Dos recientes sentencias declararon la inconstitucionalidad e ilegalidad del proceso. Los exjueces no se detendrán y planean acudir ante la Corte IDH.
Primero fue la Corte Constitucional (CC). El 21 de diciembre de 2021, ese organismo declaró la inconstitucionalidad del reglamento con el que el Consejo de la Judicatura (CJ) inició la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La CC determinó que la evaluación no respetó los tiempos legales. Ese proceso devino en la destitución de 26 jueces y conjueces.
Nueve días después, el 30 de diciembre de 2021, el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó una apelación presentada por los jueces destituidos, dando paso a una acción de protección que los exmagistrados presentaron en mayo de 2020.
El Tribunal declaró la vulneración de varios derechos constitucionales de los destituidos. Entro otros, el “debido proceso en el derecho a la inmovilidad de los jueces y conjueces elegidos para un periodo fijo”.
El 15 de octubre de 2019, el Consejo de la Judicatura confirmó la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional. Los cesados no aprobaron la evaluación que fue realizada por un Comité Evaluador, conformado por 18 académicos y juristas.
A la Corte IDH
Aunque ya consiguieron dos sentencias favorables en el país, los 23 jueces y conjueces destituidos no dan por terminado su camino legal en busca de una reparación.
Richard Villagómez, uno de los conjueces de la Sala Penal de la CNJ que fue separado del cargo, explicó a PRIMICIAS que ambas sentencias locales son complementarias.
Por un lado, la CC determinó la inconstitucionalidad del proceso, mientras que el Tribunal provincial declaró la violación de los derechos de los jueces, lo que vuelve al proceso ilegal.
Ambas sentencias determinaron el pago de una indemnización a los exmagistrados. La justicia contencioso-administrativa deberá fijar los montos.
Aunque la Corte Provincial adelantó que el cálculo debe hacerse en función de los sueldos y beneficios de ley que han dejado de percibir y los períodos fijos que les correspondía a cada uno en sus cargos.
Sin embargo, para Villagómez ambas sentencias son incompletas. Por esta razón, ya están preparando una demanda internacional en contra del Estado para presentarla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El objetivo es que la Corte IDH los restituya en sus puestos, lo cual no fue incluido en los fallos locales.
¿Sentencias en riesgo?
En 2019, cuando se concretó la destitución de los magistrados, la Judicatura nombró 26 conjueces temporales que asumieron los despachos durante 15 meses.
En febrero de 2021, en cambio, se posesionó a 11 jueces y conjueces titulares que ganaron un concurso. Además, está pendiente un nuevo proceso para el resto de vacantes.
Estos magistrados asumieron decenas de casos y dictaron sentencias. La pregunta es: ¿Qué ocurrirá con esas sentencias en caso de que la Corte IDH restituya a los destituidos?
Villagómez dice que esa es una duda prematura y que hay que esperar el razonamiento de los jueces del Sistema Interamericano.
Pablo Encalada, abogado penalista, recuerda que en el ámbito de la Corte IDH ya hay jurisprudencia al respecto. En 2014, ese organismo sentenció a Ecuador por la destitución de los jueces de la extinta Corte Suprema.
Si bien se declaró que la destitución fue ilegal y la Corte IDH ordenó el pago de una reparación, no dio paso a la restitución de los magistrados porque eso sería ir en contra de la seguridad jurídica del país.
Sin embargo, dice Encalada, es probable que haya sentenciados por los jueces temporales o los nuevos titulares que quieran usar este caso como arma para buscar la nulidad de esos fallos.
En la lista de sentenciados por los jueces temporales está el expresidente Rafael Correa. PRIMICIAS consultó a uno de sus abogados que harán al respecto y respondió que no se pronunciará para no revelar detalles de la estrategia de la defensa a nivel internacional.
Aunque, a nivel político, el correísmo ya prepara una reacción. Paola Cabezas, coordinadora del bloque de la Revolución Ciudadana, confirmó que el asambleísta Fausto Jarrín, también abogado de Correa, está preparando un pedido de juicio político en contra de los vocales de la Judicatura y que lo presentará la próxima semana.
Ampliación y acción de protección
Ante las dos sentencias, el Consejo de la Judicatura tomó acciones legales inmediatas. Sobre el fallo de la CC, la entidad presentó un recurso de aclaración y ampliación que no interrumpe la ejecución del fallo.
Respecto a la sentencia de la Corte Provincial, en cambio, el CJ indicó que presentará una acción extraordinaria de protección, ya que considera que ese fallo va contra el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, explicó que la CC reconoció la facultad del CJ para evaluar a los jueces y conjueces de la CNJ.
Por lo que no existe “vulneración alguna a los derechos de las y los exjueces y exconjueces que no superaron la evaluación de desempeño”.
Además, la vocal Ruth Barreno denunció supuestas irregularidades en la sentencia de la Corte Provincial. Esto porque el fallo habría sido firmado por una jueza que en esa fecha tenía licencia de vacaciones y que, por lo tanto, actuó cuando su jurisdicción estaba suspendida.
#CJInforma | La @PresidentaCJ reiteró que el proceso de evaluación a jueces y conjueces de la #CNJ, por parte del #CJ respondió a un dictamen constitucional. pic.twitter.com/bsbqgMBp7W
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) January 3, 2022
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