Una remendada Ley Humanitaria avanza en la Asamblea entre tropiezos

El proyecto de Ley Humanitaria, con el que el Gobierno busca enfrentar parte de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus, llegó a la Asamblea en un mal momento. El Legislativo, al que le queda un año de funciones, está sumamente dividido y la propuesta oficialista encuentra problemas para pasar.

El primer debate de la iniciativa comenzó el 30 de abril y continuará este 4 de mayo de 2020. Los legisladores llevan ya tres jornadas de discusión en el Pleno, en las que se comienza a delinear la posición de las bancadas, que no es nada uniforme. Las críticas al proyecto de ley llegan desde todos los sectores y las propuestas de cambio nacen incluso de Alianza PAIS.

Socialcristianos y correístas incluso hablan de impulsar un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por el pago del capital de los bonos Global 2020. Martínez es la autoridad a cargo de la propuesta de ley.

El proyecto llegó en mal tiempo, pues incluso el bloque oficialista está dividido. Antes de la vacancia legislativa que precedió a la emergencia sanitaria, varios legisladores analizaban su permanencia en el bloque.

Ahora, los temas cruciales del proyecto de ley enfrentan la negativa de varias bancadas. La ley que la Asamblea aprobará, por tanto, será muy diferente a la propuesta que hizo el Ejecutivo.

La contribución para personas naturales: la base es el problema

Hay, al menos, tres posiciones distintas de las bancadas legislativas sobre la contribución humanitaria de personas naturales: que la contribución sea eliminada de la ley, que esta comience con quienes ganan USD 1.000, o que empiece en los USD 2.500.

El Partido Social Cristiano (PSC) impulsa la primera opción. César Rohon sostuvo en el Pleno que su bloque no votará por nuevos impuestos para la ciudadanía y se opone a la propuesta.

Creo, en cambio, propone que la contribución humanitaria comience con quienes ganan USD 30.000 anuales, para que la mayor parte del aporte no lo asuma la clase media.

Revolución Ciudadana propone que la base para la contribución humanitaria esté por sobre los USD 700, según señaló la asambleísta Doris Soliz. Varios legisladores de las minorías Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bancada de Acción Democrática (BADI) también sugieren que la base esté en alrededor de los USD 1.000.

Incluso en Alianza PAIS hay apoyo para que la base para la contribución suba. Ana Belén Marín (AP) apoyó que los aportes comiencen en los USD 2.500, como propone Creo.

Subir la base de la contribución humanitaria afectará las proyecciones del Gobierno, pues significará menos ingresos de los previstos. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Gobierno espera recaudar USD 901 millones con el aporte de las personas naturales que ganan más de USD 500.

El nuevo impuesto al patrimonio

El informe para primer debate del proyecto de ley humanitaria incluyó un tema que, a criterio de algunos miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, no fue aprobado: un impuesto único al patrimonio.

El artículo 5 del informe crea una contribución humanitaria única del 2% del avalúo catastral de 2020 sobre todos los bienes inmuebles existentes en el país. Este aporte también sería para el patrimonio de sociedades en paraísos fiscales.

El PSC, Creo y SUMA advirtieron que no darán su voto a favor de esta propuesta, pues no fue aprobada en la comisión. Además, argumentan que la Constitución señala que solo el Presidente puede crear nuevos tributos y esta iniciativa no estaba en el proyecto enviado por el Ejecutivo.

La idea de este impuesto surgió de los legisladores de Revolución Ciudadana, que defendieron el artículo en el Pleno. Marcela Aguiñaga sostuvo que el Legislativo sí puede modificar los tributos en una iniciativa del Ejecutivo, como es la Ley Humanitaria.

La inclusión o no de este artículo en el informe para segundo debate dependerá de la Comisión de Desarrollo Económico.

Los temas con consenso

Las medidas sociales propuestas por el Ejecutivo son las únicas que tienen acogida dentro del Pleno de la Asamblea. Al igual que en la Comisión, los legisladores no hicieron cuestionamientos a estos planteamientos.

Entre las propuestas se encuentran las rebajas en pensiones educativas y de la tarifa de energía eléctrica, así como la prohibición del desahucio en materia de inquilinato por retraso en pago de los cánones de arriendo.

Todo dependerá de la forma de votación

Con un Pleno tan dividido sobre las propuestas, y con bancadas que de lleno muestran su oposición a partes del proyecto, el futuro de la Ley Humanitaria dependerá de la forma de votación en el segundo debate.

El ponente de la ley puede sugerir que el proyecto se vote entero o por partes. Si se vota por partes, los artículos en los que hay consenso pueden ser aprobados, y los otros negados. Si, en cambio, el proyecto se vota entero, corre la posibilidad de no ser aprobado.

El Ejecutivo ya enfrentó un bloqueo legislativo a finales de 2019, cuando la Asamblea archivó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

Ahora, los legisladores hablan de un consenso en que la Ley Humanitaria sea aprobada, pero con los cambios que sean necesarios.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que el primer escenario que ven frente a la aprobación de la ley es que esta sea mejor que lo que el Ejecutivo planteó.

"Hay la posibilidad de que los proyectos contengan algún aspecto que no sea conveniente o sea contradictorio en el sentido de la ley, y en ese caso el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar los proyectos", dijo Romo el 3 de mayo de 2020.

En el caso de un veto del Ejecutivo, para que la Asamblea se ratifique en los originalmente aprobado necesita 91 votos.