Según los registros judiciales, Mariela Peñarrieta, pareja de alias 'Fito', fue procesada por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Con dinero en efectivo, en noviembre de 2023, Inda Mariela Peñarrieta compró una lujosa y amplia casa en la zona más exclusiva de Córdoba, Argentina.
Semanas después, luego de que 'Fito' escapara de la Cárcel Regional del Guayas, la familia del narcotraficante ecuatoriano se asentó en el lugar.
Las autoridades argentinas empezaron a rastrear a esa familia extranjera por varios indicios de irregularidades. Por ejemplo, la disponibilidad de dólares en efectivo para comprar una propiedad de ese tipo.
Sin embargo, en Ecuador, desde -al menos- hace siete años, las autoridades sospechaban del poderío económico de Peñarrieta, quien pasó de ser una servidora de la salud a una acaudalada mujer de Manta, en Manabí.
El fiscal Suárez no la acusó
El primer caso empezó el 29 de junio de 2017. El fiscal César Suárez -recientemente asesinado en Guayaquil- formuló cargos por presunta delincuencia organizada en contra de 21 personas, entre las que se encontraba Adolfo Macías, alias 'Fito'.
En esa época, 'Fito' ya estaba preso, al igual que otros siete procesados del caso. Sin embargo, desde prisión, estas personas -en complicidad con otras afuera de la prisión- encabezaban una estructura dedicada al robo de vehículos, sicariato y extorsión, en Manta.
Suárez, quien en esa época se desempeñaba como fiscal de Manta, había interceptado varias llamadas de los procesados. Por eso, pidió que se hiciera el reconocimiento pericial de la voz de varios sospechosos. En la lista estaba Mariela Peñarrieta, esposa de 'Fito'.
Sobre la base de esos indicios, el 4 de octubre de 2017, Suárez pidió la vinculación de Peñarrieta y otras 16 personas. En total, ya había 38 procesados en esa causa.
Entre los elementos presentados por Suárez para vincular a Peñarrieta estaban las llamadas y mensajes que había mantenido con 'Fito'. Pero, además, un reporte de análisis financiero, en el que la mujer tuvo ingresos USD 1,1 millones y egresos por USD 108.000.
Pero, el 11 de noviembre de 2017, el fiscal Suárez se abstuvo de acusar a Peñarrieta. Por lo que el juez de la causa la sobreseyó y liberó de la presunta responsabilidad en este caso.
Según el archivo del caso, Suárez presentó el dictamen abstentivo un día antes de la audiencia en la que se debía definir si los procesados eran llamados a juicio.
Además de Mariela Peñarrieta, por el dictamen abstentivo del fiscal Suárez, se beneficiaron Jorge y Julio Peñarrieta Tuárez, hermanos de la mujer y cuñados de 'Fito'.
Mientras que en marzo de 2018, 'Fito' aceptó el delito y se sometió a un procedimiento abreviado. Por esta razón, recibió una sentencia reducida de 28 meses de cárcel.
Inocente de enriquecimiento no justificado
La siguiente alerta sobre Peñarrieta saltó en 2020, la Fiscalía inició una investigación previa por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, de varias personas cercanas a 'Fito'.
Con informes del sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), abrió la instrucción fiscal y formuló cargos por los tres delitos a:
- Mariela Peñarrieta (esposa de 'Fito').
- Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez (hermanos de Inda Mariela), antes sobreseídos también en el caso por delincuencia organizada.
- Ronald Macías Villamar (hermano de 'Fito').
- Ramón Macías Intriago (primo de 'Fito').
En las cuentas de Peñarrieta, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019. Ella también es accionista y gerente de las empresas Queenwater S.A. y de la compañía de transporte de Carga Pesada, Jomavi S.A., ambas domiciliadas en Manabí.
Tres meses después, en noviembre de 2020, el juez Juan Espinosa acogió varios argumentos de la defensa y sobreseyó a todos los procesados. La Fiscalía apeló y la Corte Provincial de Manabí revocó el auto de sobreseimiento, en febrero de 2021.
Pero un año después (en julio de 2022), el Tribunal de Garantías Penales de Manta, conformado por los jueces Mary Quintero Prado, José Luis Alarcón Bowen y Loren Romero Cedeño, conoció el proceso por una última apelación de los procesados y ratificó el pronunciamiento del juez de primera instancia, declarando la inocencia de los procesados.
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