Caso Goleada: Fiscalía vincula a familiares de Aquiles Alvarez en el tercer llamado judicial y pide prisión para tres procesados

En la tercera convocatoria, la Fiscalía logró vincular este viernes 29 de mayo de 2026 a los familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, que investiga al funcionario por el delito de lavado de activos, para algunos pidió prisión preventiva.

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Para la madre del alcalde, Gioconda Henriques, quien consta como representante legal de una de las empresas procesadas (Fiorema S.A.), el fiscal Dennis Villavicencio solicitó como medida cautelar la presentación periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami, lugar de residencia de la procesada. 

Mientras que para la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, se solicitó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Según la teoría de la Fiscalía, como esposa de Aquiles Alvarez habría sido beneficiaria final de los dineros y bienes adquiridos en el caso que se investiga.

Mientras que para sus primos Fernando y Andrés Viteri, además de la contadora de sus empresas Erika Vélez O., el fiscal Villavicencio solicitó que se les dicte la medida de prisión preventiva. 

El caso Goleada se inició el 10 de febrero de 2026 con un allanamiento a varias residencias de familiares del alcalde, primero por el delito de delincuencia organizada y, desde el 14 de mayo, por lavado de activos. Se investiga una estructura empresarial que introducía en el sistema financiero legal el dinero obtenido por la comercialización ilegal de combustibles en el país.

La audiencia virtual se instaló con la intervención de la Defensoría Pública como abogada de seis compañías, cuatro de ellas no contaban con administradores legales activos, según el informe presentado por la Intendencia Nacional de Compañías en las últimas horas.

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El juez Jairo García resolvió iniciar la diligencia que ya había sido suspendida en dos ocasiones, la primera el 14 de mayo y la segunda el 26 de mayo, debido a la falta de representantes legales de esas compañías. En la audiencia el Fiscal Dennis Villavicencio prevé vincular al caso Goleada a cinco personas naturales y a nueve personas jurídicas o empresas.

• Personas Naturales: Gioconda Henriques, madre del alcalde; Fiorella Icaza, esposa del alcalde; los primos del funcionario, Fernando y Andrés Viteri Henriques; además de una de las contadoras del alcalde, Érika Vélez O.  
• Personas Jurídicas: Grupo Alva3 S.A., Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
• También las firmas: Inmobiliaria Fiorema S.A., Inmobiliaria Alvarez Hache S.A., Operadora Portuaria Petrolera Operoil S.A. (Representada por José Gutemberg Ruiz Castillo), Chn S.A. (Representada por Gabriel Oswaldo Chávez Núñez del Arco).

Minutos antes de la audiencia, la Fiscalía presentó al juez un reporte de las presentaciones periódicas que han cumplido los procesados en el caso Goleada, a quienes se les dispuso esta medida cautelar en reemplazo por la prisión preventiva que se había dictado el 11 de febrero, medida que fue levantada por un tribunal superior el 2 de abril del 2026.

El reporte de presentaciones deja constancia del cumplimiento de los procesados y de sus garantías para comparecer en este proceso y no evadir la justicia, con el fin de evitar una posible orden de prisión. Con este mismo propósito, los nuevos vinculados presentaron ante el juzgado hace dos semanas documentos, certificaciones y medidas de arraigo.

Entre ellas constaron certificados de salud, escrituras de poseer vivienda en Miami, contratos vigentes, dependencia laboral y tener hijos menores de edad. 

Fernando Viteri Henriques había presentado certificados médicos que señalaban que sufre de taquicardia paroxística y diabetes tipo 2, la madre del alcalde presentó documentos de su residencia en Miami.

Mientras que Erika Vélez O., la contadora de las empresas del alcalde, entregó certificados de trabajar en una empresa de Aquiles Alvarez desde 2020, documentos de una enfermedad de su esposo y recibos de pagos de las pensiones de sus tres hijos menores de edad.