La UNE anuncia una huelga de hambre en defensa de la equiparación salarial
El anuncio se da dos semanas después de que el presidente Lasso enviara a la Asamblea una objeción total por inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Miembros de la UNE protestaron por la equiparación salarial, en Quito, el 28 de abril de 2022.
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La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció este 2 de mayo de 2022 una huelga de hambre en contra del veto del presidente Guillermo Lasso a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
"El veto presidencial significó una bofetada al pueblo ecuatoriano", dijo Isabel Vargas, presidenta de la UNE, en rueda de prensa.
En total, 15 personas en Pichincha serán parte de la huelga de hambre, explicó Vargas, quien agregó que también se sumarán personas en Guayas. Sin embargo, no señaló una fecha en la que comenzaría esta medida.
El pasado 14 de abril, Lasso vetó totalmente por inconstitucionalidad la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que incluía una equiparación salarial para los maestros del sistema público. El tema está en análisis en la Corte Constitucional, que deberá emitir un pronunciamiento sobre la objeción presidencial.
La Asamblea anunció que esperará ese pronunciamiento, que debería darse en 30 días, que se cumplen a mediados de mayo.
La UNE anunció que también enviará a la Corte Constitucional un pedido para que los convoque, dentro de sus facultades, a una audiencia.
Financiamiento problemático
El aumento salarial para los profesores ya constaba en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobada por la anterior Asamblea, en abril de 2021.
Pero su aplicación quedó suspendida en agosto, luego de que la Corte Constitucional pidiera a la Asamblea determinar los mecanismos de financiamiento de ese beneficio.
La actual Asamblea volvió a tratar el tema y determinó que el alza salarial para los maestros debía financiarse con los excedentes del precio del petróleo y con los recursos de la reciente reforma tributaria.
El veto presidencial argumenta que no se puede financiar gastos permanentes, como los sueldos de los maestros, con ingresos no permanentes, como los petroleros. Por lo que pide a la Corte que nuevamente analice un supuesto incumplimiento de la Asamblea, de determinar una fuente real para estos gastos.
El Gobierno ha afirmado que el impacto fiscal del incremento salarial para los maestros propuesto por la Asamblea es de USD 500 millones anuales.
Según la ministra de Educación, María Brown, la Asamblea aprobó un texto sin contar con un informe favorable de Finanzas, como lo manda la ley.
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El presidente envió a la Asamblea una objeción total por inconstitucionalidad, por lo que la ley pasará a revisión de la Corte Constitucional.
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