La reforma a la justicia se vuelve, otra vez, una prioridad del poder Ejecutivo

"Está fallando la justicia en Ecuador", así resumió el presidente Guillermo Lasso lo que está ocurriendo con la Función Judicial en el país y planteó un antecedente para justificar una nueva reforma al sistema.

En una entrevista con Ecuavisa, el Presidente enumeró dos factores, que a su criterio, dan cuenta la crisis que está atravesando la justicia ecuatoriana.

• Las decisiones de Estados Unidos de retirar visas a altos mandos policiales y a jueces está convirtiéndose en un sustituto de la acción de una justicia ineficiente para sancionar la corrupción, dijo el Presidente.
• La inseguridad ciudadana deviene de falencias en la justicia y en el sistema penal como el abuso de la prisión preventiva.

Ante eso, el presidente Lasso aseguró que ha empezado conversaciones con expertos en el área y que ha llegado a la conclusión de que es necesario pedir asistencia internacional "para volver a hacer una reforma a la justicia" a través de una consulta popular.

Lasso sugirió el respaldo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y al Banco Mundial, para emprender esta tarea.

Aunque el Presidente no anunció una fecha concreta, se prevé que la referida consulta coincida con las elecciones seccionales previstas para inicios de 2023 y que apunte a tres áreas en concreto:

• Diseño y arquitectura institucional de la justicia.
• Evaluación de jueces.
• Reformas penales.

Propuestas y planes

Desde que asumió el poder es la primera vez que Lasso habla de una reforma judicial a través de una consulta popular. Pero esta no es una idea nueva para el Mandatario y su círculo.

En el plan de campaña con el que ganó las elecciones, Lasso ya dejó explícita su intención de hacer cambios a la justicia.

Para lograr mejoras en la seguridad jurídica debemos trabajar en la reforma al Consejo de la Judicatura.

Plan de Trabajo Alianza 21-6

Al igual que en el reciente anuncio, en campaña Creo hablaba de "cambiar los procesos de designación, distribución, sanción y destitución de jueces". Además, de mejorar los tiempos de resolución de casos.

Este objetivo también se trasladó al Plan de Desarrollo 2021-2025 que aprobó el Gobierno. Según ese documento, una de las metas hasta el final de la administración es aumentar la tasa de resolución de causas judiciales de 0,84 a 1,06.

Tras las declaraciones presidenciales sobre la necesidad de una reforma judicial vía consulta popular, las autoridades del Consejo de la Judicatura todavía no se han pronunciado.

Mientras que el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, dijo en una entrevista en Teleamazonas que estaría de acuerdo en una reforma constitucional de la estructura del sistema de justicia ecuatoriano.

Saquicela considera que los temas a consultar deben debatirse previamente.

Anteriormente, la CNJ ya planteó algunas reformas legales sobre la justicia. Una de las propuestas es que las contravenciones de tránsito que no generen muertes, incapacidades permanentes o graves se traten en el ámbito civil, con conciliaciones, y no compliquen al área penal.

Además, ya que gran parte de los detenidos por delitos de drogas son consumidores. Plantea la creación de las cortes especializadas en drogas, que ya existen en otros países.

Así estas personas pueden declararse adictos y pasan a formar parte de un sistema de rehabilitación, que ya no tenga que ver con la justicia penal y el sistema carcelario.

¿Otra 'metida de mano' a la justicia?

"Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano", así defendía el expresidente Rafael Correa a la consulta popular que lideró en 2011 para reformar la justicia.

En esa ocasión, el entonces Presidente propuso varios cambios legales y constitucionales. Por ejemplo, planteó cambiar los plazos de la prisión preventiva y los parámetros de las medidas sustitutivas.

Mientras que a nivel constitucional, con la consulta popular se cambió la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) a la manera actual. Con cinco integrantes, representantes de diversas entidades como la CNJ, la Fiscalía y el Ejecutivo.

Hasta nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, nombró una polémica entidad transitoria.

En 2018 el expresidente Lenín Moreno también sometió a consulta popular temas inherentes a la justicia. Por ejemplo, estableció la muerte civil para los sentenciados por actos de corrupción.

Pero el mayor cambio estuvo relacionados con la destitución de los entonces vocales del Consejo de Participación Ciudadana y, en su lugar, se nombró un Consejo transitorio (Cpccs-T).

Esa instancia temporal evaluó y destituyó al Consejo de la Judicatura, nombró uno transitorio y posteriormente al Consejo de la Judicatura definitivo, que es el que está en funciones hasta la actualidad.

A su vez, ese nuevo CJ evaluó y cesó a 26 jueces y conjueces nacionales.