La reinstitucionalización del país mediante el trabajo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, el nuevo giro en materia de política internacional, la apertura económica y los intentos por garantizar la libertad de expresión en el país son algunos aspectos positivos al cumplirse el medio tiempo del Gobierno de Lenín Moreno.

Bajo la conducción del recientemente fallecido Julio César Trujillo, el CPCCS ha contribuido a la “recuperación institucional del país”, sostiene el exministro de Gobierno, Mauricio Gándara.

Durante el último año, los integrantes de ese organismo defenestraron a  las anteriores autoridades de control, previa evaluación, y designaron nuevos funcionarios en instituciones como la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, el nombramiento de Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado y otras autoridades.

No obstante, la tarea se encuentra inacabada hasta que el Gobierno convoque una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación, un organismo que fue cooptado por el gobierno de Rafael Correa para designar a las anteriores autoridades de control que actuaron a su servicio, manifiesta.

En materia internacional, Gándara, que entre otros cargos públicos también se desempeñó como embajador en Londres, dice que el presidente se vio obligado a dar un vuelco porque no podía mantener al país en el aislamiento, peor aún en medio de una crisis económica.

Así, la designación de José Valencia como canciller y el acercamiento a Estados Unidos, reflejado en la visita del vicepresidente Mike Pence, el 28 de junio de 2018, marcaron un giro en la política exterior.

De ahí en adelante, Moreno se distanció con el gobierno de Venezuela (condenó a Maduro por abusos a los derechos humanos); también abandonó la ALBA y Unasur. Además solicitó el ingreso a la Alianza del Pacífico, es decir Ecuador “se ubicó en el lado correcto”, manifiesta.

Sin embargo, a criterio de Gándara, el gobierno ha trastabillado en el manejo del caso Assange a pesar de haber obrado bien al retirarle el asilo diplomático.

Esto, por cuanto “demoró demasiado la decisión y porque dejó la impresión de que pudo haber existido ciertas presiones de Estados Unidos, pues ese país formalizó el pedido de extradición apenas el hacker australiano estuvo en poder de la policía británica”.

Apertura económica

En el campo económico, el analista Matías Abad manifiesta que si bien todavía falta un largo trayecto y aún no se logra disminuir las tasas de desempleo y empleo no adecuado, desde la designación del ministro Richard Martínez se han tomado importantes decisiones.

Estas principalmente se orientan a abrir nuestra economía al mundo, buscar caminos para estabilizar las finanzas públicas, reducir el tamaño del Estado y, sobre todo, se ha podido recuperar el diálogo público-privado del cual se están sentando bases para avanzar hacia una flexibilización laboral así como una reforma tributaria que incentive la generación de nuevos negocios e inversiones.

Alejandro Zabala, otro experto económico consultado por PRIMICIAS, añade que el equipo comandado por Martínez se encuentra empeñado en bajar el déficit estructural que actualmente equivale los 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y representa un tercio del Presupuesto General del Estado.

“Durante el correísmo vivimos con este déficit pero no se hizo nada por rebajarlo sino que se lo tapó con deuda china que, a diferencia del FMI, presta sobre garantías reales como las hidroeléctricas, la preventa de petróleo”, manifiesta.

Libertad de expresión: el presidente dice una cosa y algunos funcionarios hacen otra

En el tema de la libertad de expresión, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNP), Guadalupe Fierro, manifiesta que durante todo este tiempo ha existido una actitud “bicéfala”.

Por una parte, el presidente ha dado muestra de respeto y dado lineamientos claros para que esto se cumpla, aunque por otra algunos funcionarios del régimen y asambleístas de su organización política, Alianza País, actúan de forma distinta.

La muestra más clara de lo antedicho son las reformas a la Ley de Comunicación -dice Fierro-, que tuvo algunas variantes en la Asamblea Nacional, impulsadas por miembros del oficialismo, por ejemplo el haber mantenido la norma que establece que la comunicación es un servicio público.

En la misma línea de análisis, Fierro cuestiona la actuación del exdirector de la Agencia de Regulación del Ministerio de Salud, Juan Carlos Galarza, quien impulsó un juicio en contra de los periodistas del medio digital La Posta, por haber denunciado un supuesto caso de corrupción en esa cartera. El presidente zanjó el asunto con la destitución del funcionario.

Otro aspecto que debe solucionar el gobierno es la falta de acceso a la información pública, manifiesta la presidenta de la UNP.

Claves del Gobierno de Lenín Moreno