¿Es posible el retorno de Rafael Correa a la política ecuatoriana?

Política

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

28 May - 11:18

El expresidente Rafael Correa durante una ceremonia oficial en 2017. - Foto: Presidencia

¿Es posible el retorno de Rafael Correa a la política ecuatoriana?

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

28 May - 11:18

El expresidente anunció que podría regresar en 2021 como candidato a la vicepresidencia, o encabezando la lista de asambleístas nacionales. Su actual movimiento Fuerza Compromiso Social tuvo un buen desempeño en las seccionales de marzo de 2019. Correa tiene al menos 11 investigaciones en la Fiscalía y una orden de prisión preventiva. Sin embargo, la vía electoral le regresaría su inmunidad ante la justicia.

El expresidente Rafael Correa anunció que su futuro político no está cerrado, como había dicho en 2017, cuando dejó la presidencia. Lanzarse como candidato a la vicepresidencia o encabezar la lista de asambleístas nacionales son las opciones que el exmandatario baraja. Sin embargo, está involucrado en 11 procesos penales y tiene orden de prisión.

El anuncio se dio pocas semanas después de proclamados los resultados de las elecciones seccionales. En estas, el movimiento de Correa, Fuerza Compromiso Social, obtuvo una importante votación y se consolidó como segunda fuerza electoral.

“Lo importante es cumplir con el rol histórico de recuperar la patria (…). Mi deseo fue retirarme de la política, pero si tengo que regresar, yo puedo ir de vicepresidente o a la Asamblea. Tratar de ganar esas elecciones, y desde ahí organizar una Asamblea Constituyente y recuperar la patria”, dijo Correa en entrevista con EFE.

Correa ya no puede lanzarse nuevamente para la Presidencia. La consulta popular de febrero del 2018, que eliminó la figura de reelección indefinida, cerró la puerta a la oportunidad del ex presidente de volver a ser el jefe del Ejecutivo.

Correr para la vicepresidencia o como asambleísta, en cambio, son opciones realizables. Pero un retorno del expresidente es complejo. En su contra pesa una orden de prisión dentro del caso de Fernando Balda, por presunto secuestro. Además, está vinculado en 11 investigaciones previas en la Fiscalía General del Estado.

Estas investigaciones, sin embargo, no son un impedimento para que presente su candidatura. Para que se prohíba la inscripción de un candidato, es necesario tener una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Este no es el caso de Correa.

La candidatura, ¿una vía para conseguir inmunidad?

Si Rafael Correa llega a inscribir su candidatura para la vicepresidencia o para la Asamblea Nacional, inmediatamente gozará de una especial inmunidad que no permitiría su detención. Y en el caso de ganar, la inmunidad se extendería para nuevos procesos penales. Sin embargo, el camino para esto es complicado.

Antes de inscribir la candidatura, las organizaciones políticas deben proclamar éstas en presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato debe estar presente en el acto público, y la aceptación de la candidatura es “indelegable” y “personalísima”. Es decir que para que se pueda inscribir una posible candidatura de Correa, él debería estar presente en el acto de proclamación frente a un delegado del CNE.

Este requisito es necesario para que, una vez que se presente la candidatura, esta sea aceptada e inscrita por el CNE. Esto quiere decir que, antes de inscribir una posible candidatura de Correa, él debería estar en Ecuador para aceptarla.

La orden de prisión es el principal impedimento para que el expresidente regrese al país, con lo que la aceptación de la candidatura enfrenta un obstáculo importante.

Solo en el caso de que la candidatura llegara a aceptarse y a inscribirse en el CNE, Correa gozaría de inmunidad, al menos durante la época electoral.

El Código de la Democracia determina que los candidatos “no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.

Esta inmunidad no es absoluta, a criterio de Fausto Camacho, exvocal del CNE. “El espíritu de la inmunidad en época electoral tiene que ver con las actividades del candidato y que no se use la justicia para evitar que se haga campaña”, sostuvo.

De ser electo, el enjuiciamiento penal del vicepresidente debe ser autorizado por la Asamblea Nacional. De ser electo asambleísta, queda el camino de levantar la inmunidad parlamentaria. Estos escenarios dependerían de la fuerza que el partido de Correa tenga en las elecciones.

Los procesos judiciales que enfrenta Correa

El expresidente está vinculado a un proceso penal y es parte de 11 investigaciones previas, según la Fiscalía, aunque ha recibido más denuncias. La mayoría de ellas han sido iniciadas después de que salió del poder en 2017.

Correa estuvo en Ecuador por última vez en noviembre de ese año. Desde el exterior, ha denunciado que en su contra se impulsa un proceso para dejarlo fuera de la contienda electoral a través de la vía judicial.

  • El caso Balda por secuestro

    Rafael Correa fue vinculado en junio del 2018 al caso por presunto secuestro de Fernando Balda, exasambleísta alterno por Sociedad Patriótica. En julio, en vista de que Correa había incumplido la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Justicia, la jueza Daniela Camacho emitió una orden de prisión preventiva en su contra.

  • Segunda investigación en el caso Balda

    El expresidente también es investigado por la Fiscalía por supuesto delito de peculado en el caso Balda. La indagación se centra en el presunto mal uso de recursos públicos para rentar el auto en Colombia con el que se habría secuestrado al exasambleísta alterno.

  • Denuncia de fraude procesal en el caso González y otros

    Los policías del caso González y otros, acusados de desaparición forzada en el asalto a una farmacia en Guayaquil, denunciaron a Rafael Correa y otros exfuncionarios de su Gobierno de supuesto fraude procesal. La indagación se abrió en septiembre de 2018. La acusación sostiene que el Gobierno escondió a un testigo.

  • Peculado en la Seguridad Social

    Henry Llanes, dirigente de los beneficiarios de la Seguridad Social, presentó en enero una denuncia contra Correa por el mal manejo de los recursos del IESS. El argumento presentado es que las reformas generaron un déficit que afectó al Instituto en más de USD 15 millones.

  • El manejo de los Certificados de Tesorería

    Un examen especial de Contraloría aprobado en abril de 2018 estableció responsabilidades penales por el mal manejo de los Certificados de Tesorería (Cetes) entre 2016 y 2017. Entre las irregularidades detectadas, se destaca que los certificados se emitieron con plazos mayores a los que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

  • La auditoría de la deuda

    La Contraloría remitió a la Fiscalía un informe de indicio de responsabilidad penal como parte de un examen realizado a las fuentes y uso de la deuda interna y externa, entre 2012 y 2017. Se inició la investigación previa por este caso en abril de 2018, por el presunto delito de peculado. El examen de Contraloría determina que hubo un endeudamiento discrecional a través de la modificación de la normativa.

  • La denuncia del Transitorio por la Refinería

    En febrero del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) Transitorio presentó los resultados de una investigación sobre la Refinería del Pacífico. El informe determinó que hubo abuso de recursos públicos y favorecimiento a empresas chinas. La denuncia es por presunto peculado.

  • La denuncia por robo calificado de Villavicencio

    En noviembre del 2018, el activista político Fernando Villavicencio denunció al expresidente por robo calificado, tras el allanamiento a la vivienda de este último en diciembre del 2013, dentro de un proceso penal por supuesta publicación de información de circulación reservada. Villavicencio y el exasambleísta Cléver Jiménez fueron declarados inocentes en este caso.

  • Actos de odio contra capitán Ortega

    El capitán Edwin Ortega acusó al exmandatario de “actos de odio”, en noviembre de 2017, por la supuesta persecución disciplinaria y política que sufrió en 2016. Ese año, el capitán Ortega fue investigado disciplinariamente dentro de la Armada por presuntamente haber ofendido al expresidente Rafael Correa, en un correo electrónico.

  • Investigación por el uso de los aviones presidenciales

    En abril del 2019, la Fiscalía anunció que se inició una investigación previa por el uso de los aviones presidenciales en el Gobierno anterior. Los aviones Legacy y Falcon 7X, según un informe de Contraloría, realizaron viajes a paraísos fiscales en los que no se reportaron pasajeros.

  • Acusación de delincuencia organizada en el Gobierno

    El exasambleísta César Montúfar presentó en marzo de 2018 una denuncia por delincuencia organizada en contra de Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, José Serrano, Diego García, Galo Chiriboga, Carlos Baca y Carlos Pólit.

    Según Montúfar, su denuncia se basa en que, durante el gobierno de Correa, la corrupción pasó a ser un esquema institucionalizado.

  • Tráfico de influencias en la justicia

    Dirigentes de Pachakutik y Unidad Popular denunciaron al expresidente y a Gustavo Jalkh, expresidente de la Judicatura, por supuesto tráfico de influencias y fraude procesal en la administración de justicia. El exasambleísta Cléver Jiménez presentó la denuncia en septiembre de 2017. Señaló que la falta de independencia de la Justicia fue coordinada por los denunciados.

  • Los aportes de las FARC a la campaña

    En abril de 2018, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, presentó una denuncia ante la Fiscalía. La base es una entrevista a un testigo protegido realizada por CNN, en la que un exguerrillero de las FARC no identificado aseguró haber aportado a la campaña presidencial de Correa.

  • Fraude procesal en el 30-S

    Mery Zamora, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), denunció a Correa y al ex fiscal general Galo Chiriboga por el delito de fraude procesal. Para Zamora, quien fue acusada de terrorismo durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, ella fue parte de una “persecución política” de parte del anterior Gobierno.

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