La Contraloría se perfila como el primer objetivo del Consejo de Participación

Política

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

15 Jun 2019 - 0:05

Victoria Desintonio, Rosa Chalá, José Tuárez, María Fernanda Rivadeneira y Walter Gómez, en la rueda de prensa sobre la falta de claridad de los archivos del CPCCS. - Foto: CPCCS

La Contraloría se perfila como el primer objetivo del Consejo de Participación

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

15 Jun 2019 - 0:05

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana tiene una mayoría que se muestra crítica al transitorio. El contralor Pablo Celi, que no fue evaluado ni destituido por el Transitorio, podría ser un objetivo. Mientras tanto, los cambios a un “tribunal de cuentas” son parte del Acuerdo Nacional, que no tiene mayores avances.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entró con una mayoría en franca oposición a sus predecesores, el Consejo Transitorio. Y dentro de esta posición, queda pendiente conocer qué posición tomarán frente a las acciones del Transitorio, sobre todo en un punto polémico: la Contraloría General del Estado.

El Consejo Transitorio, durante su año de funciones, evaluó a todas las autoridades nombradas en el anterior período. El contralor encargado, Pablo Celi, sin embargo, no fue evaluado. El funcionario asumió el cargo -entre polémica- tras la fuga del país de Carlos Pólit, y fue ratificado para ese cargo.

Celi está blindado por el Transitorio, y éste, por dictamen de la Corte Constitucional.

En mayo de 2019, pocos días antes de terminar su período, el anterior CPCCS aprobó un mandato. Allí dispuso que Celipermanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del período para el que fue electo su titular”. Es decir, debería permanecer hasta 2022.

Si bien el nuevo CPCCS no podrá evaluar a Celi, sí se habla de hacer un concurso para escoger a su reemplazo. “El contralor fue oficializado como subrogante. Nosotros vamos a comenzar un concurso de méritos y oposición de contralor oficial. Él, en base a la Ley de Contraloría, podrá elegir a su subcontralor”, dijo el consejero Walter Gómez.

Gómez es parte de la nueva mayoría en el CPCCS. Esta se expresó por primera ocasión para designar al presidente y vicepresidente del organismo. La conforman, además de Gómez, el sacerdote José Tuárez, presidente; la vicepresidenta Rosa Chalá, y Victoria Desintonio.

Esta mayoría comenzó su trabajo con un discurso crítico contra sus predecesores. Durante la primera sesión, Tuárez dijo que no hubo una entrega oficial del archivo.

El 14 de junio del 2019, acudió junto con un notario a constatar el estado del edificio de la institución. Dijo que no conoce dónde están los cuadros y obras de arte que debería haber en la institución.

Además, destacó su preocupación por el “desinterés” del Transitorio en entregar las actas de trabajo, el archivo tipificado y la forma en que se realizaron los concursos.

Las decisiones del Consejo Transitorio, sin embargo, fueron blindadas por la Corte Constitucional. Un dictamen de ese organismo que señala que el nuevo Consejo “no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias”.

Al respecto, Hernán Salgado, presidente de la Corte, sostuvo que hay muchas formas en las que el nuevo CPCCS puede hacer una revisión. Dijo, por ejemplo, que puede examinar el uso de recursos públicos del Transitorio, pero “en lo constitucional no pueden hacerlo”.

 

Una iniciativa de Tribunal de Cuentas que no despega

En enero del 2019, el presidente Lenín Moreno y Julio César Trujillo, el entonces presidente del Consejo Transitorio, mantuvieron una reunión para considerar la posibilidad de transformar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas.

En ese entonces, se habló de crear un comité que analice la propuesta. El tema fue incluido dentro del Acuerdo Nacional, específicamente en la Mesa de Democracia y Reforma Institucional. Este eje, sin embargo, no ha tenido mayores avances.

La idea de esta transformación nació del mismo Celi. En septiembre del 2018, dijo que la propuesta es que sea un un cuerpo colegiado, conformado por entre cinco y siete miembros, sea el que se encargue de la vigilancia en el uso de recursos públicos.

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