Corte Constitucional pagó USD 686.000 en dos inmuebles que casi no usó

Política

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

10 Dic - 0:02

La única casa abandonada en la calle Nicolás Jiménez y Av. 12 de octubre, en Quito. - Foto: Wilmer Torres

Corte Constitucional pagó USD 686.000 en dos inmuebles que casi no usó

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Redacción Primicias

Actualizada:

12 Feb - 14:01

La Contraloría ratificó, además, las sospechas que tenían los actuales jueces del organismo: hubo irregularidades en el contrato firmado con el Colegio de Abogados del Guayas.

Mayo de 2019. El nuevo presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, informó que pidió a la Contraloría la revisión del contrato de arrendamiento que la Corte mantenía con el gremio de abogados, presidido por Jimmy Salazar.

Él es esposo de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, exjueza de la Corte Constitucional y ahora procesada por el caso Sobornos 2012 – 2016.

Según el informe de la Contraloría, aprobado el 15 de octubre de 2019, ese contrato nació con irregularidades pues se hizo contra “expresa disposición legal”. La Corte, aunque la ley se lo prohibía, alquiló dos pisos en un edificio ubicado en 9 de Octubre y Del Ejército y pagó USD 390.000 por 30 meses de uso.

Pero, además, las autoridades que estuvieron a cargo del contrato nunca justificaron el uso del inmueble:

  • Eran 1.100 metros cuadrados usados por nueve personas.
  • Funcionarios de Quito, incluyendo al presidente de la Corte y a varios jueces, solo estuvieron en el local de Guayaquil durante 54 días, entre 2016 y 2018.

La historia es sencilla. En noviembre 2014 -durante la presidencia de Patricio Pazmiño- la Corte firmó un contrato con el Colegio de Abogados del Guayas para arrendar un inmueble en Guayaquil. Hasta julio de 2015, no se hizo efectiva la entrega del edificio por retrasos del arrendatario.

Las dos partes terminaron el contrato de mutuo acuerdo.

El segundo intento se hizo en 2016, bajo la presidencia de Alfredo Ruiz y cuando Pamela Martínez era jueza Constitucional. En esta ocasión, la Corte y el Colegio de Abogados del Guayas sí lograron cerrar el contrato.

¿El problema? Según la ley ecuatoriana, las entidades públicas “no podrán celebrar contratos posteriores sobre el mismo objeto con el mismo contratista”. Y eso fue, precisamente, lo que hizo la anterior Corte Constitucional. Y no solo eso, si no que con aprobación del entonces presidente se renovó el contrato para 2017 y 2018.

¿El resultado? La institución alquiló un espacio que no requería en Guayaquil y pagó USD 390.000.

En 2019, las nuevas autoridades de la Corte terminaron el contrato con los abogados de Guayas e inauguraron una nueva sede:

Un casa abandonada en Quito

La única casa abandonada en la calle Nicolás Jiménez y Av. 12 de octubre, en el note de Quito.

La única casa abandonada en la calle Nicolás Jiménez y Av. 12 de octubre, en el note de Quito. Wilmer Torres

El otro problema para la Corte está en Quito: el organismo compró en noviembre de 2014 una casa “de interés patrimonial”, ubicada en la calle Nicolás Jiménez y Av. 12 de Octubre.

¿Cómo está ese inmueble? “No está en uso desde su adquisición; el
inmueble se encuentra deteriorado en su totalidad; se han ejecutado trabajos
mínimos de mantenimiento referente a jardinería y provisión de plásticos sobre el techo para prevenir filtraciones de agua lluvia”, dice la Contraloría. Sus auditores visitaron la casa en marzo de 2019.

Por ese inmueble, la Corte de Patricio Pazmiño pagó USD 295.616.

El informe no dice para qué se adquirió la casa. Lo que sí explica son los motivos por los cuales el bien inmueble no ha sido usado:

  • Conseguir las autorizaciones y permisos ante el Distrito Metropolitano de Quito para remodelar el inmueble, tomó a la entidad tres años y tres meses por tratarse de un bien de interés patrimonial.
  • La Corte se quedó sin autoridades durante 6 meses por la destitución de los jueces en la Asamblea.
  • Hasta abril de 2019, no se habían asignado fondos para remodelar el inmueble.

Ahora, tras la emisión del informe definitivo de la auditoría, la Contraloría tendrá que establecer las sanciones administrativas, civiles o penales en contra de los funcionarios y exfuncionarios de la Corte Constitucional que tuvieron relación con estos contratos.


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