Corte Constitucional ordena al Gobierno armar un plan para enfrentar la crisis en las cárceles

La Corte Constitucional (CC) emitió este 19 de octubre de 2020 un nuevo dictamen de constitucionalidad frente a la renovación del estado de excepción en las cárceles del país.

El dictamen, sin embargo, cuestiona las medidas que el Gobierno ha tomado para controlar la violencia dentro de los centros de rehabilitación.

El agosto de 2020, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en todas las cárceles del país. Esta fue la segunda emergencia carcelaria; la primera comenzó en mayo de 2019 y duró un año.

El dictamen de la CC observa justamente que este es el segundo año consecutivo en que Moreno a declara un estado de excepción por la misma causal.

Añade que, a pesar de las advertencias realizadas en dictámenes previos, no justifica las razones por las que el estado de excepción debe extenderse hasta el máximo del tiempo permitido por la Constitución y a todos los centros de privación de libertad a escala nacional.

El dictamen también advierte que si la situación en los distintos centros de privación de libertad ha llegado al punto que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, y ha requerido de distintas declaratorias de estados de excepción y renovaciones, esto "responde a la falta de actuación oportuna y adecuada del Estado".

Por tanto, insiste al Presidente que "emprenda acciones para implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria en el país, más allá de las medidas extraordinarias a través del estado de excepción".

"La solución al problema carcelario no está en el establecimiento de estados de excepción periódicos que tengan como fin únicamente recuperar de forma temporal el control de los centros de rehabilitación social"

Dictamen No. 6-20-EE/20

Finalmente, el dictamen dispone a la Presidencia que, en 20 días contados tras la finalización de la renovación del estado de excepción, remita a la CC y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario.