Vacío legal complica el trámite de la eliminación del Consejo de Participación

La Asamblea tiene en sus manos una propuesta que puede cambiar su propio futuro a mediano plazo. La iniciativa de reforma constitucional que impulsa el Comité por la Institucionalización avanza su trámite en la Comisión de Enmiendas, pero se enfrenta ya a los primeros problemas por los vacíos legales.

El Comité por la Institucionalización plantea que la Asamblea sea reorganizada completamente. Su planteamiento es que el Legislativo se divida en dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado.

Estas dos instituciones se encargarían de seleccionar a los representantes de las instituciones de control, tras la eliminación completa del Consejo de Participación Ciudadana.

Esta transformación de la Asamblea se está tramitando a través de una reforma constitucional. Los dos primeros pasos ya se superaron: el dictamen de la Corte Constitucional y la revisión de firmas en el Consejo Nacional Electoral.

La Constitución establece que, una vez aprobada en el Pleno de la Asamblea, la propuesta debe pasar a votación de todos los ecuatorianos en un referéndum constitucional.

El avance del trámite

La Comisión de Enmiendas de la Asamblea se encuentra en el análisis de la propuesta de reforma constitucional, pero no tiene un plazo para entregar su informe.

El tema deberá pasar por dos debates en el Pleno, entre los cuales debe haber 90 días de diferencia.

Héctor Muñoz (independiente), miembro de la Comisión, sostiene que el ideal sería que el referéndum se pueda incluir en las elecciones de 2021, para no tener que llamar a un nuevo proceso electoral. Espera que en dos a tres semanas, el informe esté listo.

Sin embargo, hay un vacío legal que complicará el trabajo: ni la Constitución ni la ley establecen cuántos votos son necesarios para esta aprobación.

El constitucionalista Salim Zaidán se presentó este 13 de julio de 2020 ante la Comisión de Enmiendas y explicó que, a su criterio, los votos necesarios para aprobar la reforma serían la mayoría absoluta de la Asamblea, es decir, 70.

Ismael Quintana, también constitucionalista, ya sugirió en días antes que serían 70 los votos requeridos para que la Asamblea pueda aprobar la reforma constitucional y el trámite avance a un siguiente paso.

Pero la misma Constitución señala que hacen falta de dos tercios del Pleno (91 votos) para las enmiendas constitucionales, un proceso también de cambio constitucional de menor envergadura.

Además, la Ley de la Función Legislativa habla de que, cuando la normativa no señale específicamente el número de votos, se usará mayoría simple (la mitad de los presentes).

Muñoz aseguró que hacen consultas a diferentes constitucionalistas sobre cuál debería ser la votación necesaria para este tema, pero no hay una sola respuesta y los criterios se contraponen.

Mientras tanto, la Asamblea también tramita una enmienda constitucional, que no busca desaparecer el Consejo de Participación sino solamente quitarle su atribución de designar autoridades.

Su segundo debate está previsto para diciembre de 2020, mientras que el de las reformas quedaría para noviembre.

Una reforma en tiempos de desgaste

La propuesta de reforma a la Asamblea como institución se trata al mismo tiempo que ésta sufre nuevo golpe en su imagen pública, por el escándalo de los carnés de discapacitados otorgados con presuntas irregularidades a legisladores.

La última encuesta de Cedatos ubica la aprobación de la Asamblea y la credibilidad en la palabra de los legisladores por debajo del 10%. Estas son las cifras más bajas desde mayo de 2017, cuando los actuales asambleístas fueron posesionados.

La Asamblea se ha visto golpeada por múltiples escándalos desde 2017. Solo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, a los carnés de discapacidad se le suma la detención de Daniel Mendoza, la vinculación de Eliseo Azuero (BADI) y las acusaciones de "reparto" de cargos a diferentes bancadas.

Los cuestionamientos no se centran solamente en el oficialismo, sino que llegan a otras bancadas.

En ese contexto, las ofertas electorales comienzan también a apuntar a la necesidad de reformar el Legislativo. César Montúfar, líder de Concertación y precandidato presidencial, promueve un cambio en la estructura del Legislativo, para que sea bicameral y funcione solo tres meses al año.

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