Este domingo 29 de septiembre de 2019 concluyó la fase de instrucción fiscal del caso que investiga supuestos aportes ilegales para las campañas políticas de Alianza PAIS.
El plazo que fue establecido por la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, se mantuvo inamovible. Ni siquiera el pedido de la fiscal Diana Salazar -quien declaró concluida la instrucción el 9 de septiembre- cambió los tiempos del proceso.
La magistrada dispuso evacuar todas las diligencias pedidas por las defensas de los procesados antes de avanzar a la audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía aprovechó este tiempo para requerir nueva información:
- Solicitó a la Procuraduría General un análisis de control de calidad de cinco contratos con la constructora Odebrecht que, en conjunto, superan los USD 1.500 millones.
- Pidió al Servicio de Contratación Pública (Sercop) una certificación sobre 163 proyectos adjudicados a las empresas Sinohydro, Consermin, Verdú, Equitesa, Hidalgo & Hidalgo, TGC y Fopeca.
Alegatos y perfilación criminal
Diana Salazar (centro), durante una audiencia en el caso Sobornos. Foto: Twitter Fiscalía.
Tras el fin de la instrucción fiscal, Camacho deberá fijar día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Durante esta diligencia, que puede durar varios días, las partes anunciarán las pruebas de cargo y descargo. Asimismo, la parte acusadora (Fiscalía y Procuraduría) y las defensas de los 26 procesados presentarán alegatos.
En esta etapa, la Fiscalía podría enunciar la perfilación criminal de la estructura base de lo que Diana Salazar ha llamado “organización delictiva” que habría operado en la trama “Sobornos 2012 – 2016”.
Al final, Camacho decidirá entre llamar a juicio a los imputados o desestimar la causa. También le corresponderá pronunciarse sobre eventuales pedidos de sobreseimiento.
De existir un llamado a juicio, el caso pasará a conocimiento de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por tres jueces de Garantías Penales.
Prisión preventiva para Correa y allegados
Durante la audiencia de vinculación y formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para varios miembros del círculo presidencial:
- Rafael Correa.
- Jorge Glas.
- Alexis Mera.
- Vinicio Alvarado.
- María de los Ángeles Duarte.
Jorge Glas cumple una condena por asociación ilícita en la cárcel de Latacunga, Alexis Mera guarda prisión domiciliaria y María de los Ángeles Duarte porta un grillete electrónico.
Laura Terán y Pamela Martínez, testigos de cargo
Laura Terán rindió testimonio anticipado el 1 de septiembre de 2019. Foto: Fiscalía General.
Actualmente, cumplen prisión preventiva la exasesora de Correa, Pamela Martínez y Laura Terán, exasistente de la asesora. Ambas se acogieron al programa de Testigos Protegidos de la Fiscalía.
Martínez escribió el “cuaderno de la chimenea” con referencias escritas a mano e iniciales de quienes habrían dirigido la estructura. SP (Señor Presidente), VP (Vicepresidente), entre otras. Ella habría sido la encargada de recibir los aportes ilícitos y entregarlos a los directivos de las campañas de Alianza PAIS
Terán, por su parte, llevaba un registro detallado en hojas de Excel con nombres, montos, cifras y destino de los aportes.
Sobre los demás procesados pesan otras medidas como prohibición de enajenar bienes, prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juez.
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