Veterinarios, arquitectos de interiores e ingenieros textiles, entre los asesores de la Asamblea Nacional

Los asesores son una de las cargas más pesadas en el presupuesto de la Asamblea Nacional del Ecuador; representan alrededor del 22% del presupuesto anual de la institución.

A marzo de 2019, el número de asesores llega a los 325, cada uno con un sueldo de más de USD 2.500. Su tarea: ayudar a asambleístas, comisiones y bancadas, aunque sus títulos profesionales a veces no tengan relación con el trabajo que cumplen.

Si bien las funciones de este cargo no están normadas específicamente en ningún lugar, la palabra “asesor” habla por sí misma. Estos funcionarios aconsejan a los legisladores en los temas que ellos consideren importantes. Es por eso que son nombrados “a dedo”, sin concurso ni mayores requisitos.

Esta discrecionalidad ha vuelto polémico al cargo. Acusaciones de cobro de “diezmos” y denuncias de trabajadores que solo ponen su nombre para cobrar el sueldo se registraron en estos primeros dos años del Legislativo. Una depuración interna fue anunciada, sin que -hasta ahora- se hayan visto resultados.

En los sueldos de estos funcionarios, la Asamblea gasta unos USD 910 mil mensuales. Adicionalmente, reciben los beneficios de ley y una “compensación” por vivienda.

Cada asambleísta puede contratar dos asesores: uno de nivel 1, que gana USD 3.014 mensuales, y uno de nivel 2, con un sueldo de USD 2.545. Los miembros del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) pueden tener un asesor de nivel 1 más, y las vicepresidencias, uno adicional. Las bancadas también pueden contar con un asesor 1.

Casi cualquier persona puede ser asesor, pues los requisitos son mínimos. Según el Reglamento para la Contratación, los asesores nivel 1 deben tener título de tercer nivel, y los de nivel 2, título de bachiller y “acreditar experiencia suficiente”.

Por esta razón, las profesiones de quienes ejercen estas funciones son bastante variadas. Un cruce de información entre los listados de personal de la Asamblea (a marzo de 2019) y el registro de títulos de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) revela que quienes asisten a los legisladores tienen todo tipo de preparación.

Los abogados priman entre los asesores, seguidos por los comunicadores sociales y los economistas. Pero también se encuentran ingenieros comerciales, agrónomos y agropecuarios, educadores y politólogos.

El Reglamento no prohíbe contratar a funcionarios con cualquier especialización, para ninguno de los niveles. Sin embargo, hay trabajadores cuyas profesiones no están relacionadas con la labor legislativa y que aparecen en los listados de personal. Un médico veterinario, una arquitecta de interiores, un médico cirujano y un ingeniero textil, entre muchos otros, constan como asesores de asambleístas.

Existen 42 asesores que no registran título de tercer nivel; todos excepto uno son asesores 2, es decir, que no tienen que cumplir ese requisito para ocupar el cargo.

Aunque este no es un requisito de acuerdo al Reglamento, que no establece nada para los asesores de la Presidencia, su sueldo (USD 3.608) es superior al de un asesor nivel 1 -que sí requiere título de tercer nivel-.

En los sueldos de estos funcionarios, la Asamblea gasta unos USD 910 mil mensuales. Adicionalmente, reciben los beneficios de ley como los dos sobresueldos anuales, y en el caso de que su residencia permanente esté fuera de Quito, también se les otorga una “compensación” por vivienda para sus gastos en la capital.

PRIMICIAS solicitó en tres ocasiones a la Asamblea Nacional el detalle de las personas que reciben la compensación por vivienda. El último oficio se envió el 11 de abril del 2019, sin embargo no ha recibido una respuesta.

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