El caso por el 30-S y el de la compra de los helicópteros Dhruv se reabren luego de más de 10 años y de ser archivados durante el Gobierno correísta.
El uno ocurrió en 2008, el relacionado con la compra de siete helicópteros Dhruv. El otro sucedió en 2010, y se refiere a la revuelta policial que se dio el 30 de septiembre de ese año.
Aunque son hechos que no guardan relación entre sí, los procesos penales tienen coincidencias. Ambos permanecieron mucho tiempo en etapas previas a la investigación penal, y al final del camino se diluyeron.
En el caso de los siete helicópteros Dhruv, que fueron adquiridos por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en 2008 y estuvieron en vueltos en varios accidentes, la demora se debió a una limitación legal.
En 2016, la Contraloría, en ese tiempo dirigida por el hoy prófugo Carlos Pólit, realizó un examen a la compra de esas aeronaves y no encontró indicios de responsabilidad penal. Sin ese requisito, el proceso penal no podía seguir y se archivó por pedido de la Fiscalía, en ese entonces liderada por el correísta Galo Chiriboga.
En cuando al 30-S, el proceso reabierto es uno de los muchos que se iniciaron tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que el Gobierno calificó como intento de golpe de Estado. Se relaciona con la muerte del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Pachi y Jacinto Cortez.
Este caso duró nueve años en investigación previa y reservada. En 2019 pasó a instrucción fiscal, pero la Corte de Pichincha declaró la nulidad del caso y lo devolvió a la etapa de indagación previa.
¿Por qué reviven y a quiénes apuntan?
El caso de los Dhruv recobra vigencia porque en 2019 la Corte Constitucional (CC) abolió el requisito del informe de la Contraloría para poder iniciar un proceso penal.
Ese fue el principal argumento de la Fiscalía para solicitar la reapertura. Además, presentó el informe de una Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investigó el caso.
El conjuez temporal Iván León acogió el pedido y reabrió la investigación previa por el presunto delito de peculado. La Fiscalía tendrá dos años para investigar, antes de presentar una acusación formal y solicitar un juicio.
Aunque todavía no hay formulación de cargos, la Fiscalía General informó que la indagación apunta a 19 personas.
En la cabeza de esa lista está Javier Ponce, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa cuando se compraron los helicópteros. Él fue uno de los hombres fuertes en gran parte de la administración correísta.
Además de Defensa, estuvo al frente del Ministerio de Agricultura. Y fue secretario particular del expresidente Rafael Correa.
El 23 de diciembre de 2020, en la Corte Nacional de Justicia, se autorizó la reapertura de la investigación de los casos Dhruv. CNJ
Respecto al caso 30-S, luego de que en 2019 la justicia devolviera el caso a la investigación previa, en septiembre de 2020 la Fiscalía formuló cargos por presunto homicidio en contra de cinco exoficiales de las Fuerzas Armadas.
Pero, el 22 de diciembre de 2020, la Fiscalía reformuló los cargos por un supuesto asesinato. La diferencia, según la legislación, es que el asesinato es premeditado y el homicidio no.
Además, el 24 de diciembre de 2020, la Fiscalía vinculó a cuatro militares más al caso, estos en servicio activo. Washington Andrade, abogado de los vinculados, aseguró que ellos solo cumplieron la orden de “rescatar al Presidente de la República”.
Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, dijo que hay pericias internacionales que permitirán conocer quien disparó el arma que mató al expolicía.
Y mencionó que los exmilitares investigados dicen que su actuación respondió a una orden directa del expresidente Rafael Correa. El abogado considera que el exmandatario también debería ser convocado a rendir versión en el caso.
Los casos
A continuación una reseña de los casos:
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El 30-S
block/content-noticia-listado-despieces.php El expresidente Rafael Correa es protegido del gas lacrimógeno, el jueves 30 de septiembre de 2010, durante una protesta de efectivos policiales. José Jácome / EFE
El 30 de septiembre de 2010, lo que empezó como una protesta de policías y militares por la pérdida de beneficios, terminó en un caos generalizado en el país.
El entonces presidente Rafael Correa acudió al Hospital de la Policía, que era el epicentro de las manifestaciones, y eso provocó que no pudiera salir del lugar en todo el día y las protestas se vayan radicalizando durante la jornada.
Al final de esa noche, una patrulla militar ensayó un rescate del Presidente en medio de un confuso tiroteo en el que participaron militares y los policiales alzados. Correa y sus coidearios asumieron el evento como un intento de golpe de Estado y de magnicidio.
Los policías que fueron destituidos a raíz del caso, los 274 heridos, los familiares de los ocho fallecidos y otras víctimas, en cambio, lo consideraron como una revuelta policial que terminó en una serie de violaciones del Gobierno y de Correa a sus derechos.
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Los Dhruv y el general Gabela
block/content-noticia-listado-despieces.php Imagen de la rueda de prensa sobre los informes de las juntas investigadoras de los accidentes de los helicópteros Dhruv, el 14 de octubre de 2015. Flickr / Sio El Ciudadano
En 2008, la FAE y la empresa hindú Hindustan Aeronautic Limited (HAL) suscribieron un contrato por más de USD 45 millones para la adquisición de siete helicópteros Dhruv.
Cuatro de los siete helicópteros comprados se accidentaron entre 2009 y 2015. Varios soldados murieron. Y las tres aeronaves restantes fueron retiradas de circulación.
Jorge Gabela, quien fuera comandante de la FAE se opuso a esa compra, y en diciembre de 2010 fue asesinado en su casa en Guayaquil.
Al inicio, el homicidio se trató en el contexto de un robo. Pero, una pericia internacional indicó que podría estar relacionado con un caso de delincuencia organizada vinculada al proceso de los Drhuv.
Tanto el perjuicio para el Estado en la compra de los helicópteros como la muerte de Gabela, al momento, continúan sin solución.
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