El Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento para el concurso de selección y designación de los jueces para delitos de corrupción y crimen organizado.
Una vez aprobado este reglamento, el Consejo de la Judicatura debe lanzar la convocatoria para el concurso. Esa es la primera de las seis etapas del proceso de selección de los nuevos jueces. Las demás son:
- La postulación
- Los méritos
- La prueba psicológica
- La oposición
- La impugnación ciudadana.
Los interesados en ser jueces anticorrupción podrán recibir hasta 50 puntos por méritos y hasta 50 puntos por las pruebas: 20 por la teórica y 30 por la práctica.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre los 65 artículos de la ley resalta la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado.
La reforma estableció que la sede de carácter nacional de los jueces de corrupción y crimen organizado estará en Quito. Un año después, estos nuevos tribunales empiezan a tomar forma.
Jueces con trayectoria irreprochable
El reglamento establece que en la selección se pondrá “énfasis en la trayectoria irreprochable” de los postulantes, ya que serán los encargados de juzgar los casos de corrupción.
Al momento de presentar sus postulaciones, los interesados deberán entregar una declaración juramentada y certificarán no encontrarse incursos en alguna prohibición constitucional, legal o reglamentaria.
Entre otras cosas, en esa declaración los postulantes deberán indicar de manera expresa que son independientes, libres de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias. Y que son imparciales.
En cualquier etapa del concurso, el Consejo de la Judicatura podrá solicitar información pública o privada sobre el postulante. Así se verificará la probidad del mismo. Incluso, podrá pedir el levantamiento del sigilo bancario.
Y, si se comprueba cualquier tipo de adulteración o inexactitud, el postulante será descalificado.
La selección
En el proceso de selección, los postulantes deben pasar tres fases.
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Los méritos
Primero, los interesados deben demostrar que han hecho los méritos suficientes para llegar a esta magistratura.
Con base en los documentos digitales ingresados, los postulantes recibirán una nota: se evaluará su formación académica, capacitación y experiencia laboral y profesional.
La calificación de estos méritos será de un máximo de 50 puntos. Y quienes no obtengan un mínimo de 30 no podrán avanzar a la siguiente fase.
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La prueba psicológica
Los postulantes que pasen la etapa de méritos, deberán presentarse a una prueba psicológica.
El objetivo del test será determinar que no presenten cuadros psicopatológicos ni fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les pudiera impedir cumplir a cabalidad con las funciones.
Los resultados de esta prueba serán confidenciales y se entregarán únicamente a cada postulante.
Mientras que de manera pública, en cambio, se asignará la calificación de idóneo o no idóneo. Y así se conocerá a quienes continúan en el proceso.
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La prueba teórica
Se trata de una valoración del nivel de conocimientos técnicos, de la habilidad para resolver conflictos y la capacidad analítica de los postulantes.
Los temas de estas pruebas se desarrollarán en bancos de preguntas. Estos cuestionarios estarán a disposición de los postulantes desde el día de la notificación con la habilitación para rendir dichas pruebas.
La prueba será única para cada postulante. Contendrá preguntas con opción de alternativa múltiple (cuatro), con una única respuesta correcta.
Habrá dos bancos de preguntas para el concurso público:
- Preguntas generales sobre materia jurídica.
- Cuestiones específicas sobre delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
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La prueba práctica
En esta fase del concurso se evaluarán las competencias y habilidades técnicas. También la capacidad analítica y aplicación de los conocimientos de los postulantes.
Esta prueba consistirá en la simulación de audiencias de juicio. La evaluación será individual.
Los casos por evaluar serán seleccionados de forma automática y aleatoria de un banco general.
Las pruebas prácticas serán calificadas por comités que estarán integrados por profesionales con formación de cuarto nivel y experiencia en derecho penal, lucha anticorrupción e integridad pública.
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