Formulación de cargos a vocales de la Judicatura se posterga
El proceso en contra de Juan José Morillo, Ruth Barreno, vocales de la Judicatura, y el juez Wladimir Jhayya no se inició por una recusación.
Los vocales de la Judicatura Ruth Barreno (con la tijera) y Juan José Morillo (a la derecha de Barreno) durante la inauguración de la Cámara Gesell en el Complejo Judicial de Pedro Moncayo, el 24 de abril de 2023.
Twitter / @CJudicaturaEc
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La audiencia de formulación de cargos, contra los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo, Ruth Barreno, y el juez Wladimir Jhayya, fue convocada para las 10:00 del 4 de mayo de 2023, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pero no se instaló por una demanda de recusación.
Antes de la instalación de la audiencia, Walter Macías, juez a cargo del caso, dio a conocer que hubo una demanda de recusación en su contra, planteada por Ruth Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).
La recusación fue sorteada al juez Felipe Córdova, quien la admitió a trámite. Por lo que quedó suspendida la competencia de Macías para conducir la audiencia de formulación de cargos y la diligencia no se instaló.
Según la norma, el trámite de la causa original no se suspende por la interposición de la recusación, sino que debe ser asignada a otro juez en calidad de subrogante. Por el momento esa designación aún no ha sido sorteada.
El caso
Este caso se remonta a junio de 2022, cuando la Fiscalía abrió una investigación previa por tráfico de influencias a Morillo, Barreno y Jhayya a raíz de un audio que fue filtrado por un medio digital.
En el audio intervienen, además de Morillo y Barreno, el presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo.
La grabación hacía referencia a una supuesta influencia en una acción de protección que presentó Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, para evitar la destitución de ese cargo.
Llori perdió el cargo a finales de mayo de 2022, en medio de una acusación de incumplimiento de funciones, impulsada por el Partido Social Cristiano (PSC).
Para evitar la destitución, Llori planteó una acción de protección que anulara una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), con la que se aceptó la denuncia en su contra y se conformó una comisión para investigarla.
Lo anterior constituyó el preámbulo de su destitución.
La acción de protección fue rechazada en primera instancia. Pero Llori insistió y apeló ante la Corte de Pichincha. El caso recayó en un Tribunal del que Osejo formaba parte.
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