La Corte Constitucional (CC) sentenció al Estado a un pago compensatorio por la destitución de 26 jueces, en 2019. En dos casos anteriores, el país desembolsó sumas millonarias.
Según el fallo de la Corte Constitucional, la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura (CJ) a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) -que devino en la destitución de 26 jueces y conjueces– no respetó los tiempos establecidos en la Constitución y eso la hizo “incompatible con la seguridad jurídica“.
La norma dice que la CJ puede evaluar y, eventualmente, destituir a magistrados cada tres años, conforme a la renovación parcial de la CNJ.
Por esta razón, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 10-2019 de la Judicatura con la que se expidió el reglamento de la evaluación por fuera de ese plazo. El caso se originó en una acción presentada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.
Y la sentencia de la CC se aprobó el 21 de diciembre de 2021.
El fallo aclara que la sentencia no tiene efecto a futuro. Es decir, no incide en los procesos para elegir a los reemplazantes de los jueces destituidos. Y los destituidos no se reintegrarán a sus cargos.
Apenas se concretó la destitución, la Judicatura nombró 26 conjueces temporales que asumieron los despachos durante 15 meses. En febrero de 2021, en cambio, se posesionó a 11 jueces y conjueces titulares que ganaron un concurso. Y está pendiente un nuevo proceso para el resto de vacantes.
Finalmente, la sentencia de la Corte Constitucional dispuso un pago reparatorio para los jueces destituidos durante la evaluación y posterior destitución.
El cálculo del monto de la indemnización y de los beneficiarios estará a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Indemnizaciones millonarias a jueces
Si bien todavía no se conoce el monto que el Estado deberá pagar a los 26 jueces y conjueces cesados en 2019, ya existe jurisprudencia internacional al respecto.
En 2013 y 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a Ecuador por el cese de jueces del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
Por ambos casos, el Estado ecuatoriano pagó a las víctimas USD 14,3 millones.
En el caso Camba Campos, los perjudicados fueron ocho exjueces. Es decir, la indemnización corresponde a unos USD 275.000 por cada uno, en promedio. Y en Quintana Coello las víctimas fueron 21 exmagistrados y la indemnización fue de unos USD 570.000 por cada uno.
‘La sentencia abre paso a impugnaciones’
Santiago Basabe, politólogo y docente de la Flacso, explica que, si bien son tres los casos en los que el Estado ha sido sentenciado por destitución de jueces, este último es diferente.
En los casos Camba Campos y Quintana Coello, dice el especialista en sistemas de justicia, la justicia internacional sentenció a Ecuador por destituciones operadas por el poder político: ambas fueron ejecutadas por el Congreso Nacional, sin que entre sus atribuciones esté el cese de jueces.
Mientras que en el proceso de destitución de 2019, dice Basabe, la Judicatura sí tiene la facultad de evaluar y destituir jueces. Y eso lo deja claro la Corte Constitucional en su fallo.
“Hay dos factores que ocasionan la sentencia: la falta de experticia sobre cómo evaluar jueces y la falta de decisión política de la Judicatura para hacer las cosas bien”
Santiago Basabe
Luego de conocerse la sentencia, la Judicatura aseguró que la evaluación fue producto de un exhorto hecho por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Pero, Basabe considera que eso solo es una excusa, ya que el Consejo de la Judicatura pudo acoger el exhorto pero hacerlo dentro de los tiempos constitucionales.
Ahora, para Santiago Basabe, si bien esta sentencia no ordena la restitución de los jueces destituidos ni la anulación de los nombramientos de los reemplazantes, si abre el espacio para que se impugnen sentencias que se dictaron en esta época.
Por ejemplo, el fallo de la CC da espacio para la tesis correísta de que el caso Sobornos -en el que el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel- fue juzgado por un tribunal irregular.
En ese caso, el juez ponente fue Iván León, uno de los 26 conjueces temporales que asumieron luego de la destitución.
Por esta razón, apenas conocida la sentencia de la Corte Constitucional, Correa y sus simpatizantes ya empezaron a hablar de este caso en las redes sociales. Incluso, Fausto Jarrín, exabogado de Correa y actual asambleísta, colgó un video explicando su versión del caso.
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