Los cambios a la Constitución tienen un año para ser afinados. Durante ese tiempo, el oficialismo deberá buscar consensos sobre las enmiendas, sobre todo en lo relativo a la designación de autoridades de control.
Las tres enmiendas constitucionales que impulsa la Asamblea Nacional continuarán su trámite dentro de un año. El trámite pasó el primer debate, pero sin acuerdos en ninguno de ellos.
Las bancadas mantienen posiciones distintas que se deberán resolver durante los próximos 365 días.
La Constitución determina que, después del primer debate, debe pasar este tiempo antes de instalar el segundo debate. La aprobación de los cambios en la Constitución debe aprobarse con los votos de dos tercios de la Asamblea, es decir, 90 legisladores.
La situación es compleja pues ninguna de las bancadas tiene votos suficientes para pasar las enmiendas. Lograr una mayoría calificada, por tanto, será complicado para el oficialismo principalmente.
Alianza PAIS impulsa el retiro de la facultad de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana.
Además, el escenario para el próximo año, cuando el debate de las enmiendas se retome en la Asamblea, es incierto. Durante 2019 los legisladores se han movido entre bancadas, y el año preelectoral puede traer más cambios de tendencias.
Elizabeth Cabezas (AP), presidenta de la Comisión de Enmiendas, no ve la falta de acuerdos como algo negativo. Cree que la idea es que durante este año las conversaciones continúen para que el informe para segundo debate tenga consensos.
Más allá de las críticas, las propuestas en el primer debate fueron pocas. Se enfocaron sobre todo en lo relacionado a la designación de autoridades.
Una enmienda constitucional sin un mecanismo claro
La principal enmienda que la Asamblea emprende es la que busca que la designación de autoridades de control se haga en el Legislativo. Con esto, se le restaría al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de realizar los concursos de méritos y oposición.
En ese punto hay acuerdo dentro de la Comisión de Enmiendas. Sin embargo, el mecanismo exacto con el que se designaría a las autoridades como el fiscal y el contralor no está claro.
Wilma Andrade (BIN), una de las proponentes de la enmienda, cree que hay que crear una comisión de evaluación integrada por:
- Un delegado de cada función del Estado
- Tres ciudadanos seleccionados por el Consejo de Participación
- Tres delegados de las universidades de postgrado
Esta comisión debería, a criterio de Andrade, estar determinada en la Constitución. Aunque Héctor Muñoz (SUMA) considera que los detalles deben estar en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Más allá de esa iniciativa, los legisladores no dieron otra. Aunque sí hubo críticas a la figura misma de enmienda.
Henry Cucalón (PSC) señaló que es necesario eliminar completamente el Consejo de Participación “y no tratar de tener reformas parche”. Mientras que Marcela Aguiñaga (Revolución Ciudadana) sostuvo que se trata de “reformas coyunturales que se ajustan a las intensiones políticas del oficialismo”.
El principal recelo de los legisladores es un retorno a la “política del reparto”. Antes de la Constituyente de 2008, la selección de las autoridades de control estaba en manos del Congreso, que debía llegar a pactos a través de mayorías móviles para hacer la designación.
Las otras dos enmiendas tampoco tienen consenso
Las dos otras enmiendas que la Asamblea tramita se refieren a:
- La asignación de recursos a los gobiernos provinciales de acuerdo a un cálculo del tamaño de su red vial.
- Los requisitos para ser Fiscal General o Contralor General.
En este punto, las bancadas tampoco se muestran por una misma tendencia. Los socialcristianos critican el primer punto porque restaría dinero a ciertas provincias, mientras que los legisladores de Pachakuik creen que la independencia de las autoridades de control no se garantiza con requisitos más estrictos.
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