Se suspende audiencia de vinculación de familiares de Aquiles Alvarez en caso Goleada; primos del Alcalde entregan documento del Registro Mercantil

La audiencia de vinculación de cargos contra familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el caso Goleada, se suspendió por segunda vez este martes 26 de mayo de 2026, luego de que representantes legales de empresas investigadas no se presentaran. Antes de la diligencia, los primos del Burgomaestre entregaron un oficio del Registro Mercantil de Guayaquil que contrastaría con información reportada por la Superintendencia de Compañías.

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En la diligencia judicial, convocada para las 09:00 de manera telemática, el fiscal Dennis Villavicencio, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción N.-2, tenía previsto vincular y formular cargos contra cinco personas naturales y nueve personas jurídicas:

• Personas Naturales: Gioconda Henriques, madre del alcalde; Fiorella Icaza, esposa del alcalde; los primos del funcionario, Fernando y Andrés Viteri Henriques; además de una de las contadoras del alcalde, Érika Vélez O.  
• Personas Jurídicas: Grupo Alva3 S.A., Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
• También las firmas: Inmobiliaria Fiorema S.A., Inmobiliaria Alvarez Hache S.A., Operadora Portuaria Petrolera Operoil S.A. (Representada por José Gutemberg Ruiz Castillo), Chn S.A. (Representada por Gabriel Oswaldo Chávez Núñez del Arco).

Sin embargo, una hora antes de la audiencia, a las 08:08, los primos de Aquiles Alvarez presentaron un escrito con la información del Registro Mercantil de Guayaquil que contradecía un oficio presentado al juez por parte de la Superintendencia de Compañías.

En el documento del Registro Mercantil se señalaba que los hermanos Fernando y Andrés Viteri Henriques ya no constan como administradores de seis empresas que figuran en el listado de las nueve personas jurídicas a las que la Fiscalía busca vincular al caso Goleada.

En los documentos presentados se certificaba que Fernando Viteri Henriques había presentado su renuncia a la empresa Indudiésel S.A. el 20 de marzo de 2026 y que esta dimisión había quedado asentada el 25 de marzo de 2026, mientras que el mismo 20 de marzo también renunció a las firmas Corpalubri S.A.,  Copedesa S.A. y Ternape Petroleum S.A., acto que quedó anotado el 24 de marzo en los libros del Registro Mercantil.

Andrés Viteri también presentó los documentos de esta entidad en los que su renuncia a las empresas Inmobiliaria Hache S.A. y Fiorema S.A. fue presentada el 20 de marzo y registrada el 30 y 31 de marzo.

La Superintendencia de Compañías había reportado el 18 de mayo de 2026 ante el juez Jairo García que los primos del alcalde sí constaban como administradores de las empresas, en el caso de Fernando Viteri al frente de Indudiesel S.A., Corpalubri S.A., Compañía de Petróleo y sus Derivados S.A. y Ternape Pe0troleum S.A.

Asimismo, la Superintendencia señalaba que Andrés Viteri figuraba como representante legal de las firmas Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.

“La Superintendencia de Compañías solo lleva el registro, pero ese registro no está actualizado, constan los hermanos Viteri como representantes legales, pero ellos renunciaron y esa renuncia está inscrita en el Registro Mercantil desde hace varios meses”.

Ramiro García, abogado del Alcalde de Guayaquil.

El defensor sostiene que “es culpa del Gobierno que no se dé esta audiencia”. Según él, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no les permite ingresar documentos a la cárcel del Encuentro, donde Aquiles Alvarez guarda prisión desde febrero de 2026.

“Para evitar que el Alcalde pueda defenderse en el proceso del Municipio (por su destitución), el Gobierno, a través del SNAI, no nos ha permitido ingresar documentos y tampoco hemos podido ingresar la información societaria para cambiar los administradores de las compañías”, asegura García.

Fiscalía pidió apoyo a Defensoría Pública

La Fiscalía señaló este martes 26 de mayo en su cuenta de X que la audiencia de vinculación no se realizó por “la ausencia de los representantes legales de varias de las empresas investigadas”.

El Ministerio Público informó que el juez “dispuso que se oficie a las instituciones públicas pertinentes para identificar a los representantes legales subrogantes o miembros del directorio de dichas compañías, a fin de que sean notificados legalmente y convocados a una nueva fecha y hora”.

“Aunque la Defensoría Pública estuvo presente en la sala virtual y el agente fiscal del caso solicitó que la diligencia se instalara con la actuación de esa institución en defensa de las empresas que serían vinculadas a la causa, el magistrado dispuso que aquello se ejecute en la próxima convocatoria”.

Fiscalía de Ecuador

La segunda suspensión de la audiencia de vinculación también acortaría el margen de defensa de los nuevos procesados del caso Goleada: el plazo de 120 días de la actual instrucción fiscal vence el 11 de junio de 2026, en dos semanas.

Con este argumento, una de las partes investigadas pidió al juez Jairo García que declare la nulidad de la audiencia de vinculación, pues -según su tesis- podría consolidarse un acto que “vulnere el derecho a la defensa y genere una posible indefensión” de los nuevos vinculados.

“Esto evidencia una absoluta imposibilidad de otorgar a las nuevas personas, naturales y jurídicas, los treinta (30) días de ampliación que exige el COIP para que puedan ejercer su derecho a la contradicción, solicitar pericias o recabar elementos de descargo, esto es ejercer su derecho constitucional a la defensa”.

Gabriel Chávez, representante de la empresa CHN S.A.

Queda pendiente que el juez Jairo García defina una tercera fecha para la audiencia de vinculación, lo que podría darse en los próximos días. La diligencia podría instalarse con los representantes legalmente autorizados de dichas compañías investigadas o, como ha pedido la Fiscalía, con la intervención de la Defensoría Pública para evitar la indefensión de los nuevos involucrados.