La delegada de Migración Sin Fronteras en Cotopaxi, Mercy Estrada, dijo que no todos los extranjeros que trabajan en la zona centro de Ecuador tienen relación con la delincuencia.
En las comunidades, en especial indígenas, de Cotopaxi y Tungurahua se siguen sumando a la idea de expulsar de sus territorios a los extranjeros, en especial venezolanos y colombianos, a raíz de hechos delictivos en los que estuvieron involucrados en los dos últimos años.
La idea inicial surgió en Saquisilí (Cotopaxi), habitado en el 70% por indígenas. La noche de 12 de noviembre, la mayor organización de las comunidades indígenas del cantón, Jatarishun, decidió que los extranjeros tenían un plazo de 72 horas para abandonar sus territorios.
Pero, una vez que escucharon a varios representantes de los Derechos Humanos, autoridades locales y a la representante de Migrantes Sin Frontera en Cotopaxi, decidieron cambiar el plazo y hacer un censo para determinar cuántos extranjeros hay, qué hacen y dónde viven.
Pedro Vargas, secretario de Conflictos de la organización indígena de Saquisilí Jatarishun, informó a PRIMICIAS que solo se quedarán en el cantón quienes justifiquen dónde y en qué están trabajando. El censo interno lo harán de inmediato.
“Los días de feria hay gente pidiendo plata, la mayoría extranjera. Lo malo es que si no les dan el dinero se enojan y amenazan. No queremos a esa clase de personas. Sabemos que hay niños estudiando en escuelas y colegios, todo eso deben justificar”, dijo el dirigente.
Inés Ronquillo, directora de un centro educativo del cantón, también exhortó a los líderes indígenas del cantón para que antes de tomar decisiones, analicen no vulnerar los derechos de los menores de edad ni de las personas de libre movilidad que han llegado a trabajar.
“En mi plantel tengo estudiantes estresados porque sus papás iban a retirarlos para abandonar el cantón. Felicito la unidad para mantener la seguridad, pero este tipo de acciones no son bien vistas porque se vulneran derechos, en especial de los niños”, recalcó la docente.
“Colaboraremos con el censo”
Mercy Estrada, representante en Cotopaxi de la organización Migrantes sin Fronteras, está de acuerdo en que se haga un censo e incluso está dispuesta a ayudar.
“No podemos meter a todos en un saco. Soy venezolana y llegué hace cuatro años a Ecuador, sufrí discriminación, ya lo superé; pero en este país he visto calidad humana. Soy emprendedora y el 78% de las personas de movilidad humana lo es".
Agregó que "la mayoría es buena y trabajadora. Quienes cometen un delito deben ser judicializados. Tampoco estamos de acuerdo en que unos pocos vengan a dañar a un país que les ha abierto las puertas y brindado oportunidades”.
El Gobierno Descentralizado de Saquisilí analizó el caso de los extranjeros irregulares. PRIMICIAS
Según Estrada, ellos constan en un plan de regularización y que en el registro existen alrededor de 1.000 personas venezolanas en Cotopaxi; solo en Saquisilí hay unos 128 legalmente registrados dentro de la organización.
Informó que como organización colaborarán en ayudar a gestionar el pasado judicial a los migrantes que se acerquen a pedir ayuda.
De su parte, el alcalde de Saquisilí, Javier Velásquez, expresó que la comunidad se siente huérfana por la ausencia de las instituciones del Estado y que, por no haber presencia en territorio, la misma comunidad busca protegerse.
Hizo el compromiso para mantener la convivencia social, pero recalcó que con las personas que no quieran cumplir las normas de la comunidad, o quienes no justifiquen su estadía, actuarán de acuerdo a las normas legales.
En Salasaca ya hay un plazo
En la comunidad indígena de Salasaca, que pertenece al cantón Pelileo, en Tungurahua, la fecha límite para permitir extranjeros en su jurisdicción concluye el 30 de noviembre.
Esta medida se la tomó en una asamblea, en la que participó la mayoría del pueblo compuesto por unos 10.000 habitantes, el martes 21 de noviembre, aseguró el gobernador salasaca, Santos Moreta.
El funcionario dijo que esta acción “no se fundamenta en la xenofobia, sino en la seguridad”. Hasta el 30 de noviembre, toda persona extranjera, en especial venezolanos y colombianos, deberán abandonar el territorio.
Las comunidades indígenas piden un ceso de extranjeros irregulares. PRIMICIAS
Anunció que van a controlar a los dueños de las viviendas de alquiler y quienes -después de esa fecha- aún tengan extranjeros habitando en sus casas, serán sometidos a la justicia indígena.
Mientras en Pelileo los representantes de la Junta del Campesinado también controlarán a quienes viven en el cantón y quienes no justifiquen su permanencia con trabajo y pasado judicial serán desalojados.
La viceprefecta de Tungurahua, Vanessa Lozada, hizo el llamado al diálogo antes de ejecutar la resolución, porque no todos los extranjeros son delincuentes.
“Quienes salen de su país, están dejando atrás sus tierras y familias. Como defensora de los Derechos Humanos, insisto en el dialogo. Es verdad que los delitos han aumentado, pero toda acción debe realizarse en el marco legal”, añadió Lozada.
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