Juez ordenó prisión preventiva para dos primos de Aquiles Alvarez y medidas alternativas para su esposa y madre en el Caso Goleada

La madrugada del sábado 30 de mayo de 2026, el juez que lleva el Caso Goleada dictó prisión preventiva contra Fernando Viteri y Andrés Viteri, primos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. 

Las medidas se tomaron tras una extensa audiencia de vinculación por el presunto delito de lavado de activos. En su resolución, el magistrado acogió las solicitudes de vinculación de la Fiscalía para cinco personas naturales y nueve personas jurídicas al proceso.

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El juez dispuso las siguientes medidas cautelares para los familiares y el entorno de Alvarez:

• Prisión preventiva para Fernando Viteri y Andrés Viteri, primos del funcionario. Fernando Viteri había presentado certificados médicos por taquicardia paroxística y diabetes tipo 2 como arraigos.
• Prohibición de salida del país y presentación periódica cada quince días para Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Alvarez.
• Presentaciones periódicas para Gioconda Henriques, madre de Alvarez. Debido a que reside en Estados Unidos, deberá cumplir la presentación ante la autoridad consular ecuatoriana en Miami.
• Se dispuso medidas similares (presentación periódica) para Érika V., contadora de las empresas de los Alvarez, aunque la Fiscalía había solicitado prisión preventiva en su contra. A la par, el agente fiscal pidió que las empresas vinculadas tengan una suspensión temporal de sus actividades.

Roles y señalamientos de Fiscalía

Según la Fiscalía, la esposa del alcalde sería la presunta beneficiaria final de los fondos y bienes investigados en el supuesto esquema de lavado de activos, ya que consta como accionista y ocupó cargos ejecutivos en las compañías procesadas.

Respecto a Gioconda Henriques, la madre de Alvarez, la institución mencionó que se realizaron transferencias de acciones para ocultar presuntamente el verdadero beneficiario final del esquema.

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El Caso Goleada investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización ilegal de combustibles. Inicialmente, la investigación comenzó por presunta delincuencia organizada, pero los cargos fueron reformulados.

Antes de esta última diligencia, en el caso ya había doce procesados, entre ellos el alcalde Aquiles Alvarez -que guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro-, sus dos hermanos y el asambleísta Raúl Chávez.