El Estado perdió USD 3,8 millones en el Complejo Judicial Quito Norte

Los problemas en la edificación del Complejo Quito Norte significaron exactamente USD 3.763.455,81 de daño económico para el Estado.

Los detalles constan en el informe DNA1-0077-2019 del examen especial que la Contraloría hizo a las etapas precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, recepción y liquidación del proyecto.

La acción de control analizó los contratos principal, complementario y modificatorio, en el período entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de enero de 2019.

Los rubros analizados suman USD 57,8 millones. Ese total resulta de la suma del valor inicial con los contratos complementarios y los reajustes que se hicieron desde que comenzó el proyecto.

Las irregularidades

El mayor problema fue contratar la construcción del predio, sin contar antes con los productos de planificación. El proyecto se inició en abril de 2014, con el proceso de calificación y selección de los proveedores para los estudios, diseños e ingenierías de la obra.

El inconveniente fue que las autoridades de la época, durante la administración de Gustavo Jalkh, aprobaron el inicio de la construcción del Complejo sin haber recibido esos insumos.

Tampoco tenían los planos definitivos, ni permisos municipales y la aprobación de los servicios básicos.

Esto obligó a firmar un contrato complementario para rediseños y nuevos requerimientos funcionales. El nuevo compromiso fue por USD 3.2017.832,13.

Además, el examen de la Contraloría determinó que la primera parte de la obra se desarrolló sin fiscalización y la segunda con un control deficiente.

Entre abril y mayo de 2015, la Judicatura lanzó cuatro veces el proceso de contratación pública para adjudicar la fiscalización. Pero ninguno se completó. Entonces, el 20 de abril de 2016, se designó a una servidora de la propia Judicatura como jefe temporal de fiscalización. Y el 9 de septiembre de 2015 se delegó a 10 servidores más para que hagan esa tarea

Este equipo fue designado 127 días posteriores a la suscripción del contrato de obra y 142 días luego de la designación del Jefe de Fiscalización temporal. Es decir, durante ese período no hubo control.

Posteriormente, el equipo que lo realizó lo hizo sin cumplir con la experiencia requerida (12 de 15 la incumplían) según los Términos de Referencia (TDRs) de la obra.

Los otros problemas que causaron perjuicio al Estado son:

• Inconsistencia en la ejecución de un rubro de material: pago excesivo por USD 487.959,70.
• Desalojo de la tierra y piedra con error en la estimación de la obra: pago excesivo por USD 12.905,09.
• Materiales que no coinciden con la dimensión prevista: pago excesivo por USD 27.418,45.
• Inconsistencia en rubros de la tabla de cantidades: pagos duplicados por USD 12.448.
• Compra e instalación de cámaras que no cumplían con especificaciones técnicas: pago injustificado por USD 6.066,42.
• Inconsistencia en los análisis de precios unitarios de componentes electrónicos: pago injustificado por USD 8.826,92.

La suma de todas las irregularidades representa un rubro de USD 3.763.455,81. El informe que lo determinó fue aprobado en octubre.

Según la ley de la Contraloría, con base en los resultados del examen, ahora la entidad se encuentra en el proceso de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, que eventualmente serían enviadas a la Fiscalía.

Más edificios con problemas

Las irregularidades en el Complejo Judicial Quito Norte no son las primeras. En septiembre de 2018, la Judicatura transitoria denunció sobreprecios en varios predios.

Un estudio de la propia entidad identificó, por ejemplo, que los Complejos Judiciales Quito Norte, Guayaquil Norte (Florida), Otavalo y Latacunga registraron un excedente de entre 28% y 72% en sus respectivos costos de construcción.

PRIMICIAS consultó a la actual administración del Consejo de la Judicatura cómo ha continuado el trabajo de la entidad, una vez encontradas las irregularidades. Por ejemplo, si se han tenido que contratar obras de reparación. No hubo respuesta.

En el portal de la institución se detalla, por ejemplo, que fue con un pedido de la actual presidenta María del Carmen Maldonado que se inició el examen al Complejo Judicial Quito Norte.

Además, se indica que el 5 de agosto de 2019, la Contraloría comunicó que se iniciará un examen especial a los procesos precontractual, contractual, de liquidación y de uso, de cuatro complejos judiciales ubicados en Quito, Otavalo, Durán y El Empalme. Esa acción está en proceso.

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