Los concursos públicos de selección, una 'receta' que no funciona

Los problemas en los concursos para la selección de autoridades de control no paran. Sea dentro del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) o en el 'accidentado' concurso llevado a cabo por la Función de Transparencia, para la renovación parcial de la Corte Constitucional (CC).

En el primer caso, el organismo lleva retrasos en varios de los procesos de selección, lo que ha llevado a que autoridades, como los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), estén prorrogados en funciones.

El Cpccs tampoco ha podido avanzar en la selección del nuevo Defensor del Pueblo, tras el encargo de la entidad por la destitución de Freddy Carrión, que tiene un proceso judicial en curso. Tampoco se avizora que la selección del nuevo Contralor General, institución también subrogada, se dé a tiempo, es decir, hasta mediados de marzo.

A este caótico escenario se suman los concursos públicos que deben efectuarse también para la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el cambio en la Defensoría Pública.

El Cpccs, una entidad inestable y debilitada

En 13 años de existencia, el Cpccs ha tenido dos momentos de 'transición'. El primero inició en enero de 2009, después de que la Constitución de Montecristi creara la institución. Y el segundo, después de la consulta popular de 2018.

El primero creó el proyecto de la Ley de Participación Ciudadana y la reglamentación de las comisiones ciudadanas de selección. El segundo analizó las designaciones previas y llevó a cabo los concursos pendientes, seleccionando 31 autoridades principales en 12 instituciones.

Inicialmente, los consejeros eran elegidos también por un concurso público, organizado por el CNE. Y, desde 2018, los siete vocales son elegidos en las urnas. También por la decisión tomada en la consulta popular.

Ninguna administración de la entidad ha escapado a los escándalos, ya sea por denuncias penales, destituciones o por acusaciones políticas. Y, por ello, es que entre la sociedad civil y algunos políticos han nacido las intenciones de eliminar la entidad. Pero hasta el momento ninguna se ha concretado.

El último pleno del Consejo de Participación está ahora enredado en sus propios conflictos internos. Una nueva mayoría apeló la presidencia del organismo y Sofía Almeida, quien ostenta el cargo, los acusó de querer tomarse su puesto para elegir a las autoridades de control.

En medio de ese escenario, los concursos siguen retrasados y los reglamentos para la designación de autoridades se ajustan en cada proceso a gusto de los consejeros de turno. Ese es el caso coyuntural de las reformas al reglamento para la selección del Contralor.

Fallas institucionales, normativas y ausencia de corresponsabilidad ciudadana

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que no se puede estigmatizar los concursos o decir que no sirven. Pero, señala que el problema radica en cómo se manejan en el país.

"¿Cómo va a funcionar un concurso si ni siquiera cuenta con normativa estable y, para cada vez se modifica el reglamento para ajustarlo a un perfil específico, para manipular el resultado?", cuestiona.

Y esa es una de las principales críticas que ha tenido la modalidad de concursos, mayoritariamente ejecutados por el Cpccs, sin importar que el pleno haya sido considerado 'correísta' o 'anticorreísta'.

Alarcón pone como ejemplo el caso de la Fiscalía General. El reglamento para elegir a Galo Chiriboga fue diferente al que se usó con Carlos Baca Mancheno y ambos fueron diferentes al que se utilizó para seleccionar a Diana Salazar. "Son normas y reglamentos que hacen que el concurso nazca con dedicatoria", sostiene.

Esto debido a que la Ley de Participación Ciudadana se limita a establecer que el pleno dictará "las normas de cada proceso de selección". Es por eso que para cada concurso la reglamentación cambia de acuerdo al gusto de los consejeros.

De ahí también nacen los constantes cuestionamientos pruebas y, por ende, a las calificaciones de los concursantes. Basta con recordar el polémico caso del excontralor y prófugo de la justicia, Carlos Pólit, quien obtuvo 100/100 en su momento.

A esto, Alarcón agrega el problema de institucionalidad. Más allá del debilitamiento del Consejo, habla de la importancia de los contrapesos al momento de elegir las autoridades de control, como sucedía antes cuando lo hacía el Congreso. Ya que las ternas salían del Ejecutivo y el Legislativo escogía quién ocupaba el cargo.

Y niega que haya una real participación ciudadana en los procesos. Las comisiones ciudadanas de selección, dice, se componen a partes iguales entre ciudadanía y delegados de las funciones del Estado.

Los mismos problemas padece el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, organizado por la Función de Transparencia, pero bajo la misma modalidad. La selección de los nuevos tres magistrados tambalea ante las renuncias, no solo dentro de la comisión de selección, sino entre los mismos aspirantes. A pocos días de que termine el proceso, solamente quedan cinco de nueve candidatos.

Finalmente, Alarcón señala también la corresponsabilidad de la ciudadanía y la sociedad civil, que no se involucra en estos procesos, ni impugna los reglamentos o a los postulantes, ni tampoco exige rendiciones de cuentas a los responsables.

Y, ante las críticas de que una Asamblea Nacional también desprestigiada pueda retomar la designación de estas autoridades, recuerda que es responsabilidad de los ecuatorianos elegir a los legisladores. Así como también la ciudadanía es corresponsable de haber elegido en las urnas a los últimos vocales que ocupan el Cpccs.

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