El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) exhorta al Ejecutivo a hacer su trabajo, mientras convoca a veedurías ciudadanas para vigilar la emergencia sanitaria. Lo hace con un presupuesto mínimo y con el futuro de la entidad en duda.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se esfuerza por hacer notar su presencia en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que obliga al Estado a recortar gastos al máximo y reubicar sus partidas en las prioridades públicas.
La entidad ha sido duramente criticada desde su creación con la Constitución de Montecristi en 2008. Pero este último año, tras el periodo de transición, la necesidad de su existencia se puso en duda.
El Comité por la Institucionalización busca la eliminación definitiva del Cpccs y otras reformas constitucionales, mediante un referendo. Para lo cual recolectó firmas a escala nacional y consiguió el respaldo que manda la Constitución.
El Comité por la Institucionalización Democrática entregó en la Asamblea ocho cajas con firmas por la eliminación del CPCCS, este 27 de febrero de 2020. Daniel Molineros / API
El Consejo Nacional Electoral (CNE) validó 173.661 firmas, con lo que la propuesta superó su primer requisito. La iniciativa ya fue validada también por la Corte Constitucional y espera su trámite en la Asamblea Nacional.
El Legislativo deberá tratarla en dos debates, con 90 días de distancia. Y, una vez aprobado en la Asamblea, el CNE tendrá 45 días para convocar a la ciudadanía a las urnas para el referendo donde se decidirá el futuro del Consejo de Participación.
De todas formas, todo esto quedó paralizado. Seis días después de que el CNE avalará las firmas de la iniciativa, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción y la emergencia sanitaria nacional.
El presidente Lenín Moreno ordenó el estado de excepción en el país por la emergencia sanitaria la noche del 16 de marzo de 2020. Captura de pantalla
Entre exhortos y resoluciones
Desde su posesión en junio de 2019 hasta el 15 de abril pasado, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana ha emitido 129 resoluciones. La mayoría de ellas tienen que ver con informes de veedurías de todo tipo.
Entre ellas hay, por ejemplo, desde veedurías a la implementación de la bicicleta pública en Cuenca y al mercado municipal de Chaporotó, como a las licitaciones de Petroecuador. Todas ciudadanas.
En la mayoría de estos procesos lo que se hace es disponer la publicación de los resultados en la página web, su socialización y el reconocimiento a los veedores por su participación.
Hay algunos, aunque mucho menos, como el de Petroecuador en los que estos informes se derivan a entidades como la Contraloría y el Servicio de Contratación Pública para que revisen procesos.
Precisamente, en el marco de la emergencia sanitaria, la entidad está convocando a una veeduría ciudadana para vigilar el uso y distribución de las pruebas para detección de Covid-19.
Entre otros procesos relacionados al tema como la repatriación de los ecuatorianos varados y la reapertura del hospital Delfina Torres de Concha.
Pero también hay resoluciones como la del 23 de abril a las 01:00 de la mañana. En sesión virtual, el plenario decidió pedir al Ejecutivo que transparenten todos los contratos en los que el Estado mantenga deudas con China y con organismos multilaterales.
También instaron, en otra resolución, al presidente Lenín Moreno a garantizar el acceso a la educación a los estudiantes durante la emergencia sanitaria y a tomar medidas para evitar la especulación con insumos médicos.
Y habilitaron un correo electrónico para recibir quejas o pedidos ciudadanos sobre el incumplimiento de los ofrecimientos realizados por parte de instituciones públicas o privadas durante la emergencia.
La radiografía de la institución
El Cpccs tiene siete consejeros y una plantilla de personal de 290 funcionarios, hasta marzo de este año. Tanto el presupuesto de la institución, como su tamaño, se han ido reduciendo con el tiempo y la crisis económica.
La masiva reducción del presupuesto para este año demostró que, en los ojos del Gobierno Nacional, este organismo apenas requiere fondos. Con la política de austeridad y optimización del Estado, Finanzas ya advirtió en julio pasado que los fondos disponibles se destinaron a otras partidas.
Solo en ese entonces, la entidad tuvo que desvincular a más de 100 funcionarios de sus cargos. Pero, nueve meses después, el organismo sigue trabajando y ahora, al igual que todas las instituciones del país lo hace en línea.
Su última sesión presencial fue en Manabí, el 11 de marzo, desde entonces, los consejeros se reúnen de manera virtual.
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