No existen estadísticas de cuántos extranjeros habitan en Saquisilí y Cotopaxi. Dirigentes de la organización indígena Jatarishun aseguran que siguen con el plan de desalojo por el aumento de la inseguridad en el cantón.
El alcalde de Saquisilí, Javier Velásquez, tiene una postura con respecto a la resolución de los representantes de la organización indígena Jatarishun de dar un plazo de 72 horas para que todo extranjero que habite en el cantón de manera irregular abandone el territorio en Cotopaxi.
“Si vamos a llegar a un acuerdo, debe ser muy claro. Los Derechos Humanos nos exigen que respetemos la libre movilidad y a los extranjeros, pero también pedimos que nos respeten y se haga prevalecer la soberanía", expresó.
Agregó que "todo extranjero debe regirse a las leyes de cada país, cada ciudad y migración actual. Vamos hacer la mesa de diálogo porque todos nos merecemos respeto".
La resolución fue acordada en asamblea comunitaria el 12 de noviembre de 2023, luego de que sometieran a la justicia indígena a dos sospechosos de robo oriundos de Píllaro, en Tungurahua.
Aunque los procesados mediante la ley indígena no eran extranjeros, decidieron lanzar esa advertencia porque aseguraron que "la delincuencia se ha incrementado aún más con la llegada de extranjeros, en especial nacionalidad venezolana", explicó el alcalde.
En Saquisilí, comerciantes y agricultores también han recibido amenazas de extorsionadores, les han robado en sus casas y animales, según los dirigentes de Jatarishun.
El plazo de 72 horas se cumplió este miércoles 15 de noviembre, pero decidieron extenderlo. El próximo martes habrá una asamblea con los representantes de las organizaciones indígenas y los voceros de Derechos Humanos en Saquisilí.
Pidieron diálogo
Para evitar excesos o que se tomen medidas que afecten a la libre movilidad, los representantes de la Iglesia, Policía Nacional, Municipio de Saquisilí y Defensoría del Pueblo se reunieron este 15 de noviembre para tratar la resolución.
Luis Eduardo Arias, vicario de la Diócesis de Latacunga, pidió que evitar la xenofobia y dijo que la Iglesia está a favor de la tolerancia y respeto.
Mientras que Romel Tupiza, delegado de la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi, recomendó formar mesas de diálogo para evitar más hechos violentos en la provincia. Reconoció que no tienen estadísticas de cuántas personas extranjeras habitan en Cotopaxi.
Representantes de la Curia, Policía Nacional, Municipio de Saquisilí y Defensoría del Pueblo se reunieron la tarde del 15 de noviembre de 2023 para tratar la resolución sobre los extranjeros. PRIMICIAS
En Saquisilí, en especial por la calle 24 de Mayo, aseguran que se sienten intimidados.
“Los días de feria, que son los jueves, salen extranjeros por todos lados a pedir dinero y exigen desde USD 0,25. Si no, se enojan e intimidan", manifestó.
La comerciante Lorena Vargas aseguró que "pedimos que retorne la paz y respeto. Así como Derechos Humanos están vigilantes de los migrantes, también pedimos que quienes no presenten su pasado judicial salgan. Pedimos respeto. Tal como está ocurriendo en Perú”.
“Sin unión no hay paz”
En la sede de la organización Jatarishun aseguraron que aceptaron el diálogo, pero que la propuesta de la expulsión sigue en pie.
Uno de los dirigentes, quien no se identificó, mencionó que los directivos principales acudieron a Quito para hacer sus propuestas al Ministerio del Interior y a otros gremios sociales.
“No estamos en contra de todos los extranjeros, sino de aquellos que han llegado a hacernos daño. A un vecino mío, cinco venezolanos lo amenazaron con cuchillo en su casa, para robarle las pertenencias. Así, con miedo, ya no queremos vivir", expresó el alcalde de Saquisilí.
"Las organizaciones indígenas están tomando medidas para volver a restablecer la seguridad en el cantón”.
Javier Velásquez, alcalde de Saquisilí.
El funcionario insistió en que la medida no va contra todos los extranjeros, ya que, según él, apoyan y reciben a quienes llegan a trabajar y a generar fuentes de empleo.
En Saquisilí, una de las medidas que van a adoptar será acudir hasta la Embajada de Venezuela para que las autoridades pidan a sus conciudadanos que cumplan las normativas migratorias.
También pedirán a Migración y al Ministerio del Interior que revisen los antecedentes penales de los foráneos que habitan en el cantón.
Quienes no cumplan con las disposiciones, serán expulsados del Saquisilí. En este cantón, el 70% es indígena y el 30% mestiza en al menos unas 85 comunidades.
"Tenemos los registros en cámaras de todo el comportamiento de las personas foráneas. Reclamamos nuestros derechos. No podemos dejarnos amedrentar. Solo queremos la paz y seguridad", insistió el alcalde Velásquez.
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