17 fallecidos en la peor jornada de protestas en Perú

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció el martes 10 de enero que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobó declarar un toque de queda nocturno por tres días en la región de Puno, epicentro de las protestas antigubernamentales.
"Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 04:00.
Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno", declaró Otárola ante el pleno del Congreso.
El primer ministro, quien acudió al hemiciclo para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, agregó que el Gobierno acordó declarar "duelo nacional laborable" para este miércoles 11 de enero, "en respeto a los caídos" en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas.
El último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.
Otárola mencionó, además, que llegó a la región de Puno una comisión del Gobierno "multisectorial", integrada por el jefe de asesores del despacho presidencial y varios viceministros, así como media tonelada de insumos médicos y equipos de cirugía que, lamentó, no pueden ser trasladados a los centros de salud de la zona debido a las protestas.
En este sentido, el jefe del gabinete hizo un llamado a las autoridades regionales y a los manifestantes a permitir el paso de las medicinas "por cuestión humanitaria".
Durante la presentación del primer eje de su programa de Gobierno, denominado "paz social", Otárola lamentó la "pérdida irreparable" de los peruanos fallecidos en las protestas: 39 manifestantes muertos en enfrentamientos  con las fuerzas del orden, siete por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado la madrugada del 10 de enero.

"Registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito", señaló la Defensoría del Pueblo, en su último balance.
Según el ministro Chávez, los manifestantes usaron armas de fuego y explosivos contra la Policía Nacional, que dejaron 75 de sus uniformados heridos.
"Durante cinco días, la Policía Nacional soportan todo tipo de ataques. Los ciudadanos están encerrados en el aeropuerto de Juliaca, privados de su libertad ante una agresión al exterior del aeropuerto", agregó el ministro de Defensa.
Mientras que Rojas dijo que alrededor de 9.000 personas hostigaron a las fuerzas del orden en Juliaca, haciendo uso de bombas molotov y explosivos de fabricación casera conocidos como "avellanas".
"Se pudo controlar el aeropuerto. No consiguieron el propósito de ingresar al terminal aéreo", dijo el funcionario.
En el contexto de las protestas, una serie de tiendas, locales comerciales y entidades públicas fueron blanco de saqueos. Hubo bloqueos en varios puntos de la región de Puno, fronteriza con Bolivia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú, entre ellas Amnistía Internacional (AI), exigieron a las autoridades del país el cese inmediato de la "represión" y del "uso indebido de la fuerza" en las protestas en Juliaca.