Ley del uso legítimo de la fuerza regula el empleo de armas letales

La propuesta plantea que hay distintos niveles del uso de la fuerza. El funcionario que los aplique debe analizar cuál de ellos es el adecuado para la situación o amenaza que enfrente:

• Presencia
• Contacto visual
• Verbalización
• Control físico
• Técnicas defensivas no letales
• Fuerza con potencia letal

Solo en el último nivel se permite el uso de armas de fuego con munición letal, y esto aplica solo en defensa propia del funcionario o de otras personas, cuando las medidas menos letales hayan resultado insuficientes, en estos casos:

• Peligro inminente de muerte o lesiones graves.
• Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.
• Para detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o para impedir su fuga.

Este tipo de armas no se pueden utilizar nunca en escenarios de protesta social o manifestaciones.

El informe propone que el Cuerpo de Vigilancia penitenciaria sea dividido en dos:

• Los agentes "comunes", que tratan directamente con las personas privadas de la libertad.
• Un grupo especializado de seguridad y vigilancia penitenciaria para intervenciones de alta complejidad o crisis, que supongan riesgo inminente y amenaza a la vida e integridad de las personas privadas de libertad, terceros, o los servidores.

En situaciones de emergencia, podría actuar la Policía Nacional. Y en casos de emergencia y de grave riesgo, el Presidente podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para ingresar a los centros de privación de libertad hasta retomar el control.

El informe para primer debate recoge una propuesta del proyecto del Ejecutivo: la creación del estado de emergencia. Este es diferente a un estado de excepción, y dispone que el Presidente puede determinar una "postura permanente de alerta" del Sistema de Seguridad Pública y del Estado para coordinar acciones y enfrentar la emergencia. En este estado de emergencia, por ejemplo, se podrá movilizar a los miembros de las Fuerzas Armadas a los interiores de las cárceles. La emergencia es diferente al estado de excepción, por lo que no podrá el Presidente limitar ni restringir derechos constitucionales.

El proyecto de ley plantea que el uso de animales de adiestramiento humano (perros o caballos, por ejemplo) será excepcional. Esta se podrá ejecutar solo con técnicas y tácticas específicas por parte del guía en las siguientes circunstancias:

• Patrullaje preventivo, rural y fronterizo montado
• Protección de dignatarios
• Eventos públicos y privados con asistencia masiva de personas
• Operativos de control en asentamientos humanos irregulares
• Operativos de control en apoyo al cumplimiento de órdenes judiciales
• Control, regulación del espacio público y centros de diversión nocturna
• Detección de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, papel moneda, especies valoradas, vida silvestre, explosivos, armas, celulares y pericias
• Búsqueda y rescate de personas, localización de restos humanos en áreas de difícil acceso, en desastres naturales
• Operaciones conjuntas con entidades encargadas de atender emergencia, desastres o crisis

Se prohíbe el uso de animales de adiestramiento humano para el restablecimiento del orden público e intervención y control en ocupaciones arbitrarias. La propuesta además restringe el uso de medios móviles (vehículos como motocicletas o antidisturbios) en cualquier tipo en contextos de protesta social.