La violencia política de género ya termina en sanciones en Ecuador

La violencia política de género es, desde 2020, una infracción electoral grave. Las reformas al Código de la Democracia, aprobadas ese año, incluyeron este tipo de infracción que, hasta entonces, no estaba regulado de ninguna forma.

El objetivo era evitar comentarios, especialmente, en contra de mujeres candidatas o políticas. Estudios en el país han evidenciado que la política ecuatoriana es muy machista.

Y de cara a las elecciones seccionales de 2023, en las que el número de candidatos será alto, este tipo de comentarios podría aumentar en medio de la campaña electoral.

La violencia política de género puede llegar a ser sancionada con multa de 21 hasta 70 a salarios básicos (de USD 8.925 a USD 29.750); además de la destitución o suspensión de derechos de participación entre dos y cuatro años.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) registra cuatro denuncias propuestas por mujeres solo en lo que va 2022. Una de esas causas ya tiene una sentencia: el organismo sancionó al alcalde del cantón Paltas, en Loja, con la destitución.

La primera sentencia

El febrero de 2022, la concejala y vicealcaldesa de Paltas, Yeniffer López, denunció al alcalde, Jorge Luis Feijoo, por violencia política de género. Según su acusación, el alcalde quiso, en varias ocasiones, restringir su "accionar en general y el ejercicio de las funciones propias" de su cargo.

López asegura en su denuncia que llevó adelante una "tarea fiscalizadora" a diversos contratos. "Estas actuaciones de mi parte, de alguna manera, resultaron incómodas para el Alcalde del cantón Paltas", sostiene.

Su narración sostiene que, a pesar de ser la vicealcaldesa, Feijoo comenzó a encargar la Alcaldía a otros concejales en caso de ausencia. E incluso lo acusa de modificar la ordenanza de funcionamiento del GAD de Paltas para removerla de su cargo, como sucedió en marzo de 2021.

La causa estuvo a cargo del juez Joaquín Viteri, quien encontró que Feijoo sí incurrió en la infracción electoral. La sentencia dispone su destitución del cargo y el pago de una multa de USD 10.625, equivalente a 25 salarios básicos.

Además, ordena que el Alcalde pida disculpas públicas y que se realice una capacitación sobre violencia política de género obligatoria para todos los funcionarios del GAD.

La sentencia aún no se ha cumplido, por una apelación presentada por Feijoo. Esta deberá resolverse en las próximas semanas.

Dos denuncias desde UNES

Dos asambleístas de UNES, agrupación relacionada con el correísmo, han planteado denuncias por violencia política de género, ambas por expresiones en las redes sociales.

La primera fue presentada por la legisladora Mónica Palacios, en contra del exasambleísta y actual consejero presidencial Diego Ordóñez. En este caso, ya hubo una audiencia y en los próximos días, la jueza Patricia Guaicha debería emitir su sentencia.

Este caso se centra en un comentario realizado por Ordóñez en su cuenta de Twitter, en el que hacía alusión a actividades privadas de la asambleísta.

La última, en cambio, fue presentada por la asambleísta Paola Cabezas en contra de Andrés Castillo, quien promociona su imagen como precandidato en las próximas elecciones. En este caso, el denunciado publicó una imagen adulterada de la legisladora, también en Twitter.

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