CNE entregará listado de quienes deben reemplazar a los destituidos del CPCCS

El CNE notificará a la Asamblea con el listado y la votación que obtuvieron, en 2019, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. De ellos saldrán los reemplazos de los cuatro destituidos mediante juicio político.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que la Asamblea Nacional solicitó el listado de las votaciones que recibieron los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), en las elecciones de 2019. Con estos datos, el Legislativo nombrará a los reemplazos de los cuatro consejeros censurados por el Pleno.

Los siguientes más votados, y que deberían entrar como reemplazo en el CPCCS, son:

Carlos Figueroa.
Jaime Chugchilán.
Mónica Moreira.
Karina Ponce.

Atamaint aseguró que la ley es clara en que los consejeros que deberían entrar son los siguientes más votados. En la Asamblea, hay cuestionamientos de legisladores que aseguran que la nueva mayoría desea escoger “a dedo” a los cuatro consejeros que reemplazarán a los destituidos.

Sin embargo, Atamaint señaló que no es deber del CNE verificar si alguna de estas cuatro personas tiene algún incumplimiento o problema para asumir su cargo. Chugchilán, por ejemplo, tiene una orden de captura en vigencia.

En caso de que Chugchilán no pudiera asumir, el siguiente más votado de la papeleta de pueblos y nacionalidades es Olindo Nastacuaz. Él es el único candidato restante de esa papeleta.

El problema de la reelección

Dado que la destitución se dio después de que el CNE calificara las candidaturas al Consejo de Participación para 2023, tres consejeros censurados van para la reelección y sus nombres incluso constan en las papeletas que el CNE ya comenzó a imprimir.

Ellos son:

María Fernanda Rivadeneira.
Francisco Bravo.
Ibeth Estúpiñán.

Sobre esto, Atamaint aseguró que no es posible “bajar” sus candidaturas pues ya fueron calificadas en el tiempo determinado en el calendario electoral. El problema es que la censura en el juicio político conlleva la prohibición de ejercer un cargo público por dos años.

La presidenta del CNE señaló que lo que cabría en este caso es que, si resultan electos, no puedan asumir el cargo. Pero de esa verificación debería encargarse el Ministerio del Trabajo o la misma Asamblea, que posesiona a los consejeros.