La diligencia se mantendrá para el jueves 17 de octubre de 2019, a pesar de la recusación presentada contra la jueza Daniella Camacho, y la fiscal Diana Salazar, por las defensas de Vinicio Alvarado y Alexis Mera.
Hasta la fecha, se mantiene la fecha establecida por Camacho.
Sin embargo, estas diligencias podrían postergar nuevamente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio prevista para el 17 de octubre, una fecha ya diferida porque inicialmente fue convocada para el 8 de octubre.
En esta diligencia, la fiscal Diana Salazar deberá exponer los fundamentos de su acusación por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, y otras 24 personas entre exfuncionarios y empresarios privados.
Luego será el turno del acusador particular, Íñigo Salvador, como representante del Estado, perjudicado por los supuestos delitos.
Después actuarán los defensores de cada uno de los 26 procesados en el caso, donde se investiga la presunta entrega de aportes privados a las campañas de Alianza PAIS, a cambio de contratos con el sector público.
Concluida la intervención de todos los sujetos procesales, la audiencia continuará siempre y cuando no existan vicios de procedimiento que afecten el caso.
Luego las partes, Fiscalía y los defensores, deberán anunciar la totalidad de las pruebas, las cuales serán presentadas posteriormente en la audiencia de juicio.
La audiencia podría durar varios días. Y solo una vez concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, la jueza Daniella Camacho comunicará su resolución.
La jueza tiene competencia para decidir entre archivar el caso o dictaminar el llamado a juicio. En este caso, el proceso pasará a conocimiento de un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Ante la inminencia de la audiencia, los pedidos de recusación apuntan a dos objetivos: separar de la causa a la jueza que conoce el proceso y a la fiscal general que formuló la acusación.
Fiscalía acusa a Correa de liderar red de sobornos
El pasado 8 de agosto de 2019, Diana Salazar presentó 11 indicios que señalarían al expresidente Rafael Correa como supuesto líder de una red de sobornos que receptó dinero de compañías contratistas para las campañas de su movimiento político.
En esta trama habrían intervenido, además, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado; María Duarte, exministra de Transporte; Alexis Mera, exsecretario Jurídico, entre otros funcionarios del gobierno anterior.
Según Fiscalía ellos recibían los "aportes", a través de Pamela Martínez y Laura Terán, ex asesora de Correa y ex asistente de la asesora, respectivamente.
En sus testimonios anticipados, ellas admitieron que recibían valores que posteriormente pasaban a ser registrados en un completo sistema de registro, que incluía códigos de identificación, montos, números de facturas, conceptos y saldos.
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