administrativos.
Uno de los principales problemas que el plan encuentra son las constantes reformas en el sistema de rehabilitación y los cambios de instituciones a cargo de él. Por ello, otra meta a corto plazo es que la SNAI logre tener una estructura institucional aprobada por los ministerios de Trabajo y Finanzas que, a la fecha, no tiene.
La instalación de equipos de seguridad como cámaras, alarmas y sistemas de vigilancia también consta como un objetivo a mediano y largo plazo. Al igual que la implementación de planes, programas y proyectos en el sistema de progresividad para fortalecer la rehabilitación y reinserción.
Problemas presupuestarios, ¿la raíz del problema?
El informe señala que con la declaratoria del estado de excepción de 2019, la asignación de recursos permitió la contratación de personal. Pero, con las declaratorias de 2020 no se hicieron asignaciones presupuestarias para incorporar a nuevos servidores.
Esto "pone en riesgo la institucionalidad y el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, al mantener un déficit para la seguridad y protección de las personas privadas de libertad".
"La falta de recursos no ha permitido la realización de una convocatoria para servidores que puedan sostener los procesos de seguridad interna en los centros de privación de libertad".
Plan de acción del Sistema de Rehabilitación Social
A eso se suma que "lamentablemente, desde el 01 de agosto de 2019 (...) el SNAI únicamente ha aplicado desvinculaciones de servidores".
Además señala que la falta de presupuesto tampoco ha permitido hacer mejoras en los centros penitenciarios. Aunque, dice, sí hubo mejoramiento y adecuación de cuatro cárceles: La Roca en Guayaquil y los centros de privación de libertad de Carchi, Imbabura y Napo.
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