El Ministerio de Trabajo ha brindado asistencia técnica en 32 instituciones públicas para que se cumplan con los derechos de los trabajadores.
El Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública tiene el objetivo de garantizar las liquidaciones de los servidores públicos que sean despedidos hasta 2021.
Según el ministro de Trabajo, Andrés Isch, "hasta el momento hay un compromiso de las instituciones (públicas) que asciende a USD 29 millones para el pago de las obligaciones por las supresiones de los puesto de trabajo".
Este presupuesto, sin embargo, puede incrementarse de acuerdo a las necesidades de las instituciones públicas.
Así lo dijo la tarde del 24 de julio de 2020 en su comparecencia ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea.
El funcionario sostuvo que cada entidad cuenta con Unidades de Talento Humano que determinan qué fuentes de empleo se suprimen, después de un procedimiento técnico que responde al Acuerdo Ministerial MDT-2020-0124, publicado el 11 de junio de 2020.
Denuncias del personal de salud
Isch señaló que el Ministerio de Trabajo ha recibido cuatro denuncias de trabajadores de la salud que han sido presuntamente desvinculados del sistema público.
Sin embargo, Isch dijo que el número de funcionarios en esta área ha pasado de 18.027 a 18.698 entre mayo y junio de 2020, meses en los que el país vive una emergencia sanitaria a causa del Covid-19.
"No ha habido procesos de desvinculación del personal de salud, pero se analizarán las denuncias que se han dado", aseguró el ministro.
Con relación al pago de los jubilados, Isch dijo que el Estado ha pagado USD 1.237 millones, pero que aún hay una deuda de USD 418 millones, generados desde 2017.
La deuda con los maestros jubilados, en cambio, supera los USD 200 millones.
Isch agregó que no se han desvinculado a maestros durante la emergencia sanitaria y que existe una denuncia por este tema, que será analizada.
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