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Política

Martínez contradice a Correa: el depósito de USD 6.000 salió de los aportes de empresas contratistas

La jueza Daniella Camacho presidió la audiencia de testimonio anticipado de Pamela Martínez el martes 3 de septiembre de 2019.

La jueza Daniella Camacho presidió la audiencia de testimonio anticipado de Pamela Martínez el martes 3 de septiembre de 2019.

Fiscalía, Flickr

Autor:

Ana Angulo

Actualizada:

03 sep 2019 - 10:46

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La exasistente de Rafael Correa, Pamela Martínez, pidió perdón, con voz entrecortada y entre lágrimas, al país y su familia por lo que ella llamó "errores cometidos por su falta de experiencia política".

Durante alrededor de hora y media, la procesada por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en calidad de testigo protegido de Fiscalía, contó cómo operó la trama de corrupción entre 2011 y 2013.

La Fiscalía cree que en Alianza PAIS funcionó un esquema de financiamiento ilegal que involucró a contratistas del Estado. La sospecha es que empresarios y empresas privadas entregaron dinero en efectivo e hicieron cruce de facturas por unos USD 14 millones.

En lo sustancial, Martínez narró que durante la campaña para las elecciones seccionales, realizó varias entregas de dinero con el siguiente detalle:

  • USD 200.000 al entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, por intermedio de su asesor (de él), Pedro Espinosa.
  • USD 300.000 a Viviana Bonilla, a través de sus allegados Gustavo Bucaram y Christian Viteri.

En ambos casos los recursos provenían de la empresa brasileña Odebrecth.

  • A María de los Ángeles Duarte, entonces directora de PAIS en Guayas y exministra de Obras Públicas, remitió USD 300.000, a través de su asesor Jamil Massuh.

En este caso, los fondos provinieron de Equitesa y Odebrecht. Reconoció que ella facilitó facturas de la empresa Nexoglobal para "formalizar" los supuestos gastos de Alianza PAIS. "Fue una estupidez de mi parte", dijo entre sollozos.

Galo Mora se encargaba de la logística y Alvarado de la publicidad

Martínez contó que a finales de agosto de 2013 fue convocada a una reunión con el expresidente Rafael Correa. Allí el gobernante le dijo que se acercaban las elecciones seccionales de 2014 y le dispuso crear un registro digital con los valores que se manejarían en esa campaña.

Esto, debido a la informalidad con que se manejó la campaña anterior dirigida por Ricardo Patiño.

Martínez preguntó al presidente quién le daría la información y este le pidió hablar con Jorge Glas.

En el despacho del vicepresidente se encontró con Vinicio Alvarado (exsecretario de la Administración), María de los Ángeles Duarte (exministra de Transporte) y Walter Solís (exsecretario nacional del Agua).

Entonces Glas le manifestó que Martínez debía registrar requerimientos del secretario Ejecutivo de PAIS, Galo Mora, en todo lo referente a logística: tarimas, sonido, banderas.

Mientras los registros de publicidad: encuestas, jingles, spots, los recibiría de parte de Alvarado.

A nombre de Mora sus interlocutores serían Paulina Proaño y Rolando Cabrera.

Martínez versus Correa

Entre lo nuevo, Martínez contradijo la versión de Rafael Correa de que un depósito de USD 6.000 a su cuenta personal se hizo de un supuesto Fondo de Solidaridad creado en Carondelet.

En su testimonio, Martínez dijo que una, vez finalizada la campaña, quedó un remanente del dinero que las empresas le habían entregado a ella.

Un día, dijo, recibió la llamada de Francoise Villalba, secretaria-asesora de Correa, quien le dijo que había que cubrir USD 6.000.

"Entonces saqué la plata del remanente y dispuse a mi asistente, Laura Terán, que realice el depósito en la cuenta de Rafael Correa".

Pamela Martínez

Martínez versus Glas

Martínez contó que la primera ocasión que recibió a Gerardo de Souza, por orden de Jorge Glas, fue en el edificio Concorde. El entonces representante de Odebrecht en Ecuador, dijo la procesada, le entregó dinero en sobres. Ella llamó por el teléfono interno a Glas para informarle que tenía la plata.

El exvicepresidente le respondió, añadió. que buscaría los sobres el asesor de Mera, Pedro Espinosa.

En una de las entregas Espinosa le comentó que la plata de Odebrecht era para un tema ambiental y que luego él se reuniría con un "Dr. Pablo". Se presume que se trataba de Pablo Fajardo, vinculado con el litigio que los pobladores de la Amazonía mantienen contra la petrolera estadounidense Chevron.

Martínez dijo a la Corte que recibió aportes de las siguientes empresas, por orden de Glas:

  • Odebrecth,
  • Fopeca,
  • Sanrib,
  • Equitesa,
  • Hidalgo & Hidalgo
  • Azul.

Correa pregunta por destrucción de registro

Pamela Martínez aseguró en su testimonio que, en 2018, cuando el Consejo de Participación Transitorio empezó la evaluación y destitución de las autoridades de control (nombradas en el Gobierno anterior), recibió una llamada de Rafael Correa: el expresidente le habría preguntado si destruyó el archivo de Excel que contenía el registro que él le había pedido llevar.

Ella, según su versión, le habría respondido que sí, pero recordó que tenía un pendrive con los datos. "Fui al departamento en Quito, lo hallé y lo metí en un vaso con agua", contó.

Por eso, dijo, ese año transcribió el registro de aportaciones para Alianza PAIS en una libreta tras destruir archivo digital. Esa libreta fue luego encontrada, durante el allanamiento del departamento, escondida detrás de una chimenea.

"Hijita, no te traje el dinero..."

Un día, hacia finales de 2013, llegó a la oficina del edificio Concorde el ciudadano José Alvear Ycaza. Este personaje, ahora fallecido, le habría manifestado: "Hijita, no te traje el dinero porque aún no estamos de acuerdo con el porcentaje".

Según Martínez, Alvear representaba a la empresa CWE. Y al notar que ella no sabía nada del tema salió de la oficina.

Luego, ella refirió esta charla al expresidente Correa en su despacho. El exmandatario le habría pedido sentarse junto a él en un asiento de cuero y susurrarle al oído el asunto.

Ella dice haber comentado "yo creo que (Alvear) hablaba de una coima". Correa habría preguntado "¿se lo dijiste a Jorge (Glas)?", y ella replicó: "no".

Para zanjar el asunto Correa le habría dicho: "tranquila, tranquila, ha de ser una confusión".

Tras el incidente nunca más hubo instrucciones para que Martínez reciba y entregue dinero.

Extorsión y chantaje

Durante la audiencia, Martínez mencionó al ciudadano Christian Paredes Quishpe, a quien habría despedido del cargo de auxiliar de servicios en la oficina del Concorde.

Esta persona le habría dicho que tenía información delicada obtenida de la computadora de Laura Terán y que quería venderla para comprar un título de ingeniero en Perú.

Martínez dijo no haberse prestado al chantaje.

Alquiler de oficina del Concorde lo pagaba CENEL

Martínez solo respondió algunas preguntas de su abogado, Edison Cadena, con el fin de precisar algunos cabos sueltos.

En ese momento, contó que el arriendo de la oficina habilitada por Presidencia en el edificio Concorde lo pagaba la Corporación Nacional de Electricidad (CENEL), desde 2011 hasta mediados de 2013.

Posteriormente se firmó un contrato a nombre del esposo de Laura Terán, Byron Andrade. La oficina funcionó hasta 2015, contó.

La audiencia para recibir el testimonio anticipado de Pamela Martínez terminó pocos minutos después de las 11:30. La Fiscalía no le hizo ninguna pregunta y ella se negó a responder las preguntas de los abogados de los demás involucrados.

"Esto es una fanesca, más que un arroz"

Esta expresión de Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y Alexis Mera, resumió la impresión que causó en la defensa el testimonio de Pamela Martínez.

En su criterio la diligencia sirvió a los intereses de la exasesora como prueba de descargo que podría representarle una rebaja de hasta el 90% de la condena a la hora del juzgamiento, en cambio sostuvo que no sirve a la Fiscalía como prueba de cargo.

A sus ojos, el testimonio tuvo inconsistencias, como el relato de que recién en 2018 se dedicó a realizar anotaciones sobre los hechos investigados.

Además cuestionó a la fiscal Diana Salazar por no haber realizado preguntas a la procesada.

Jarrín no descartó impulsar acciones legales en contra de Pamela Martínez.

Las reacciones de los implicados

La primera en reaccionar, en sus redes sociales, fue Viviana Bonilla, excandidata a la alcaldía de Guayaquil. Aunque en su defensa, se mostró extrañada de que no se diga nada del resto de campañas como la de Augusto Barrera, que fue alcalde de Quito; Gustavo Baroja, electo como prefecto de Pichincha, y Paúl Granda, quien fue electo para la alcaldía de Cuenca por Alianza PAIS.

Interesante. La señora Martínez solo recuerda los “aportes” a la campaña a la alcaldía de Gquil del año 2014. Tan importante fue esa campaña (la que menos posibilidades tenía) que le dedicó un cuaderno 4 AÑOS DESPUÉS.

¿Y el resto de campañas? Barrera, Baroja, Granda...? pic.twitter.com/LATrK7v5HP

— Viviana Bonilla (@viviana_bonilla) September 3, 2019

Rafael Correa, expresidente, comentó esa publicación: "Ahora tenemos que creer que PM “escribió” cuaderno en 2018 para “contar” cosas del 2013-2014. ¿Quién puede creer algo así? Es claro que lo escribió cuando ya estaba detenida y que Fiscalía intentó un FRAUDE PROCESAL. Ya no tienen caso. Quien debería estar presa es la fiscal".

Negó también la versión de Martínez sobre una supuesta llamada telefónica que habría hecho para pedirle que borrara los registros del financiamiento ilegal de Alianza PAIS.

Es de conocimiento público que resido en Bélgica. Si lo que dice es verdad, es fácil encontrar registro de llamada, a no ser que haya “botado el teléfono”, como dijo Chicaíza...
De “Odebrecht puso presidente” a “me llamó para destruir la información”.
Esperemos próximo capítulo. https://t.co/1gEsqdh9Vv

— Rafael Correa (@MashiRafael) September 3, 2019

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El esquema de financiamiento paralelo de Alianza PAIS tuvo dos partes: los aportes en efectivo de los 'donantes voluntarios', que sumaron USD 6,7 millones; y, el cruce de facturas con los voluntarios. Por esta segunda vía el movimiento -entonces liderado por Rafael Correa- se embolsó USD 7,3 millones.

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La jueza Daniella Camacho acogió, la noche del 8 de agosto, el pedido de la Fiscalía General y vinculó a 22 personas en el caso que investiga el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS.

  • #Odebrecht
  • #Caso Sobornos

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