Los procesados buscan anular el caso penal por los helicópteros Dhruv

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito, se instaló la audiencia intermedia del proceso por peculado. 18 personas son procesadas por, presuntamente, causar un perjuicio al Estado.

Según la normativa penal ecuatoriana, en esta audiencia, la Fiscalía debe mostrar al juez el resultado de la investigación. Es decir, anunciar las pruebas que practicará en un eventual juicio. Y con base en esos indicios, el magistrado Luis Rivera decidir qué procesados serán juzgados.

Sin embargo, y tras las primeras seis horas de audiencia, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría, como partes acusadoras, han podido empezar a mostrar sus pruebas.

Antes de entrar a esta parte, Rivera debe declarar válido todo lo actuado en el proceso hasta esta etapa. Pero, los abogados de los 18 procesados se oponen: todos piden que el caso se anule.

Los argumentos

Cada uno de los 18 procesados, representados por sus abogados, tuvieron 10 minutos para presentar los supuestos vicios de nulidad.

Sebastián Cáceres, abogado del exministro Wellington Sandoval, por ejemplo, aseguró que existe una violación al derecho a la defensa porque, hasta hoy, no ha podido conocer los elementos individuales por los que se imputa a su defendido.

Jorge Huilcapi, abogado de Javier Ponce, otro exministro procesado, en cambio, solicitó el archivo definitivo de la causa. Argumentó que el proceso se da con base en la norma del Código Penal que fue derogado en 2014.

Esa ley exigía un informe con indicios de responsabilidad penal como requisito para el inicio de una investigación de este tipo. Y al no existir este informe, el caso no tendría validez.

Hasta cerca de las 15:00, intervinieron todos los abogados de la defensa. Uno de los argumentos en común para buscar la nulidad fue un supuesto error de la Fiscalía en la manera en la que se reabrió el caso.

En abril de 2016, el entonces fiscal General, Galo Chiriboga, ordenó el archivo de la investigación por la compra de los helicópteros Dhruv. Aseguró que no había elementos suficientes para presumir el cometimiento de un delito.

Sin embargo, en 2020, la fiscal Diana Salazar solicitó la reapertura de la investigación. Entre otras cosas, argumentó que, para ese momento, ya no era necesario el informe con indicios de responsabilidad penal.

Finalmente, el 23 de diciembre de 2020, el exconjuez temporal Iván León dio paso a la reapertura. Aunque, según la mayoría de abogados, los ahora procesados no fueron notificados y no pudieron defenderse en esa audiencia. Eso ocasiona una nulidad y el proceso debe volver a la fase de investigación, dijeron.

Luego de la intervención de las 18 defensas, el juez Luis Rivera suspendió la audiencia. La diligencia se reinstaló a las 17:00 del 25 de julio. La Fiscalía y la Procuraduría tendrán dos horas y media, cada una, para responder a los pedidos de nulidad de los procesados.

La respuesta de la Fiscalía

Una vez reinstalada la audiencia, Diana Salazar, fiscal General del Estado, empezó a responder una a una las alegaciones hechas por los abogados al solicitar la nulidad.

Según Salazar, ninguna de las defensas técnicas ha logrado justificar que se hayan vulnerado los principios de especificidad, trascendencia y convalidación, para que el proceso sea susceptible de nulidad.

Por ejemplo, sobre lo expresado por el abogado de Sandoval, respecto a una supuesta vulneración del derecho a la defensa, dijo que basta con revisar el acta de la audiencia de formulación de cargos para comprobar que se ha especificado los elementos por los que el exministro de Defensa está siendo procesado.

En el caso de Sandoval, explicó Salazar, se le formuló cargos por sus actividades como ministro de Defensa, entre 2007 y 2008. Tiempo en el que compartió la presidencia de la Honorable de Junta de Defensa Nacional. En esos puestos, dijo la funcionaria, aprobó "sin motivación" la resolución de la declaratoria de emergencia para la compra de helicópteros.

Respecto al pedido de archivo del caso hecho por Javier Ponce, debido a la inexistencia del informe de indicios de responsabilidad penal (IRP), la Fiscal General indicó que en 2019, la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad del IRP como requisito para el inicio de acción penal.

Ante los múltiples pedidos de nulidad por falta notificación a los procesados para su participación en la audiencia de reapertura del caso, Salazar aseguró que públicamente y por los canales oficiales, la Fiscalía solicitó a la Corte la realización de esa diligencia.

Explicó, además, que la ley faculta a la Fiscalía a solicitar la reapertura de las investigaciones cuando haya nuevos elementos, como sucedió en este caso.

Pero, el COIP no establece ningún otro parámetro para la convocatoria y realización de esta audiencia. Es decir, no había obligatoriedad de notificar a los procesados. Sin embargo, dijo que en el expediente consta la constancia de la notificación que sí realizó la Sala Penal de la Corte Nacional a los procesados que habían señalado casillero judicial.

USD 63 millones de perjuicio

Más de una decena de exfuncionarios entre ellos dos conocidos exministros de Defensa de la administración de Rafael Correa, además de tres exjefes militares, enfrentan los cargos por presunto peculado en el caso de la compra de helicópteros defectuosos fabricados en la India.

A ellos se suman cuatro integrantes del Comité de Contrataciones de la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) y seis miembros de la Comisión de Análisis de Ofertas. Así como el representante de la empresa que vendió las aeronaves.

Trece años después de la compra de siete helicópteros, el Ministerio Público persigue a los presuntos responsables de un perjuicio millonario en contra del Estado Ecuatoriano.

El contrato para adquirir los helicópteros fue firmado con la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), por un valor de USD 45,2 millones.

El pago por seguros de los helicópteros, que están parados, y por las reparaciones a las familias de las víctimas mortales y de los heridos ha significado al Estado el pago de otros USD 11,7 millones.

Por esto, la Fiscalía, a través de una pericia, ha cifrado en USD 63,2 millones el perjuicio causado al país por este caso.

Al final cuatro de los siete helicópteros se accidentaron entre 2009 y 2015, ocasionando la muerte de tres soldados.

Mientras que los tres helicópteros que no se estrellaron no están operativos y, por un impedimento judicial, tampoco se han podido vender.