Reemplazo en la Judicatura: otra herencia problemática del Consejo Transitorio

La renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura abrió paso a nuevos cuestionamientos alrededor de los nombramientos que hizo el ya desaparecido Consejo de Participación Transitorio.

Ahora, el actual Consejo de Participación (Cpccs), también rodeado de críticas y problemas internos, deberá decidir el futuro de esta institución.

El Consejo de la Judicatura es el que se encarga de la parte administrativa y financiera de la Función Judicial. Dado que los jueces tienen como única tarea trabajar en los procesos judiciales, este órgano debe hacer que las cosas funcionen.

Pero, en estas funciones, la Judicatura también recibió cuestionamientos. Sobre todo, durante el correísmo, por las amplias facultades que, desde lo administrativo, se usaban para influir sobre las decisiones judiciales. Una muestra de esto fue la ya derogada figura del error inexcusable, que se usó para destituir a magistrados con revisión de sus sentencias.

De hecho, la polémica que lleva a la renuncia de Maldonado también tiene que ver con las potestades sancionatorias de la Judicatura. Una sentencia de la Corte Constitucional otorgó al Pleno de esa institución la facultad de decidir sobre medidas de suspensión para funcionarios judiciales, que antes le correspondía solo a la Presidencia.

La designación de Maldonado

Maldonada fue posesionada como vocal del Consejo de la Judicatura -y luego, como su presidenta- en enero de 2019, después de un concurso del Consejo de Participación Transitorio. Este proceso se dio tras la destitución de la anterior Judicatura, presidida por Gustavo Jalkh, en la evaluación del Transitorio.

La Judicatura está conformada por cinco miembros; cada uno de ellos proviene de una terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.

Maldonado era la tercera integrante de la terna de la Corte Nacional. Fue designada para el cargo después de que el Transitorio aceptó las impugnaciones contra María Rosa Merchán y Julio Arrieta.

La Constitución señala que quien presida el Consejo de la Judicatura será el delegado de la Corte Nacional. Por esto, Maldonado fue designada presidenta de la institución.

Pero dado que ninguno de los otros postulantes de la terna de la Corte Nacional logró superar las impugnaciones del concurso, el Transitorio fijó como su suplente a Álvaro Román, quien pertenecía a la terna de la Fiscalía.

El problema de su renuncia

Esta designación de Román como el suplente de Maldonado es el origen del problema, que el actual Cpccs deberá resolver.

Por un lado, la Constitución dice que quien presida la Judicatura debe ser el delegado de la Corte Nacional, que actualmente no existe. Mientras que por otro, las decisiones del Transitorio fueron blindadas por una sentencia de la Corte Constitucional.

En julio de 2019, en medio de la polémica del Cpccs dirigido por el cura José Tuárez, la Corte Constitucional emitió un dictamen que señala que el nuevo Consejo “no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias”.

Maldonado, en última su rueda de prensa, aseguró que Román es quien debería presidir la Judicatura. Mientras que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, expresó que el nuevo presidente debe ser un delegado de esa institución.

Por ello, Hernán Ulloa, vocal del actual Cpccs, cree que es posible nombrar otra salida. Lo que plantea es que la Corte Nacional envíe una nueva terna para escoger al nuevo presidente, y que a su vez se deje a Román como vocal suplente, con lo que no se alteraría lo dispuesto por el Transitorio.

Para Ulloa, la "mala decisión" del Consejo Transitorio ha generado un "paradigma jurídico". La decisión final estará en manos del Cpccs.

La sentencia de la discordia

La renuncia de Maldonado se dio después de una sentencia de la Corte Constitucional, emitida el pasado 28 de enero de 2022. Esta aceptó parcialmente tres demandas de inconstitucionalidad en contra del Código Orgánico de la Función Judicial.

En esta sentencia, la Corte Constitucional analizó el numeral 5 del artículo 269 de esta normativa. Este disponía que es facultad del presidente de la Judicatura: "De forma excepcional y como medida preventiva, suspender de forma motivada el ejercicio de funciones de las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo la remuneración, por el plazo máximo de tres meses cuando considere que se ha cometido o se esté cometiendo infracciones graves o gravísimas previstas en este Código".

Sin embargo, a criterio de la Corte, esta facultad no debería ser solo del presidente del organismo, sino del Pleno. El argumento es que la Constitución le otorga al Consejo de la Judicatura la facultad de imponer sanciones, mas no individualmente al presidente.

Esto, a criterio de Maldonado, restaría "inmediatez y sensibilidad" a estas decisiones, razón por la que renunció.

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