El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, sostiene que muchos legisladores quieren ver al presidente Guillermo Lasso fuera del cargo. La ventaja para el Ejecutivo es que no se ponen de acuerdo en qué pasaría después de conseguirlo.
Después de que la Asamblea aprobara el informe de la comisión del caso Encuentro, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reitera que confían en que la Corte Constitucional (CC) sea el fin de las intenciones de destituir al presidente Guillermo Lasso.
Si los legisladores inician un pedido de juicio político contra el Mandatario, el trabajo de Cucalón se concentrará en evitarlo y en acercar la gestión del Ejecutivo a la ciudadanía, para cambiar la percepción de que el Gobierno no ha hecho ‘nada’.
El nuevo Ministro de Gobierno se siente “como pez en el agua” en el escenario político y por eso apunta también a conseguir varias reformas legales en el Legislativo, especialmente en temas de seguridad y justicia.
Henry Cucalón, en conversación con PRIMICIAS, habló también de la relación con el movimiento indígena y el futuro de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. Así como las preocupaciones del Ejecutivo por la incertidumbre alrededor de la guardia indígena.
¿Cómo ve el escenario en la Asamblea frente a la intención de enjuiciar políticamente al Presidente?
Yo respeto que el Legislativo fiscalice al poder Ejecutivo y que ejerza las atribuciones tendientes a llevar un proceso de enjuiciamiento político. Eso está en la Constitución.
Pero, desde que llegué al Ministerio, he sido muy enfático en que han venido forjando diversidad de escenarios, sin sustento alguno, sino con base en una serie de subjetividades, para poder llegar manosear y adecuar causales que existen en la Constitución y la figura del juicio político.
Es el teatro de lo inverosímil. Debemos ser uno de los pocos países en que primero anunciaste, hace un mes, que ibas a ir un juicio político y no sabías de qué era, ni qué estás investigando, ni cuál es la acusación, ni cuál es la causal.
Enjuiciar a un presidente de la República no es tan abierto como a un ministro de Estado, es un caso de excepción. Y ninguna de las condiciones se ha cumplido.
De todas formas, puede quedar solo en una intención. El proceso formal no ha iniciado.
En un supuesto bastante dable de que lo aprueben (el sábado 4 de marzo), recién ahí ese informe serviría como antecedente para que un asambleísta, conjuntamente con otros 46, presente una demanda.
Pero han ido creando el escenario, una opereta, sin pies ni cabeza, jugando con las causales, van por una, van por otra, meten y sacan cosas.
En ningún momento de la denuncia y de la investigación hay un solo vínculo con el Presidente de la República.
Y, para terminar, posterior a haber hecho el informe, incorporaron al texto final un meme, como prueba para sustentar el enjuiciamiento político. Una declaración de WhatsApp que es falsa… un meme.
Hay quienes están especulando y tratando de pescar a río revuelto.
Pero, aunque se haga mal, al final del día en la Legislatura lo que cuenta son los votos.
Los votos son los que mandan. Pero en el caso de un enjuiciamiento político del Presidente tiene un tipo de control y varias formalidades. Tienes que guardar las formas.
Supongamos que la sinrazón y la irracionalidad, de los que ahora quieren enjuiciarlo por incapacidad mental, sigue ese norte y los votos estén ahí (porque es un escenario que debo ponderar), está el control de la Corte Constitucional.
Hay un control formal, de cómo llegas a la causal. Y el Gobierno tiene plena confianza de que, si esto llega a prosperar, la Corte hará lo que corresponda en derecho.
Lo que resulta evidente es que hay asambleístas que quieren que el Mandatario deje el cargo.
Es obvio que hay un grupo importante de asambleístas que quiere que el Presidente salga. No se ponen de acuerdo en los escenarios, cuál les acomoda mejor a ellos. No les importa el país.
Tienen variedad de opciones, pero no todas les convienen a cada uno.
Parte de nuestras ventajas es que, si bien están de acuerdo en que no quieren al Presidente, unos de forma legal y otros al margen de la ley, no todos están de acuerdo en qué es lo que pasará un minuto después de que eso suceda.
Hay gente que no quiere jugar con las reglas de la democracia y esperar su turno.
Pese a este escenario, el Ejecutivo tiene que llevar una relación con el Legislativo e intentar conseguir reformas legales. ¿Cómo hacerlo?
Las personas que están al borde del desquicio no son la mayoría de la Asamblea.
Y yo tengo una forma distinta al último planteamiento del Ejecutivo, de un gran acuerdo nacional. Yo soy mucho más pragmático, busco acuerdos sobre lo fundamental y aterrizarlos.
Tengo una ruta y he encontrado varios puntos que tienen un hilo en común y tienen que ver con la seguridad ciudadana. Es una unidad de propósitos definida, no etérea.
Una es la reforma parcial a la Constitución. Nos permite tener un mensaje y todos los partidos están de acuerdo con la reforma, pero no saltan porque la presentó el presidente Lasso.
La misma reforma la presentó Rafael Correa y por eso al correísmo se le va a hacer difícil decir que no. Al sociacristianismo, que tiene la teoría de la mano dura, tampoco. Ahí hay un punto de convergencia y muchos votos.
Hay ciertos consensos en el veto a las reformas de seguridad. También en la idea de reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En otros temas no se va a poder. Veo muy difícil el ánimo que existe en la Asamblea para la reforma laboral. Pero nosotros vamos a cumplir con enviarla.
Los temas sociales quedan por fuera.
Han salido cosas en materia legislativa con el apoyo del Gobierno, si no que no son tan rimbombantes.
Pero no todo son reformas legislativas. Tenemos que mejorar el tema de la comunicación, de las vocerías. Por ejemplo, nadie sabe de la inauguración del hospital de Durán.
¿Hay gestión, pero no se comunica?
Tenemos un problema ahí. Y eso es culpa solo de nosotros. En las próximas semanas van a ver un ministro de Gobierno hablando de la gestión de las carteras de Estado.
Y esto tiene que tener un soporte comunicacional y eso se lo dejo a la Secretaría de Comunicación. Hay que volcar al Estado a la cercanía con la gente y acelerar muchas cosas y eso tiene que quedarse, en adelante, con la misma velocidad.
Una vez desactivada esta pretensión revestida de democracia (enjuiciamiento político), tengo que canalizar mis energías en articular el Gobierno y en eso también está el Secretario de la Administración (Sebastián Corral).
Sobre las mesas de diálogo y el movimiento indígena
¿Qué pasará ahora con las mesas de seguimiento, una vez que el movimiento indígena está dividido y la Conaie y la Fenocin han roto el diálogo?
Vamos a mantener esa política, los acuerdos deben ser respetados. La gente lo ve como un tema solo de indígenas y el Gobierno, pero no, yo no lo veo así.
Escuchando a las partes se podrían enfrentar los problemas reales de todo el pueblo ecuatoriano. Muchas de las demandas que presentaron son demandas justas, legítimas. Solo que a veces el planteamiento es etéreo.
La política del Gobierno es continuar con la faceta de seguimiento, por más que una facción de ellos ha roto el diálogo.
La idea es que ahora haya un tercero, de la sociedad civil. Porque hay una disputa de narrativas entre el Gobierno y el movimiento indígena. Ojalá pueda ser la PUCE, para que un imparcial continúe liderando la mesa de seguimiento.
En la disputa de narrativas, alguien debe estar diciendo la verdad.
En mi primera declaración como ministro dije que las declaraciones del señor Leonidas Iza son imprecisas. Un día dijo que no se había cumplido nada y al otro, que se había cumplido el 10%.
Hay unas que están en cumplimiento, hay otras que tienen problemas, pero hay voluntad. De los 218 acuerdos, hay 61 cumplidos, 118 con varias etapas de cumplimiento, 33 con retraso y seis con problemas, es decir, estamos ‘atascados’.
Pero, todo el mundo sigue conversando y ha habido acciones del Gobierno que también le interesan al movimiento indígena. Por ejemplo, la Universidad Amawtay Wasi, estamos bastante bien. Pero eso Leonidas Iza no lo cuenta.
Pese al escenario, ¿las dirigencias de la Conaie, Feine y Fenocin siguen teniendo contacto con el Gobierno?
Sí. Con la Secretaría de Educación Superior, por ejemplo. Todos conversan, Leonidas Iza manda cartas.
Una cosa es el relato y otra la práctica, el diálogo nunca se ha roto.
El problema con la Fenocin es otro, ahora tiene dos presidentes.
Las demandas del sector indígena deben ser siempre un tema permanente para el Gobierno, no solo cuando te aprietan.
Pero todas esas organizaciones acusan al Gobierno de intentar dividir sus estructuras.
Uno habla y responde a quien pide cita. Y para el cumplimiento de los acuerdos, como la acción social del Estado, los gobernadores, los ministros tienen que hablar con la contraparte, con quien esté.
Estos celos entre ellos, estos cálculos, es un problema entre ellos. Ese no es un problema del Estado.
Por ejemplo, en el caso de la Fenocin, ¿no hablamos con el señor Hatari Sarango o no hablamos con el señor Gary Espinoza? Tenemos que hablar con quien sea. El Estado tiene que seguir avanzando.
Ese desencuentro con el movimiento indígena también está atravesado por el discurso presidencial, que los acusa de terroristas o de estar financiados por el narcotráfico.
Sí, se dio a raíz del paro de junio, pero no se ha terminado de desarrollar la tesis de que hubo dinero de financiamiento irregular. El tipo de vandalismo está ahí. Eso tiene que ver con informes de inteligencia.
El hecho está ahí, pero para llegar a establecer responsabilidades yo soy mucho más frío y cuidadoso.
Y ese es uno de los temas que nos tiene en esta (no quisiera decir) guerra fría, en torno a una movilización de levantamiento, no de protesta. No a la del glorioso conmemorativo del 8M, o la que haga el Frente Unitario de Trabajadores, o la de la Conaie del 28 de marzo.
¿Quién puede objetar eso? Eso es normal, son ejercicios de expresión ciudadana. Es más, voy a recomendar a la Policía que no salga, solo que resguarde edificios públicos, para evitar cualquier tipo de confrontación.
Pero el fantasma del paro está sobre la mesa.
Pero en muchas partes del liderazgo indígena no están en la línea de hacer el levantamiento este de cerrar carreteras, de que no lleguen medicinas a Cuenca, de que dejar sin productos a toda la Costa.
Es mi impresión, no digo que no se vaya a dar, que hasta ellos saben que no es lo más conveniente.
Mi percepción es que ellos quieren que el Presidente se vaya, sin necesidad de llegar a eso. Igual que algunos asambleístas, quisieran que se vaya sin la necesidad de seguir haciendo el ridículo.
Una vez que tú haces la marcha, que se trasforma en levantamiento, que se torna en paralización violenta y vandalismo, que hay dinero metido y que hay agentes violentos (que ellos dicen que son infiltrados), el hecho es que están ahí.
El Gobierno puso, además, la mira sobre las guardias indígenas, ¿sigue siendo esto una preocupación?
Se mantiene la preocupación por las guardias indígenas. No porque no se pueda reconocer los diversos niveles de autonomía, reconocidos inclusive en la Constitución, por el concepto de la interculturalidad.
Pero, dados los antecedentes filosóficos, que inclusive los dejan por escrito ciertos integrantes, ese tema ha sido tratado en el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe), que transciende al Presidente de la República.
El tema es que cuidado y tienes el germen, la génesis, de un sistema casi paramilitar.
Una cosa es la guardia indígena para defender su comunidad, con sus propias reglas y fallos de la Corte Constitucional acerca de la justicia indígena.
Y otra cosa es que estos sirvan para estar armados y eso es una forma paramilitar, sin duda alguna, e imponer su ley y la fuerza, inclusive en otros territorios.
Una cosa es el respeto a la cosmovisión y otra es creerse un estado dentro de otro Estado.
Y esa es una preocupación que tiene el Cosepe: cuál es el giro, uso y ejercicio de las guardias indígenas.
¿Qué hacer frente a esa preocupación?
Va a haber varias acciones, pero ahí viene un tema de ‘timing’. Si se hacen ahorita, ya se imagina lo que va a pasar. Tienen que ser muy meditadas para impedir que esto, que tiene una lógica, se salga de las manos.
No podemos permitir paramilitares. Una cosa es la guardia indígena para la comunidad y otra tu propia guardia indígena que la utilizas para los paros y los levantamientos.
El tema de las guardias indígenas mal utilizadas puede ser una amenaza para la seguridad del Estado.
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