Seis empresas, una sola red de corrupción en la prefectura de Guayas

Alrededor del ahora investigado prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, hay una red de seis empresas de papel que tienen gerentes, accionistas, contadores y hasta el mismo número de teléfono en común.

Una empresa de papel es aquella que sólo existe en los registros, más no en la vida comercial y empresarial normal y generalmente se usan para ocultar dinero.

Los hilos de la presunta telaraña de corrupción encabezada por Morales se extienden hasta su propia esposa, Sandra Arcos, quien maneja Recreate Comunicaciones, una de las compañías involucradas en la trama de corrupción que sacude al país.

También hay señalamientos al exesposo de Arcos, Xavier Vélez Velásquez, quien es propietario de otra empresa de la red, llamada Talleres Multimarcas S.A.

En la siguiente infografía, puede dar clic en los íconos para conocer las seis empresas vinculadas al escándalo:

Fantasmagóricos

En la misma Talleres Multimarcas S.A. figura como accionista Xavier Velez Arcos, hijo de Sandra de Morales. A este último el prefecto lo denunció ante la Fiscalía por supuesta participación en los contratos con sobreprecio para la venta de insumos médicos en plena pandemia de Covid-19.

Morales se refirió a esa denuncia en un video publicado en sus cuentas de redes sociales. "Incluyo el establecimiento de responsabilidades de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa".

El Prefecto prometió colaborar con la Fiscalía. "No soy ladron, ni protejo o solapo ladrones", insistió.

¿Cómo operaría la supuesta red de corrupción?

Según la Fiscalía, que investiga a Morales por el delito de tráfico de influencias, el modus operandi era la creación de compañías fantasma o de papel.

Mediante estas compañías la red habría obtenido contratos con la Prefectura del Guayas en la emergencia sanitaria por Covid-19.

Un desaparecido y un detenido  

Al menos 15 contratos ha firmado la Prefectura de Guayas en la emergencia sanitaria. Entre ellos está la adjudicación para un estudio estadístico de Covid-19 a la empresa Zerasamiz S.A. por USD 80.000.

Esta empresa, registrada en la Superintendencia de Compañías para realizar actividades de contabilidad, tiene por gerente a Hermelindo Velázquez Castro, de 76 años, y cuyo paradero se desconoce.

Al estirar los hilos del entramado aparece Daniel Ignacio Romero Flores, quien es accionista de Impoferrcorp S.A., cuya principal actividad es la enseñanza.

Romero Flores es uno de los siete detenidos tras el operativo de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, el 3 de junio en Guayaquil. Pero por decisión del juez no guarda prisión preventiva, sino que ahora porta un brazalete electrónico.

Se vende empresa falsa

La exsuperintendente de Compañías, Suad Manssur, explica que desde 2014 se pueden constituir empresas vía electrónica en Ecuador. A partir de 2019, y tras una reforma legal, ya no se requieren los servicios de un notario.

Esa simplificación de trámites, dice Manssur, se hizo para impulsar a los emprendedores, pero fue aprovechada por otros intereses. La exfuncionaria aclara que las empresas de papel han existido siempre.

“Hay abogados que venden empresas con los accionistas” incluidos, advierte Manssur.

Según la abogada, combatir la corrupción no pasa por hacer más complicado el proceso de creación de empresas, sino por una mejora de los controles posteriores a la creación de las empresas.

“Es posible hacer sistemas para identificar qué empresas tienen las mismas facturas”, agrega Manssur.

Proveedores investigados 

Otro de los contratos adjudicados por la Prefectura fue por USD 143.000 a Mary Ariana Mendoza Muñoz, para la provisión de equipos de protección para Covid-19.

Mendoza Múñoz aparece en el listado de siete detenidos por la Fiscalía en la indagación de tráfico de influencias.

También como contratista del gobierno provincial se encuentra Ana Alexandra Guacho Amaya, quien ha suscrito dos convenios con la Prefectura por más de USD 1,3 millones.

En el caso de Guacho Amaya, persona natural, fue contratada para proveer de equipos de fumigación y del químico para desinfectar calles y carreteras conocido como amonio cuaternario.

Ambas contratistas fueron detenidas tras los allanamientos, luego salieron en libertad por decisión del juez, pero tienen prohibición de salir del país.