La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina es una oportunidad para todos los países de América Latina y el Caribe. En Ecuador, representa un paso más en la discusión del aborto por violación.
Argentina se convirtió, este 30 de diciembre de 2020, en el sexto país de América Latina y el Caribe en aprobar una ley para la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones.
Antes, Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico, eran los únicos de la región donde acceder a un aborto era completamente legal.
Mientras tanto, hay cinco lugares en los que está prohibido sin excepciones: El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
En el resto, existen despenalizaciones solo con ciertas causales.
Así, Argentina es, desde ahora, el más poblado de Latinoamérica —con más de 44 millones de habitantes— donde se garantiza este derecho.
“Un pañuelo verde ahora recorre América Latina y el Caribe que miró lo que pasaba en Argentina como una ventana de oportunidad”, escribió la periodista argentina María Florencia Alcaraz tras la decisión del legislativo en su país.
La postura de Alcaraz es compartida por activistas y expertas ecuatorianas.
Ana Vera, abogada y directora ejecutiva de Surkuna, dice que la legalización es un “paso indispensable” para la región.
Y asegura que esta decisión histórica viene acompañada de una movilización social importante.
“Hoy no solamente Argentina ha ganado en materia de derechos humanos, sino toda la región e incluso el mundo”.
Vera agrega que este acontecimiento incide directamente en la lucha ecuatoriana porque “la lucha feminista es una lucha global. Estamos conectadas luchando por nuestros derechos”.
En ello coincide Valeska Chiriboga, del colectivo Aborto Libre Guayaquil. “Es un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero también en derechos humanos”.
Chiriboga dice que en Ecuador hay un “retraso” social y político en comparación a Argentina. Pero destaca que se puede tomar de ejemplo la madurez política de Argentina para replicar localmente.
Para Ecuador es, además, un escenario clave en la discusión sobre el aborto por violación. Una causa por la que los feminismos y defensores de derechos humanos han estado abogando en los últimos años.
El aborto por violación no fue despenalizado en septiembre de 2019, cuando se debatió en la Asamblea Nacional como una de las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los principales desafíos
Desestigmatización y despenalización social. Esos son —a opinión de Vera— los desafíos más grandes en Ecuador, donde el 15,6% de las muertes maternas están relacionadas a abortos en condiciones de clandestinidad.
Sin embargo, afirma la activista, aún existen muchas ideas equivocadas y mitos alrededor del aborto.
“Una ley que despenaliza el aborto no obliga a nadie a abortar, sino que permite que las mujeres que deseen abortar, lo hagan en condiciones seguras”, explica.
Asimismo, es necesario conseguir una completa laicidad del Estado, donde la Iglesia no tenga injerencia en las decisiones sobre los derechos.
Y hay otro reto local: lograr efectivamente que haya servicios de salud reales. Porque aunque en Ecuador el aborto es legal en dos causales, “ni siquiera en esas se garantiza de manera adecuada los servicios de salud”.
En conclusión, dice Vera, se necesita un cambio total en los patrones socioculturales.
Chiriboga indica que además hay que entender los tiempos en los que suceden este tipo de cambios. “A Argentina le tomó 15 años”, recuerda.
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