Este lunes 10 de febrero de 2020, en el primer día del juicio por el caso ‘Sobornos 2012-2016’, Pedro Verduga, representante de la empresa Equitesa, aceptó la entrega de aportes ilegales para la trama de corrupción que se investiga.
En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se instaló la audiencia de juicio con la presencia de Diana Salazar, fiscal General; Íñigo Salvador, procurador general; los abogados de los procesados y algunos de ellos.
Tal como ordena el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el juicio arrancó con los alegatos iniciales de las partes. En esta etapa, los abogados, la Fiscalía y la Procuraduría resumen su teoría del caso.
Casi todo transcurrió con normalidad y dentro de lo que se había presupuestado. La sorpresa llegó en el antepenúltimo turno, de las 23 personas que tomaron la palabra.
Gabriela Moreira, abogada de Pedro Verduga, representante de Equitesa que es una de las empresas involucradas en los sobornos, aceptó que su cliente entregó aportes ilegales a Pamela Martínez, quien fungía como asesora del expresidente Rafael Correa.
La jurista explicó que aunque, en el período investigado Equitesa no tuvo contratos con el Estado, Martínez presionó a Verduga para que entregue aportes a cambio de dar paso a un contrato complementario para finiquitar una obra que fue adjudicada con anterioridad.
De esta manera, Verduga se convierte en la tercera persona, de las 21 procesadas en el caso, que acepta el cometimiento de un delito relacionado con la entrega de sobornos a funcionarios.
Antes, Martínez y su asistente, Laura Terán, también lo hicieron. Por esta razón, actualmente ellas son cooperadoras eficaces de la Fiscalía y forman parte del programa de protección de testigos.
Alegatos iniciales
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Acusadores presentaron su teoría
Diana Salazar, por la Fiscalía; e Íñigo Salvador, por la Procuraduría; fueron los primeros en intervenir. “Un Gobierno corrupto desprestigia a la administración pública del país”, dijo Salazar en el arranque de su intervención.
Sobre su teoría del caso, la Fiscalía se propone comprobar ocho puntos:
- Entre 2012 y 2016 se instauró una estructura criminal para receptar sobornos en beneficio de Alianza PAIS.
- Varios de los acusados actuaron en calidad de funcionarios públicos, abusando de su poder.
- Los empresarios procesados fueron beneficiados de contratos con el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría del Agua y el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
- Los valores entregados en dinero en efectivo ascienden a USD 1.004.500, que fueron recolectados por Pamela Martínez a través de Nexoglobal.
- A través de cruce de facturas se recolectaron USD 6.793.088. Las empresas pagaron servicios de alimentación, publicidad, sabatinas, entre otros.
- Los sobornos no constituyen aportes de campaña porque no fueron registrados en el CNE.
- La estructura estaba a cargo de Rafael Correa, quien se encargaba de los nombramientos de ministros de manera estratégica y circular.
- Utilizaron bienes e instituciones públicas para la recepción de sobornos.
La Procuraduría, según Salvador, se añadirá a la teoría de la Fiscalía General del Estado.
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Exfuncionarios involucrados
Las defensas de Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Christian Viteri, Viviana Bonilla y Yamil Massuh defendieron su inocencia.
Aunque hubo puntos dispersos, la mayoría coincidió en desestimar la cooperación eficaz de Pamela Martínez a través de un cuaderno de anotaciones, ya que aseguraron que este carece de legitimidad.
Fausto Jarrín, abogado de Correa, pidió al Tribunal de juzgamiento que limite la libertad de la Fiscalía para promocionar la teoría del caso y sus avances en redes sociales y medios de comunicación.
Mientras que Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glas, pidió retrasar el inicio de la audiencia ya que el exvicepresidente no llegaba desde la cárcel de Latacunga.
Pero, Iván León, conjuez temporal ponente, no dio paso al pedido. Una hora después, Glas se conectó desde prisión a través de videoconferencia.
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Empresarios acusados de cochecho
Un punto común tienen la defensa de los empresarios privados acusados de cohecho, a excepción de Verduga. Sus abogados explicaron que, según el COIP, para ser autores de este tipo penal deben ser funcionarios públicos.
Gonzalo Silva, defensor de Rafael Córdova, incluso dijo que preferiría no hacer una alegato inicial porque no tenía de qué defenderse.
Diego Correa, abogado de William Wallace Phillips Cooper, indicó que la Fiscalía ajustó los hechos para poder acusar a los procesados por cohecho con la finalidad de juzgarlos en ausencia, a quienes están prófugos,
Recusación pendiente
La audiencia de juicio se instaló con riesgo de suspenderse, luego de Rafael Correa y sus abogados acusarán a los jueces del tribunal de estar parcializados. Sin embargo, esa estrategia para detener el juicio no funcionó, y este empezó de manera normal.
Los jueces que integran el Tribunal todavía no han sido notificados de la acusación, por lo que ni siquiera mencionaron este hecho en el juicio.
En el momento que llegue la notificación el juicio podría suspenderse hasta que se de paso a la audiencia de recusación y ese recurso se agote. Hasta la tarde de ayer, el juicio continuaba sin ningún aviso de suspensión, es decir, que la notificación continúa pendiente.
Fausto Jarrín, quien auspicia la demanda de Correa, criticó que no se haya tomado en cuenta este recurso para no instalar la audiencia.
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