Durante los dos primeros años del período 2017-2021, el Legislativo privilegió una agenda política, enfocada en reformar las leyes aprobadas durante la década pasada. Hubo poca producción de leyes y escasa fiscalización.

Dos temas, que forman parte del Acuerdo suscrito por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se anticipan como prioritarios en la agenda de la Asamblea Nacional por instalarse el martes 14 de mayo de 2019.

Estos tienen que ver con la Reforma Tributaria y una reforma integral al Código del Trabajo. Cuerpos legales que deberían ser aprobados hasta finales de año y cuyo próximo envío ha sido anticipado por varios voceros del Ejecutivo.

De concretarse los cálculos del Gobierno, el próximo octubre será enviada la Reforma Tributaria, de acuerdo a lo manifestado por el ministro de Finanzas, Richard Martínez durante una comparecencia a la Asamblea que se cumplió el 22 de marzo de 2019.

El 1 de mayo el ministro de Trabajo, Andrés Madero, ratificó que se alista el proyecto de Reforma Laboral a fin de generar más empleo, al tiempo de garantizar que se respetarán los derechos de los trabajadores.

Ambas leyes son parte de la Carta de Intención con la que el Ecuador solicitó al FMI financiamiento temporal por USD 4.200 millones.

Además de las normativas indicadas se torna urgente una reforma completa a la Ley de Seguridad Social, manifiesta la asambleísta por Izquierda Democrática Wilma Andrade. Ella sostiene que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) corre el riesgo de acabar en la quiebra, de mantenerse la legislación actual.

De 48 proyectos definidos como prioritarios por la presidenta Elizabeth Cabezas, al inicio de su gestión, se han aprobado 21. Además se adoptaron 16 exhortos que no tienen fuerza legal.

“La Asamblea tiene que armar una agenda articulada con los intereses de la gente”, acota Mae Montaño, asambleísta independiente. En ese sentido, un tema urgente tiene que ver con la posibilidad de ofrecer -vía ley- mayor seguridad a las personas.

Al finalizar los primeros dos años de funcionamiento correspondientes al período 2017-2021, la Asamblea deja algunos pendientes.

Basta mencionar que de 48 proyectos prioritarios definidos por la presidenta saliente, Elizabeth Cabezas, únicamente se han logrado aprobar 21, a eso se suman 16 exhortos contenidos en resoluciones -carentes de fuerza legal- dedicadas al Ejecutivo, a varios ministros y algunos a los mismos legisladores.

No obstante para la titular de la Asamblea, gracias a la agenda legislativa priorizada, el camino ya queda trazado para el próximo período. Destaca además la gestión de fiscalización emprendida en su período; siete solicitudes de juicio político y dos censuras a ex altos funcionarios del Gobierno.

Al respecto, el excontralor Carlos Pólit, acusado de recibir USD 6 millones en coimas por parte de la constructora Odebrecth, fue censurado luego de haber fugado a los Estados Unidos.

La misma suerte corrió el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, cuya censura llegó tras haber sido destituido por el contralor del Estado, Pablo Celi. Igualmente, el exprocurador Diego García fue censurado luego de renunciar al cargo. El único funcionario que fue destituido cuando todavía se hallaba en funciones fue el exfiscal Carlos Baca.

La autodepuración es otro aspecto que debe llamar la atención de la nueva legislatura, pues la separación de José Serrano (Alianza País) de la Presidencia de la Asamblea tras la difusión de un audio en el que hablaba familiarmente con el excontralor Pólit (prófugo para ese entonces) así como las destituciones de las asambleístas Sofía Espín (por interferencia en la justicia), Norma Vallejo (cobro de diezmos) y Ana Galarza, es poco comparado con las consecuencias que puede traer el caso denominado “arroz verde” que da cuenta de la entrega de millonarios aportes económicos de empresas privadas a la campaña electoral de Alianza País en 2013, dice a PRIMICIAS Mae Montaño.

Como si eso fuera poco, a días de finalizar el primer periodo se hizo pública la firma de dos contratos de publicidad, por más de medio millón de dólares para mejorar la imagen institucional de la Asamblea, realizados con la empresa de una exfuncionaria del área de Comunicación de la administración de Cabezas. La Presidenta, tras defender el procedimiento, solicitó a Contraloría realizar una auditoría sobre todo lo actuado.

 

Wilma Andrade: “rabos de paja bloquean Ley Anticorrupción”

La Asamblea Nacional no ha logrado aprobar una ley para seguir la pista a los dineros de la corrupción. La impunidad genera desconfianza en la gente porque aún no se logra determinar a los culpables del saqueo que ha sufrido el país y menos aún recuperar el dinero robado.

Una propuesta legislativa de mi autoría garantizaba protección y la entrega de un porcentaje de lo recuperado a los denunciantes (del sector público o privado). El presidente Lenín Moreno envió otra, pero la suya crea un ente de investigación paralelo a la Fiscalía mientras la mía considera que eso no es necesario.

“Parece que ni a los correístas ni a los morenistas les interesa aprobar una ley porque hay muchos rabos de paja”

Durante estos dos años, la legislatura se dedicó principalmente a reformar leyes mal hechas, que fueron aprobadas por la Asamblea anterior que era totalmente dependiente de lo que ordenaba el entonces presidente Rafael Correa, entre ellas cabe destacar las leyes de Comunicación y Educación.

Otras recibieron nombres llamativos, pero únicamente hubo cambios puntuales, por ejemplo la Ley de Seguridad Social donde solo se cambió la conformación del Consejo Directivo del IESS, o la referida a la Dirección de Aviación Civil. La Ley Contra la Violencia a la Mujer merece mención aparte porque representa un avance en materia de derechos, infortunadamente no se la puede aplicar por falta de recursos.

En materia de fiscalización, esta Asamblea realizó varios juicios políticos que terminaron en sanción, lo que es relevante frente al vacío de los últimos 10 años. Empero, la Asamblea debe trabajar en conseguir su autonomía, para ello es importante aprobar la reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa.

 

De ‘tumbo en tumbo’ en legislación y fiscalización

“La Asamblea ha tenido un ritmo irregular, comparable a caminar de tumbo en tumbo en procura de hallar una salida”. Esta es la visión de la asambleísta independiente Mae Montaño, quien califica de errática la gestión del proceso legislativo a partir de la conducción misma del organismo.

Montaño sostiene que la agenda de leyes se estructuró de espaldas a la mayoría de asambleístas poseedores de agendas concretas surgidas de compromisos con la ciudadanía, por tanto mal podían los coordinadores y jefes de bloque “traducir” las aspiraciones de los otros asambleístas.

En el ámbito de la fiscalización, señala que el Legislativo queda en deuda por cuanto no se investigaron todas las denuncias que implicaban a varios de sus integrantes en actos de corrupción. Lo cual “avergonzó” a quienes no estuvieron inmersos en esos hechos, y a pesar de que fueron destituidas tres asambleístas (Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza) no hubo un verdadero proceso de depuración, afirma Montaño.

 

Esteban Nicholls: “Se antepone lo político a la elaboración de leyes” 

La Asamblea ha tenido una especie de torniquete que le ha impedido dedicar su atención a legislar sobre los temas que verdaderamente importan, por ejemplo aprobar reformas estructurales a la economía.

Ese torniquete significó que los asambleístas dedicaran la mayor parte del tiempo a descorreizar las leyes aprobadas durante la década pasada.

No obstante, en este tiempo hubo algunas reformas interesantes y también se registraron ciertas pugnas sugestivas, que reflejaron un cambio en las fuerzas políticas del país. Eso permitió que las organizaciones tradicionales recuperen mucho poder.

“En materia de fiscalización no encuentro ningún caso que merezca ser destacado (…). Subir de cero a uno es muy poco. No es para vanagloriarse”.

Lo anotado se explica en el hecho que durante este par de años, tanto el Ejecutivo como la Asamblea se dedicaron a crear lazos políticos que les permitieran funcionar; todo eso demora en hacerse, demora en consolidarse.

Una vez afianzado el trato, lo siguiente fue obrar en concordancia y así fuimos testigos de un pacto extraño entre la derecha y el presidente Lenín Moreno con miras a descorreizar el país. Esa fue la consigna principal. De allí se desprendió lo que debía ocurrir en la Asamblea.

En materia de fiscalización no encuentro ningún caso que merezca ser destacado, porque no existe mayor mérito en haber pasado de una época en la que no hubo ninguna investigación a una en la que algo se hizo, aunque nada importante. Subir de cero a uno es muy poco. No es para vanagloriarse.

En el último tramo del período 2017-2021 ojalá que los integrantes de la Asamblea comprendan que las reformas estructurales son urgentes. Hay que pensar en una economía post petrolera, consolidar una educación de calidad, una reforma laboral bien negociada para que perdure.

He ahí la agenda prioritaria de la Asamblea, pero dudo que se la ponga en práctica. Más bien avizoro que suceda lo que es usual en Ecuador, donde los acuerdos políticos coyunturales están por encima de las necesidades estructurales.

 

Asamblea con malas calificaciones

Una encuesta de la firma Perfiles de Opinión, realizada entre el 16 y el 18 de marzo, da cuenta que el 58,47% de ecuatorianos califica de mala y muy mala a la Asamblea Nacional; en contraposición, el 22,04% la cataloga como buena y muy buena.

Durante la primera fase, el Legislativo estuvo marcado por escándalos de corrupción, poca producción de leyes y escasa fiscalización. Según la ficha técnica, la encuesta se hizo en Quito, Guayaquil y Cuenca, con una muestra de 943 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años; y, un margen de error de +/- 3,256.

 

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