La polémica entre lo que son y pueden ser las guardias indígenas

El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene puesta la mira en las guardias indígenas desde el paro de junio de 2022. La preocupación por las implicaciones que podría tener una deformación en esas estructuras hace que el Ejecutivo piense en la seguridad del Estado.

Las investigaciones policiales al respecto vienen desde el paro de octubre 2019, cuando la Fiscalía inició una investigación previa después del discurso del expresidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien llamó a conformar su propio ejército con excombatientes.

Ahora, la última alerta saltó cuando la Conaie tuvo su consejo ampliado y decidió declararse en "defensa territorial" y llamó a las guardias indígenas comunitarias a estar "en defensa máxima" frente al plan minero gubernamental.

Y el discurso oficial solo ha logrado que los movimientos indígenas reafirmen su derecho a mantener sus propias estructuras organizativas, acordes con la cultura de sus pueblos y nacionalidades.

Después de la primera advertencia de este Gobierno, las guardias indígenas organizaron su primer encuentro nacional, en septiembre de 2022. Ahí se comprometieron a consolidar una "estrategia de resistencia milenaria en sus diferentes expresiones y en todos los territorios ancestrales".

Además, en las mesas de diálogo instaladas entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, la Conaie consiguió que el Gobierno accediera a respetar las guardias indígenas, según la sentencia de la Corte Constitucional y la normativa internacional.

Pero este no es un debate sencillo, como lo aceptó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Aunque puso una clara división entre la actividad comunitaria y la posibilidad de que estos grupos degeneren en fuerzas paramilitares o se utilicen como grupos de choque en las movilizaciones.

¿Qué es la guardia indígena?

Los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades están consagrados en la Constitución y en el derecho internacional, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además, en febrero de 2022, la Corte Constitucional emitió una sentencia a favor de la comunidad A'I Cofán de Sinangoe, ubicada a orillas del río Aguarico, en Gonzalo Pizarro (Sucumbíos). Esto por un conflicto minero, que amenazaba su territorio.

En el documento, se resalta que la creación de una guardia indígena forma parte de los usos y costumbres "y responde a la facultad que tienen las comunidades y pueblos indígenas para la generación y ejercicio de la autoridad dentro de su territorio ancestral".

Y aclara que, con base solo en ese hecho, no se puede considerar per se que exista una policía o milicia paralela. No obstante, deben "siempre respetar y enmarcarse en los límites previstos por la Constitución".

Para ese proceso constitucional se presentaron cerca de 80 amicus curiae, la gran mayoría en respaldo de los pueblos y nacionalidades.

La jurisprudencia alrededor del tema reconoce la relación intrínseca entre las comunidades y sus territorios, su cosmovisión sobre la naturaleza y por ende la necesidad de protegerla.

Por eso, en el caso analizado por la Corte, el derecho de propiedad de la comunidad Cofán

respecto de los territorios ancestrales no proviene del reconocimiento estatal sino del

“uso y posesión tradicional o ancestral de las tierras y recursos”.

Y que, la noción de territorio, "constituye un elemento trascendental para el ejercicio de sus derechos colectivos y medular para su desarrollo y subsistencia". De ahí, el derecho a protegerlo y la obligación del Estado de respetarlo.

En julio de 2022, la Alianza por los Derechos Humanos advirtió que el Gobierno buscaba "posicionar en el imaginario público que las guardias indígenas son 'guerrilla urbana'".

Y citaba la descripción utilizada en su momento de que se trataba de "'grupos violentos de choque que operan en el anonimato y sólo aparecen en movilizaciones', 'financiados por el narcotráfico, la delincuencia organizada y la minería ilegal'".

Según la Alianza, con ese discurso, el Gobierno estaría justificando su objetivo de “desestructurar a la guardia indígena”.

La preocupación

El ministro de Gobierno recordó lo escrito por el actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en el libro 'El Estallido' y sostiene que esa filosofía, de llamar a la anarquía, es parte de lo que preocupa al Consejo de Seguridad Pública (Cosepe).

Este organismo mantiene la alerta sobre lo que podría resultar de las guardias indígenas si éstas se distorsionan o exceden en sus principios y derechos.

Por eso Cucalón advierte que no se puede permitir que cualquier grupo pretenda imponer su ley y su fuerza en territorios ajenos a los de las comunidades. La preocupación recae en "el giro, uso y ejercicio de las guardias indígenas".

El Gobierno tiene previsto tomar acciones frente a esta posibilidad, sin embargo, espera el momento adecuado para ejecutarlas. No quiere generar más roces con el movimiento indígena.