El Procurador responde al pedido de juicio político de UNES

Íñigo Salvador afirma que el correísmo busca ‘cobrar’ una deuda por los procesos que ha llevado adelante la Procuraduría y demostraron las malas administraciones de ese gobierno.

El procurador Íñigo Salvador rescata como hitos de su gestión la sentencia en el caso ‘Sobornos’ y la presentación del proyecto de ley de repetición, para que los funcionarios que generaron perjuicios económicos al Estado reparen los daños.

Por eso dice que no le sorprende que la bancada correísta en la Asamblea Nacional haya presentado un pedido de juicio político en su contra. Y agrega que, en cumplimiento de sus obligaciones, ha “molestado a algunos”.

No se trata de incumplimiento de funciones, se trata de que a un grupo de asambleístas no les gusta lo que hago.
Íñigo Salvador

Aunque el pedido de juicio aún no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y, por lo tanto, no ha sido notificado de los detalles por los que se lo imputa, el procurador defiende su gestión y afirma que no existe ningún incumplimiento de funciones.

Según la bancada de UNES el incumplimiento se da por, supuestamente, no actuar a favor del país en los procesos arbitrales planteados por las petroleras Perenco y Chevron-Texaco. Ambos iniciados por acciones tomadas durante la administración de Rafael Correa.

Según Salvador, lo quieren acusar por acciones que sucedieron también durante la administración correísta, con el procurador Diego García, en los casos Burlington y Murphy. Ya que “cuando él perdió los casos, hermanos gemelos del caso Perenco“, el gobierno pagó “sin chistar laudos similares” por un total de USD 363 millones.

La diferencia, según el procurador, es que en su gestión presentaron un recurso de anulación en el caso Perenco, que inició en 2008. Y esta acción logró reducir la sentencia final en USD 36,6 millones. Algo que no se hizo en los casos Burlington y Murphy.

Esto no les gusta a los asambleístas de la bancada UNES (…) porque tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones internacionales del gobierno de Rafael Correa.
Íñigo Salvador, procurador General del Estado

Al coincidir esto con las acciones tomadas por Salvador en el caso de arbitraje internacional con Perenco y en el caso sobornos, que sentenció a Correa, entre otros líderes de su proyecto político, el procurador afirma que se trataría de saldar una deuda, “quizás una deuda de honor, los mafiosos también tienen honor”.

Además, respecto a la acusación de una supuesta injerencia en otras funciones del Estado por haber recomendado a un candidato a defensor del Público, el funcionario aclaró que la recomendación se hizo dentro de los requisitos legales del mismo concurso.

Y agregó que, en ese entonces, ya lo acusaron por presunta injerencia de funciones por ese mismo tema, pero que el caso fue archivado por la justicia por no tener sustento.