Militares y policías se movilizan hacia las cárceles por orden presidencial

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Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

11 Ago 2020 - 16:06

Algunos de las personas privadas de libertad que integran el sistema penitenciario ecuatoriano. - Foto: Ministerio de Justicia, Flickr

Militares y policías se movilizan hacia las cárceles por orden presidencial

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Redacción Primicias

Actualizada:

11 Ago 2020 - 18:22

El anuncio lo hizo el presidente de la República, Lenín Moreno en sus redes sociales. Las Fuerzas Armadas se sumarán al control de las cárceles.

Nota actualizada a las 18:22 con los detalles del estado de excepción.

El primer mandatario aseguró que la emergencia carcelaria, declarada a través de un estado de excepción, se debe a los últimos hechos registrados, sobre todo, en la Penitenciaría del Litoral.

Según el mandatario, hay “mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”.

La Policía admite que la guerra entre bandas es una constante en los 48 centros carcelarios de Ecuador. De hecho, esos enfrentamientos han dejado -en lo que va de 2020- un total de 22 presos muertos de forma violenta, mientras que en 2019 hubo otros 32.

El lunes 3 de agosto de 2020, por ejemplo, se registró un amotinamiento que dejó 11 presos muertos con armas blancas y de fuego. Dos de ellos, además, fueron incinerados.

La semana pasada, además, también en la Penitenciaría del Litoral fue asesinado un extranjero, Shy Dahan, quien era investigado por su presunta vinculación con la red de corrupción en la venta de insumos médicos.

Hoy mismo, 11 de agosto, el Gobierno confirmó la muerte de dos presos en la cárcel de Latacunga después de una riña:

Pese al anuncio de Moreno, hasta la 16:20 del 11 de agosto de 2020 no se ha publicado el decreto con la oficialización del estado de emergencia y los detalles del mismo.

Los detalles

Luego del anuncio presidencial, las autoridades del Gobierno y de los entes de seguridad informaron los detalles de la medida a través de una rueda de prensa.

Johanna Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, explicó que el estado de excepción incluye a todas las cárceles del país e involucra a los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

La medida durará 60 días, que empezarán a correr desde la firma del decreto de estado de excepción que se proyecta que se haga la noche del 11 de agosto de 2020.

En el caso de las Fuerzas Armadas, sus efectivos se movilizarán hacia las cárceles para controlar el tráfico de armas, municiones y explosivos en las vías de acceso y en el primer filtro de ingreso a las cárceles.

La Policía Nacional, en cambio, fortalecerá el control en ese primer filtro, además incrementar el personal de inteligencia e investigación penitenciaria y colaborar con los agentes penitenciarios en el control interno.

Respecto a los fondos necesarios para ejecutar la emergencia carcelaria, Pesántez indicó que el decreto establece que el Ministerio de Finanzas deberá dotar de todos los recursos necesarios

Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), confirmó un nuevo incidente que justifica la declaratoria de emergencia.

El 11 de agosto de 2020, en la Cárcel de Latacunga murieron dos personas y resultaron heridas cinco más. Todos pertenecen a una banda denominada “Los vatos locos”.

Por esta razón, el estado de emergencia comprende un plan que se desarrollará en tres etapas para reducir la violencia.

Patricio Carrillo, comandante de la Policía, adelantó que una de las etapas comprende el aislamiento de los presos que no se acoplan a las normas de rehabilitación.

Otra emergencia

El estado de emergencia carcelaria se declara a cinco días de cumplirse un año desde que terminó el estado de emergencia anterior.

En mayo de 2019 estalló una crisis de muertes violentas en varias cárceles del país. El presidente Moreno declaró un estado de excepción que duró tres meses.

Se tomaron varias medidas para terminar con la crisis. Por ejemplo, se reclasificó a los presos por su peligrosidad y conflictividad.

También se empezó un plan para reducir el hacinamiento carcelario, que en ese época superaba el 40% de la capacidad. Y que con la pandemia del Covid-19 llegó al 27,8%.

El Gobierno gastó más de USD 20 millones en la emergencia carcelaria de 2019. Sin embargo, en menos de un año la violencia ha regresado con fuerza.


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